jueves, 17 de julio de 2008

El ingeniero Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal, afirmó que los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para fu

“la opacidad, corrupción e impunidad existentes” en Petróleos Mexicanos, Arturo González de Aragón, auditor Superior de la Federación (ASF), pidió establecer una "política de tolerancia cero a conductas indebidas".

“El poder legislativo tiene como mandato constitucional fiscalizar cualquier peso de la federación se encuentre donde se encuentre”, y si se quiere fortalecer a la paraestatal es necesario que el Estado no renuncie a fiscalizar la actuación de ésta y que aumente facultades y autonomía a la ASF para que pueda imponer sanciones, dijo González de Aragón durante su participación en el Foro de debate del Senado.

Asimismo, propuso, se deben promover acciones para atender segmentos que reflejan opacidad y riesgo en Pemex, como el sistema de pensiones y los pasivos por Pidiregas, y convertirlos en oportunidades de mejoría.

Ello, sostuvo, sólo sería posible si se mejora sustancialmente el sistema de recaudación a través de una reforma hacendaria, se aumentan recursos a la paraestatal para inversión física directa, se le reduce burocracia y el gobierno acaba con la discrecionalidad en el uso de los recursos provenientes del petróleo, como ocurre con los excedentes.

De acuerdo con González, en 2006, los ingresos extraordinarios de crudo ascendieron a 520 mil mdp; de los cuales, el 73% se destinó a gasto corriente; 14% a inversiones financieras y sólo 1% a inversión física directa, por lo que hay una necesidad urgente de reorientar el gasto a una mayor inversion física y proyectos productivos.

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