jueves, 5 de junio de 2008

La hipocresía de Televisa y las aves azules del yunque.

Televisa como medio masivo de manipulación y de imponer el punto de vista de la ultra derecha en México. Sito a compañeros emos en un debate en el programa telehit, En donde kristof ataco con todo a jóvenes adolescentes del movimiento Emmo. alegando que no son una tribu urbana, que no tienen ideología o identidad propia y se delato al acertar que el programa esta manipulado y solo pasan las opiniones de emos que están mal informados acerca del movimiento para hacerlos parecer tontos.

También en su papel de lambiscones del gobierno federal, los yunquistas de ultraderecha que encabezan el instituto de la juventud estuvo la representante de dicho instituto que de manera cobarde y alevosa desmintió que nunca estuviera publicado en la pagina de poder joven.gob.mx la convocatoria para golpear emos en Querétaro y en la glorieta del metro insurgentes.

Mentirosa, tramposa, cobarde, para su ignorancia y para ilustrar su hipocresía todos los grupos de apoyo a la tolerancia en la glorieta del metro insurgentes exigimos en tiempo y forma con dos días de anticipación, a la comisión de derechos humanos del distrito federal que tomara nota de que en dicho portal, aparecía la convocatoria; Tomando nota de ello, fotografías, video e impresiones de la convocatoria en dicho portal, que es responsabilidad del gobierno federal.

En el mas estricto sentido esta seudo intelectual invitada al programa estuvo en su papel de defender al gobierno federal y a sus miembros del la ultra derecha en el poder.



Descubrimos recientemente que estos Grupos de choque del yunque las famosas aves azules. Son quienes están detrás de estos ataques a grupos de emos en león y Querétaro al igual que el intento en la glorieta del metro insurgentes.

Igualmente descubrimos que estas aves azules atacaron a grupos de gay´s precisamente el día internacional contra la homofovía el pasado 17 de mayo en la noche; en el centro de la ciudad de Guadalajara.
Por su mentalidad fanática de un catolicismo exacerbado y mal encausado y gracias a testimonios de las victimas, al modo en que operaron, al igual que la impunidad que les otorgo la policía metropolitana de Guadalajara fue que nos dieron indicios de que son estos jóvenes reclutados por el yunque quienes realizaron estos actos de intolerancia en contra de los que consideran diferente a los valores tradicionales de la FAMILIA.

Próximamente publicaremos los videos con los testimonios.

:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado. Apoyando al Presidente Legitimo de México ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ::

NOTICIERO SDP 4-JUNIO-2008 INVITADO: MÚSICO Y ACTOR ALBERTO AGUILAR

4-JUNIO-2008 CON

ALBERTO AGUILAR


Habrá consulta popular en todo el país, por encima del rechazo de Calderón y socios, anuncia López Obrador

Se instalarán urnas en los aproximadamente 2 mil 500 municipios de la República, puntualiza
El 29 de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México se darán a conocer los detalles de la consulta, informa
El pueblo es sabio y tiene pleno conocimiento de la intentona privatizadora de Calderón, responde a Reyes Heroles El movimiento en defensa del petróleo organizará en los casi 2 mil 500 municipios de la República Mexicana una consulta popular sobre la denominada reforma energética del gobierno espurio, a pesar de que Felipe Calderón, Jesús Reyes Heroles, Juan Camilo Mouriño y los legisladores del PRI y PAN expresen de manera reiterada su negativa a preguntarle directamente al pueblo sobre el futuro de la industria petrolera, anunció Andrés Manuel López Obrador.
Desde Tonalá el presidente legítimo de México adelantó que se instalarán urnas en todas las plazas públicas de la geografía nacional y que en la asamblea nacional del próximo 29 de junio, en el Zócalo del Distrito Federal, se darán a conocer los detalles sobre cuándo y cómo se realizará la consulta sobre el tema energético.
En los asuntos de carácter nacional, como la intentona de entregar los bienes de la Nación a compañías multinacionales, se tiene el deber y la obligación de preguntarle directamente al pueblo, para que exprese de manera libre si está de acuerdo con la entrega del petróleo a particulares, puntualizó.
Llamó a los brigadistas a organizarse para participar en la consulta popular, porque “es muy probable que el gobierno espurio rechace la propuesta que los legisladores del Frente Amplio Progresista propusieron al Congreso de la Unión sobre la materia.
Acompañado por dirigentes y legisladores locales del PRD, PT y Convergencia, mencionó que los mexicanos se organizarán en todos los estados, independientemente de si está o no previsto en la ley de cada entidad las figuras de plebiscito, referéndum o consulta, porque la ciudadanía tiene el derecho a expresar libremente su opinión sobre la llamada reforma energética.
Explicó que en Chiapas no está incorporada la figura de plebiscito en la ley secundaria y, en consecuencia, convocó al Congreso local a reformar la Constitución, para que se lleve a cabo una consulta en los 117 municipios del territorio chiapaneco.
“Si los legisladores de Chiapas no promueven una iniciativa de cambio, de todas maneras vamos a organizarnos en el territorio chiapaneco y en todo el país.
Se hará la difusión para recoger en urnas la opinión de los mexicanos sobre la privatización del petróleo”, expresó.
En otro orden de ideas, López Obrador indicó que el presidente pelele, Felipe Calderón, anda desesperado, porque todavía no son aprobadas las iniciativas de reforma energética que envió al Senado y por esa razón anda diciendo que hasta en China se permite la participación de la iniciativa privada. Pero aclaró a Calderón:
“Una cosa es China, ciudadano pelele, y otra cosa es México”.
El presidente legítimo de los mexicanos expuso que otra muestra de la desesperación en que anda envuelto Calderón, es la afirmación que en fecha reciente hizo en Centroamérica, de que si la reforma energética resulta ser anticonstitucional, que lo resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “¡Sí, cómo no!
¡No ven que nos estamos chupando el dedo! Los ministros de la Corte no se proclamarán en contra de la iniciativa calderonista, porque están al servicio de los potentados”, aclaró.
Ante los señalamientos del director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles, de que no se llevará a cabo una consulta popular, porque la gente no está informada sobre el tema, el presidente legítimo de México sostuvo que “el que no sabe es Reyes Heroles, porque el pueblo es sabio y tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto”.
Posteriormente, en su encuentro con los brigadistas de Tapachula, López Obrador hizo un llamado a los legisladores locales y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, “para que se presente y apruebe una ley de participación ciudadana en la cual se establezcan las figuras de plebiscito, referéndum y consulta popular”.
Así, con ese marco legal, puntualizó, se podría llevar a cabo la consulta sobre el tema el petróleo, como se hará el día 27 de julio, en el Distrito Federal.
El presidente legítimo de México recordó que el primer plebiscito que se llevó a cabo en el país fue justamente en Chiapas, el 24 de marzo de 1824.
En esa época, mencionó, el Congreso local realizó una consulta para que los chiapanecos decidieran si se incorporaban a Centroamérica o formaban parte de la federación mexicana.
“En esa ocasión, 64 mil 400 chiapanecos, el 36.4 por ciento votaron por incorporarse a Centroamérica, y 96 mil 829, el 54.7 por ciento eligieron pertenecer a la República Mexicana.
Asimismo, se abstuvieron, aunque también votaron 15 mil 724 personas, el 8.9 por ciento”, detalló. Sin embargo y paradójicamente, expresó, desde entonces no se ha vuelto a llevar a cabo ningún ejercicio de democracia participativa en Chiapas y por si fuese poco actualmente no existe ninguna ley que permita realizar un plebiscito, un referéndum o una consulta popular.
Aunque, aclaró que “si no se hace esta modificación de todas maneras con la participación de los ciudadanos se llevará a cabo la consulta popular” en la entidad.
El presidente legítimo de México reiteró que la propuesta de Calderón es violatoria del texto y espíritu de la Constitución, en cuyo texto se establece claramente que la Nación es propietaria de sus recursos naturales.
También recordó que Calderón es responsable de la actual crisis económica, porque desde que usurpó la Presidencia, hace 18 meses, autorizó aumentos en cascada en alimentos de primera necesidad, como la tortilla, el fríjol y el arroz.
En fecha reciente, el presidente pelele decidió abrir de par en par las fronteras para la libre importación de alimentos, con la aparente intención de garantizar el abasto de alimentos, ante la crisis alimentaria mundial.
Sólo que la determinación de Calderón dará el tiro de gracia al campo mexicano.
En vez de otorgar apoyos directos a los productores, prefirió comprar en el extranjero, a precios más elevados, los alimentos básicos, subrayó.
De acuerdo a la agenda de trabajo, López Obrador se reunirá mañana con brigadistas de los comités en defensa del petróleo de los municipios de Ensenada, Baja California, y Los Cabos, Baja California Sur.

Carmen Aristegui: Ernestina Ascencio



AMLO TV

Rompiendo el cerco informativo






*El video es propiedad de Resiste Acapulco, Soberania Popular y AMLO TV, son de libre difusión siempre y cuando se cite la fuente de donde provienen.*

INVITACION

En vísperas de la XVII Conferencia Internacional sobre Sida ha celebrarse en agosto próximo la Secretaría de Salud a través de CENSIDA ha puesto a disposición del público en general becas (750), para ello es necesario que se registren en la página web de censida:

http://www.salud.gob.mx/conasida

SERVICIO INFORMATIVO 439










Ciudad de México, 4 de junio de 2008

Servicio informativo núm. 439



Sumario:
I. Es urgente cambiar la actual política económica para frenar la carestía que afecta al pueblo. Carta de López Obrador al pueblo de México
II. Desde la Izquierda II, por Laura Itzel Castillo
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ES URGENTE CAMBIAR LA ACTUAL POLÍTICA ECONÓMICA PARA FRENAR LA CARESTÍA QUE AFECTA AL PUEBLO
Carta de López Obrador al pueblo de México
El día de hoy, durante su paso por la población de Cárdenas, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, dio a conocer una carta abierta dirigida al pueblo de México, en la que, entre otras cosas, llama a frenar la política antipopular calderonista mediante aumentos salariales de emergencia y apoyo a los productores del campo. El texto de la carta es el siguiente:
Al pueblo de México:
Mientras no se modifique la política económica que se viene aplicando desde hace 26 años va a continuar el desempleo, la migración, la carestía y la inseguridad pública.
Los tres principales problemas que se están enfrentando actualmente: el aumento en los precios, la inseguridad y la violencia, así como el intento de privatización de la industria petrolera, están estrechamente relacionados y se deben a la actual política económica antipopular y entreguista.
El presidente usurpador en vez de modificar la política económica ha optado por profundizarla y ello está causando y causará, desgraciadamente, más sufrimiento para la mayoría de los mexicanos.
Así tenemos que ahora cuando se ha desbordado la inseguridad y la violencia, lo único que se le ocurre es amenazar con el discurso propagandístico de la mano dura; es decir, más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, condenas más largas, todo lo cual no basta para enfrentar un problema que se ha originado por la desigualdad, la falta de oportunidades de empleo y educación, y por el empobrecimiento de la mayoría del pueblo.
De igual manera, ante la carestía en vez de apoyar a los productores nacionales para lograr la autosuficiencia alimentaria, lo que ha propuesto Calderón, de manera absurda, es comprar alimentos y materias primas en el extranjero, lo cual no frenará el aumento de precios y va a significar más abandono al campo y mayor salida de divisas.
En razón de todo lo anterior, hacemos un paréntesis en la lucha por la defensa del petróleo, para exigir que de inmediato se autorice un aumento salarial de emergencia, en razón de lo siguiente:
En tan sólo 18 meses del gobierno usurpador, mientras el salario mínimo ha venido aumentando en 4 por ciento anual, los precios de la mayoría de los productos básicos se han incrementado de manera desproporcionada, por ejemplo: el precio del frijol ha aumentado en 50 por ciento; el arroz en 140 por ciento; el aceite en 120 por ciento y la tortilla en 60 por ciento.
En suma, la pérdida del poder adquisitivo del salario en 18 meses ha sido del 27.5 por ciento, como tenía años que no se daba en nuestro país.
Aunado al aumento salarial de emergencia debe aplicarse de inmediato un programa de apoyo a los productores de alimentos básicos, mediante el establecimiento de precios de garantía o precios de referencia, que compensen al productor ante el aumento de insumos y del fertilizante que se ha incrementado en más de cien por ciento.
Debe iniciarse de inmediato un plan para alcanzar en el corto plazo la autosuficiencia cuando menos de alimentos como el maíz, el trigo, el arroz, la soya y el frijol que se están importando en grandes cantidades y cada vez a precios más elevados por la crisis alimentaria en el mundo.
Tengamos presente que casi todos los gobiernos de otros países protegen a sus productores y a los consumidores nacionales. En nuestro país, hay que hacer a un lado la concepción tecnocrática que sataniza los apoyos y los subsidios, y se debe poner por delante el garantizar el derecho de todos los mexicanos a la alimentación.
De no modificarse la actual política económica y de continuar Calderón con sus mismas “estrategias”, se agravará la crisis económica y de bienestar social.
Y desde aquí advertimos que si no cambia Calderón sus políticas antipopulares, no sólo lo seguiré llamando espurio, pelele, inepto y mentiroso, sino que le agregaré el calificativo de hambreador del pueblo.
Andrés Manuel López Obrador
Presidente legítimo de México
Cárdenas, Tabasco, a 4 de junio de 2008
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DESDE LA IZQUIERDA II
por Laura Itzel Castillo(publicado en El Gráfico el 4 de junio de 2008)
En mi colaboración anterior escribí que continuaría esta semana con el proyecto de comunicación denominado Desde la Izquierda. Pues bien: he recibido algunos correos preguntando quién, cómo, cuándo y dónde. Qué bueno. Eso significa que hay gente interesada en diversificar y ampliar los espacios de comunicación existentes.
Según el documento elaborado por el grupo promotor, la revista tendrá una periodicidad mensual. Serán 80 páginas a color, en promedio, y un tiraje mínimo certificado de 50 mil ejemplares. El diario digital, en tanto, ofrecerá información en tiempo real, que se actualizará minuto a minuto. Cualquier persona con acceso a internet lo podrá consultar de manera gratuita.
El portal contará con espacios dedicados a cada estado de la República, así como también secciones especializadas. Por último, el diario gratuito de alto tiraje (un millón de ejemplares) empezará a circular en la capital del país y posteriormente se extenderá a varios estados de la República. Todos estos medios tendrán el mismo nombre: Desde la Izquierda.
El proyecto, según el documento referido, enfrenta el reto de que sus diversos medios sean rentables. Parte de una premisa: por lo menos una tercera parte de los mexicanos se identifica con la izquierda. En lenguaje empresarial, hay un nicho de mercado muy importante que no está siendo cubierto por los medios de comunicación actuales.
Aunque existen varios diarios y revistas con esta identidad a lo largo y ancho del país, así como también diversos espacios de comunicación alternativa, principalmente en internet, el mercado puede considerarse casi virgen.
Desde la Izquierda es una sociedad mercantil cuyo capital está integrado por dos series de acciones. Las primeras corresponden al grupo promotor y las segundas habrán de colocarse a invitación expresa. Pero ya no digo más. En breve, según anuncia el grupo promotor, el proyecto será presentado en sociedad y todas las dudas quedarán aclaradas. Para cualquier informe comunicarse al correo electrónico
revistadesdelaizquierda@gmail.com.
Cambio de tema: el próximo 14 de junio, en la Casa de la Cultura de la delegación Venustiano Carranza, se llevará a cabo la reunión nacional de evaluación del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV).
El organismo, que en estos días cumple un año de haberse constituido, surgió a iniciativa de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo.
En ese lapso, ha hecho frente a la política habitacional del gobierno espurio, cuya principal manifestación ha sido la venta ilegal de cartera vencida de Infonavit y el desalojo de miles de familias trabajadoras de sus viviendas. Los trabajos se desarrollarán de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. La invitación es abierta. Informes: consejodedefensadelavivienda@gmail.com.
Cambio de tema: el próximo 14 de junio, en la Casa de la Cultura de la delegación Venustiano Carranza, se llevará a cabo la reunión nacional de evaluación del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV).
El organismo, que en estos días cumple un año de haberse constituido, surgió a iniciativa de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo.
En ese lapso, ha hecho frente a la política habitacional del gobierno espurio, cuya principal manifestación ha sido la venta ilegal de cartera vencida de Infonavit y el desalojo de miles de familias trabajadoras de sus viviendas. Los trabajos se desarrollarán de las nueve de la mañana a las seis de la tarde. La invitación es abierta. Informes: consejodedefensadelavivienda@gmail.com.
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sobre el Plan México‏

administración del presidente George W. Bush ha colocado su propuesta para militarizar México en la Ley de Gastos Suplementarios de Irak y que fue aprobada parcialmente a fines de mayoPor Laura CarlsenEspecial para The Narco News Bulletin1 de junio de 2008El 22 de octubre de 2007 el Presidente Bush anunció la 'Iniciativa Mérida', un paquete de asistencia para la seguridad con un costo de 1,400 millones de dólares. La iniciativa contiene fallas fatales en su estrategia; en vez de estimular una relación bilateral estable así como comunidades fronterizas pacíficas, su enfoque militar provocará un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico y abusos contra los derechos humanos.México y los Estados Unidos enfrentan un reto conjunto para reducir el crimen organizado transnacional y deben colaborar para fortalecer el estado de derecho y detener el tráfico ilegal de armas y drogas en ambos lados de la frontera. Esta política equivocada no cumplirá las metas planteadas y será un gran derroche de recursos de los contribuyentes. Asimismo perjudicará las relaciones Estados Unidos con México y pondrá en riesgo la estabilidad de este último país.En mayo la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos aprobaron la iniciativa, conocida como 'Plan México'. La solicitud de fondos fue incluida dentro de una ley de recursos extraordinarios para Irak y fue anunciado como un esfuerzo sin precedentes para luchar en contra del creciente fenómeno del narcotráfico y la violencia relacionada con el crimen organizado en México. Pero la 'Iniciativa para la Seguridad y la Cooperación Regional' va más allá que su objetivo formal de detener el flujo de drogas ilegales; reestructurará la relación binacional entre México y los Estados Unidos, reformulará problemas económicos y sociales como asuntos de seguridad, y militarizará la sociedad mexicana.Casi la mitad del paquete asistencial será invertido en el ejército mexicano y las fuerzas policiales acusadas de múltiples y documentadas e impunes violaciones a los derechos. No se destinarán recursos para el tratamiento de las adicciones, tampoco en programas de reducción de daños en los dos países y el colosal paquete de 'cooperación' omite por completo los serios problemas existentes dentro de los Estados Unidos, como el ingreso de drogas ilegales, su amplia comercialización y consumo, el tráfico fronterizo de armas y el lavado de dinero.La propuesta colocará la relación bilateral que los Estados Unidos mantiene con uno de sus aliados más estratégicos en el ámbito de vagas definiciones sobre seguridad pública. La iniciativa dispone un enorme incremento de recursos económicos a México, pero no dedica fondos para enfrentar frontalmente la brecha de la pobreza entre los dos países y las necesidades de desarrollo de nuestro vecino sureño.Para iniciar un debate público sobre los peligros que implica el Plan México, primero es importante entender sobre qué trata.¿Qué es el Plan México?El 'Plan México' o la 'Iniciativa Mérida' fue presentada después de meses de especulaciones y negociaciones a puerta cerrada como una 'Iniciativa para la seguridad y la cooperación regional', con duración de tres años y 1,400 millones de dólares. Los miembros del Congreso se quejaron de inmediato porque la administración Bush no proporcionó información a los integrantes del comité hasta después de finalizar la negociación.La solicitud de quinientos millones de dólares para el año fiscal 2008 ha sido anexada a la Ley de apropiación suplementaria para Irak que fue aprobada parcialmente por el Congreso hace algunos días. En la versión de la Cámara, Cincuenta millones están etiquetados para Centroamérica y los 500 millones de dólares irá hacia México, principalmente para el equipamiento y entrenamiento del ejército y la policía.Aunque la propuesta no ha sido presentada al público de Estados Unidos o México, documentos filtrados [1] revelan la lógica y la naturaleza militarista del 'Plan México'. En la categoría de 'Lucha antinarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza' la iniciativa original asignará $205.5 millones a las fuerzas armadas de México. Casi el 40 por ciento de todo el paquete beneficiará a empresas armamentistas para la adquisición de ocho helicópteros Bell (a trece millones cada uno, incluido el entrenamiento, mantenimiento y equipo especial) para la Armada de México y dos aviones de patrullaje marítimo CASA 235 (a cincuenta millones cada uno, incluido el mantenimiento) para la Marina del país.La mayor parte de los 132.5 millones dirigidos a las agencias de procuración de justicia mexicanas también irá a parar a los bolsillos de las compañías para la compra de equipo de seguridad, entrenamiento, vigilancia e inspección. La Policía Federal Preventiva recibirá la mayoría de los fondos, mientras que Aduanas, Migración y Telecomunicaciones recibirán el resto. El sobrante para 2008 está catalogado como 'Estado de derecho' para la Procuraduría General de la República y el sistema de justicia penal. Estos recursos serán invertidos en programas de cómputo y entrenamiento para el seguimiento de casos y centralización de información. La iniciativa le otorgará 12.9 millones al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)) —agencia con una larga historia de abuso de los derechos humanos y libertades civiles—para investigaciones, equipo forense y contraterrorismo. Otra dependencia beneficiada será el Instituto Nacional de Migración para conformar una base de datos sobre migrantes. El gobierno de los Estados Unidos se quedará con 37 millones para cubrir gastos administrativos.El presupuesto presentado para 2009 se estima en 450 millones de dólares para México bajo los mismos rubros, con una considerable cantidad dirigida a la policía bajo el supuesto de que, para entonces, la célebre corrupción de dichas instituciones haya sido parcialmente remediada; una meta de difícil consecución. De ese dinero corresponden 120 millones para las fuerzas armadas y 252 millones para la policía y otros organismos de seguridad.Todos los programas tienen como objetivos la interrupción de la oferta, procuración de justicia y vigilancia –incluyendo espionaje interno- de acuerdo al modelo de la 'guerra contra las drogas' desarrollado a principios de los setentas en los Estados Unidos durante la administración del entonces presidente Richard Nixon. [2] Este modelo militar ha resultado ser inefectivo para eliminar el tráfico ilegal de drogas y reducir el impacto del crimen organizado; en cambio, está íntimamente relacionado con una mayor violencia, inestabilidad y poderes presidenciales autoritarios.La Conexión TLCANLa Iniciativa Mérida recibió su nombre por la reunión celebrada en marzo de 2007 entre los presidentes George W. Bush y Felipe Calderon en la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán. La historia oficial afirma que el presidente Calderón, comprometido con la 'guerra contra las drogas' y apoyado en el uso del ejército para interceptar el tráfico de sustancias, solicitó en dicha reunión asistencia económica a los Estados Unidos. Después de negociar los detalles, el gobierno estadounidense dio su visto bueno y centró su atención en los esfuerzos antinarcóticos. En octubre de ese año, meses antes de anunciar el paquete, los dos gobiernos ordenaron estudios y presentaron estadísticas para apoyar una tesis contradictoria: el tráfico de drogas y la violencia en México habían alcanzado un punto de crisis, por lo tanto, la ofensiva de Calderón contra los cárteles de la droga estaba funcionando.Sin embargo, esta no es la verdadera historia de los orígenes del plan. La idea de la administración Bush sobre una estrategia de seguridad conjunta para Norteamérica data desde la creación de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASPAN), una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). [3] Cuando los tres líderes de la región (George W. Bush, Paul Martin y Vicente Fox) se reunieron en Waco, Texas, en marzo de 2005, para echar a andar un proceso de negociaciones secretas entre los miembros de los poderes ejecutivos y los representantes de grandes corporaciones y así echar a andar intercambios comerciales fronterizos y crear un perímetro de seguridad conjunto. Reuniones posteriores como el encuentro trilateral en Nuevo Orleáns [4], en abril de 2008, ampliaron estas metas ante las críticas de la opinión pública.A través del ASPAN la administración de Bush busca presionar a sus socios comerciales de Norteamérica para integrar un frente común y proteger a los Estados Unidos contra amenazas terroristas; también pretende promover y defender el modelo de intercambio comercial y el control global de Estados Unidos.La cooperación internacional para enfrentar el terrorismo es respetable y necesaria, pero la estrategia de seguridad nacional de Bush [5] implica una violación grave a la soberanía nacional de los países socios, representa un riesgo potencial de sufrir un ataque al mantener alianzas con Estados Unidos y constituye una amenaza a las garantías individuales de los ciudadanos de los tres países. Aún más, el modelo contraterrorista, ejemplificado por la invasión a Irak, ha fomentado la inestabilidad y las actividades terroristas en todo el mundo. Extender el concepto de integración norteamericana a los asuntos de seguridad nacional por medio de mecanismos de como la ASP ha dado lugar a serios cuestionamientos sobre cómo se define la seguridad y quién está encargado de hacerlo.Thomas Shannon, Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, confirmó estas dudas durante un discurso sin rodeos, el 8 de abril pasado, cuando dijo que el ASPAN 'entiende a Norteamérica como un espacio económico común y como un espacio económico común que debemos proteger, y debemos comprender que si no resguardamos esta área compartida más allá de nuestras fronteras debemos hacerlo con amplitud a través de toda Norteamérica. Hemos trabajado por medio de la Asociación para la Seguridad y la Prosperidad para mejorar nuestras relaciones comerciales y de libre mercado, también hemos trabajado para mejorar nuestra cooperación para la seguridad. Hasta cierto punto, estamos blindando el TLCAN'. [6]El ASPAN pretende imponer políticas sin consensos y sin debates previos por el público o los congresos. Grupos de ciudadanos en los tres países han exigido un alto a las pláticas del ASPAN por la falta de representación en temas laborales, ambientales, participación ciudadana y de rendición de cuentas. El concepto de seguridad para la administración Bush al emplear al ejército en vez optar por la diplomacia y la seguridad inspirada en políticas sociales, ha sido puesto en duda en los Estados Unidos y rechazado por la gran mayoría de canadienses y mexicanos. Bajo esta perspectiva, en vez de analizar las políticas y abrirlas al debate público, la Casa Blanca lanzó su iniciativa más ambiciosa hasta la fecha: El Plan México. Sería anunciado en agosto de 2007 durante la reunión del ASPAN en Montebello, pero es probable que por la presencia de manifestantes el presidente George W. Bush retrasó la presentación oficial de la Iniciativa Mérida durante varios meses. Sin embargo, durante las últimas dos reuniones del ASPAN se ha discutido el Plan México y el Departamento de Estado ha sido claro sobre esta relación.Es importante comprender las raíces del Plan México en la agenda de integración de Washington. El plan tiene implicaciones que van más allá de un programa de ayuda temporal para luchar contra los cárteles de la droga. Reestructurará los fundamentos de la cooperación bilateral; se dará atención permanente a los aspectos militares sobre la tan necesitada asistencia para el desarrollo, modificación de políticas perjudiciales y acuerdos comerciales. La gran visión del ASPAN es más que una guerra conjunta contra las drogas, ya que pone los cimientos de una serie de enfoques fallidos relativos a la migración, la militarización de las fronteras, la integración económica, los ataques contra las garantías fundamentales y la intromisión de fuerzas policiales en ámbitos sociales y en la diplomacia internacional. La saliente administración Bush ha buscado el apoyo de dos aliados económicamente dependientes para asegurar la permanencia de sus legados bajo una presidencia demócrata en Estados Unidos. [7]¿Por qué es malo el Plan México?El Plan México representa una lógica de confrontación que será criticada en los siguientes once puntos:1) El modelo de la 'guerra contra las drogas' no funciona.México tiene serios problemas con el tráfico ilegal de drogas y la violencia relacionada con el narcotráfico. Y existe más de una solución. La Iniciativa Mérida parte de una equivocada premisa: la interdicción y las estrategias policiales evitarán el tráfico de drogas en la frontera. Muchos estudios demostraron que el tratamiento y la rehabilitación son 20 veces más efectivos para disminuir el narcotráfico.[8] Pero la Iniciativa Mérida no destina ni un centavo [9] para tratamiento y rehabilitación en ambos países. Recientemente la administración Bush redujo el presupuesto para los programas de tratamiento y prevención, en clara contradicción con el objetivo declarado de reducir el tráfico binacional de drogas. Este enfoque va en la dirección incorrecta. El modelo de reducción de la oferta es inefectivo por una sencilla razón: donde hay un comprador siempre habrá un vendedor. Como se trata de un mercado negro, el vendedor es miembro del crimen organizado y su propósito es obtener una enorme ganancia libre de impuestos.Para el Congreso la experiencia del Plan Colombia revela los abismos existentes en el Plan México. El Plan Colombia es un paquete de ayuda militar diseñado para la lucha contra las drogas. Desde su puesta en marcha, en el año 2000, sólo ha ayudado a consolidar la guerra y la corrupción en este país sudamericano y ha fallado para reducir los flujos de drogas hacia Estados Unidos.En siete años del Plan Colombia la Casa Blanca ha gastado cerca de seis mil millones de dólares supuestamente para librar la guerra contra las drogas; el 76 por ciento se ha ido hacia el ejército colombiano y los resultados son bien conocidos: Colombia se mantiene como el principal proveedor de cocaína al mercado estadounidense, el precio del alcaloide ha disminuido y su pureza ha aumentado. A pesar de múltiples campañas de fumigación devastadoras para el medio ambiente existen numerosos estudios que demuestran cómo las áreas de siembra de coca han aumentado o se han mantenido constantes. Ante los decomisos los cárteles de la droga han empleado equipos más sofisticados y una mejor organización, así como relaciones cercanas con los cárteles mexicanos. Una ruta nueva se abre cuando se cierra una usada; nacen nuevos barones de la droga cuando los viejos líderes son encarcelados o asesinados.Además de fracasar para detener la producción, el procesamiento y el tráfico de cocaína, el Plan Colombia se ha traducido en ayuda para el gobierno derechista colombiano en la guerra contra la insurgencia guerrillera de izquierda. La participación del gobierno de los Estados Unidos en labores de contrainsurgencia fue autorizada el año 2003, cuando se amplió la estructura del Plan Colombia y se permitió el apoyo militar en distintas actividades antinarcóticos, echando abajo restricciones previas. El periodista Frank Smyth escribió que, como resultado, en 2001 Colombia había rebasado a El Salvador en la iniciativa de contrainsurgencia más amplia de Estados Unidos desde la guerra de Viet Nam. [10]Con la llegada de dinero y armas a las fuerzas armadas colombianas, las violaciones de los derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y los asesinatos de civiles han sido tan recurrentes que alarman hasta los partidarios del Plan Colombia. En una reciente autorización de fondos para el plan la Cámara de Representantes aprobó reducir la asistencia militar y las fumigaciones, condicionando los recursos al respeto de los derechos humanos. Los fondos destinados al gobierno colombiano siguen siendo enormes y esencialmente militares, y ante el probable fracaso del tratado de libre comercio con este país, la iniciativa representa un mínimo reconocimiento del Congreso de que el modelo de la guerra contra el narcotráfico no está dando los resultados esperados. Un usuario de drogas tiene la misma o mayor posibilidad de obtener cocaína mucho más barata y potente en las calles de Estados Unidos. [11] Colombia sigue siendo la primera fuente del alcaloide al mercado estadounidense. Cerca de 300,000 personas han sido desplazadas de sus comunidades por culpa de grupos paramilitares responsables del 80% de las violaciones a los derechos humanos. La nación sudamericana se ha convertido en una sociedad militarizada atrapada en la violencia destructiva.Este caso debería ser analizado con detenimiento antes de volver a aplicar un modelo fallido con serios efectos secundarios para el tejido social de una nación aliada. Aunque México es un país muy diferente –no sufre guerra civil o una extendida actividad de la guerrilla- vale la pena considerar las muchas lecciones del Plan Colombia ante la posible aplicación del Plan México. El fracaso del modelo de lucha contra el narco en Colombia y Afganistán debería estimular una actitud cautelosa cuando se intenta aplicar en otros países, especialmente en uno tan cercano geográfica y económicamente como México.2) Proveer equipo y recursos a las fuerzas de seguridad mexicanas ante un escenario de corrupción e impunidad sólo profundizará los problemas, socavará el papel de la sociedad civil para reformarse a sí misma e inhibirá la construcción de instituciones democráticas.Por desgracia, es muy frecuente que las fuerzas de seguridad mexicanas contribuyan a empeorar el problema que a solucionarlo. El reporte del Departamento de Estado en el año 2007 sobre violaciones a los derechos humanos [12] en México afirma, 'la corrupción sigue siendo problemática por los muchos policías involucrados en secuestros, extorsiones, por otorgar protección o actuar a favor del crimen organizado y los traficantes de drogas. La impunidad está tan extendida al grado que las víctimas a menudo se niegan a denunciar los delitos'.Altos mandos de las fuerzas de seguridad mexicanas de todos los niveles mantienen vínculos estrechos con narcotraficantes y están a su servicio en varios estados del país. Tradicionalmente el ejército se ha mantenido independiente de esta dinámica pero su despliegue en el país con motivo de la guerra contra las drogas lo pone en riesgo de ser penetrado por el narco y provocar violaciones a los derechos humanos. Desertores de las fuerzas armadas, alrededor de 17,000 sólo el año pasado, han recibido entrenamiento antinarcóticos y emplean en estos conocimientos para ayudar a los acaudalados cárteles de la droga. Los infames Zetas (una red de traficantes integrada por agentes militares y policiales) son ilustrativos acerca del potencial mortal de los grupos armados trabajando para los grandes capos.El equipo militar termina en manos de las organizaciones criminales. La Oficina para el Control del Tabaco y Armas de Fuego reporta que 90% del armamento decomisado a la delincuencia mexicana proviene de los Estados Unidos; un gran número pertenece al ejército de Estados Unidos. [13] El senador Alfonso Sánchez Anaya informó al congreso mexicano sobre la circulación de quince millones de armas ilegalmente en México. [14] Mientras que una investigación en Irak reveló la existencia de miles de armas 'perdidas' que se piensa están en manos de la insurgencia y los delincuentes. El mercado negro armamentista está en pleno auge. Ante esta situación, es inevitable que el equipamiento estadounidense termine en malas manos.El plan busca convertir a la ciudadanía en un protectorado de las fuerzas armadas, excluyendo programas de prevención comunitaria, de prevención y tratamiento de adictos, iniciativas de vigilancia vecinal y otras medidas que estimulan un papel más activo de la sociedad civil. La redefinición de la criminalidad como una amenaza a la seguridad nacional también se aparta del dominio de la comunidad.No se trata de satanizar a las fuerzas armadas, a las policías o al gobierno mexicano. Muchos individuos honestos y valientes pueden ser encontrados entre sus filas, y algunos dieron su vida para combatir la corrupción. No obstante, en algunos hay una mentalidad de golpeteo contra México en vez de serias preocupaciones por los retos que enfrenta. Tal es el caso de las declaraciones extremistas del diputado Tom Tancredo, el 8 de noviembre de 2007: 'El grado de corrupción dentro del gobierno y el ejército es tan grande que es difícil distinguir donde termina el gobierno y donde comienzan los cárteles'. La misión de la política binacional de los Estados Unidos es apoyar medidas efectivas para eliminar la corrupción y acabar con la impunidad, junto al desarrollo de mecanismos de cooperación para combatir al crimen transnacional.Dotar de armas, equipo militar, capacidad de espionaje, vigilancia y entrenamiento a las fuerzas de seguridad con un amplio historial de abusos, refrendados por el sistema judicial que se ha negado o no ha podido investigarlos, equivale a rociar gasolina sobre las llamas. Ignorar las causas primigenias de la actividad criminal y la demanda del mercado podría hacer que la ayuda militar fortalezca a la delincuencia y alimente a la corrupción.3) El Plan México fomenta la militarización de la sociedad mexicana con escasos controles legales o sociales.El modelo para enfrentar el tráfico, la venta y el consumo de drogas con medios militares agrava la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas son débiles se podría obstaculizar la transición hacia la democracia.La ex Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise Arbour, advirtió acerca de la actuación del ejército en las calles durante su última visita a México. 'Entiendo que haya algunos que afirmen en ocasiones especiales la necesidad de recurrir a una fuerza más poderosa como el ejército, pero me parece que a largo plazo es muy peligroso', comentó la funcionaria a la cadena Televisa. 'El ejército no debe de hacer el trabajo de la policía'. [15]El general José Francisco Gallardo, especialista constitucional encarcelado por sus denuncias y activista a favor de mayores garantías al respeto de los derechos humanos de las fuerzas castrenses, declaró, 'lo que debería hacerse aquí es organizar una policía federal que lleve a cabo esas funciones y no dependa de los militares… la presencia de la Armada en asuntos que no están bajo su jurisdicción relega las facultades constitucionales de la autoridad federal, estatal y municipal, y va en contra del artículo 21 de la Constitución'. [16]Cuando se le preguntó si la estrategia de Calderón para militarizar la guerra contra las drogas podría provocar el regreso de la 'guerra sucia' de los setentas, Gallardo (de joven soldado fue de los pocos miembros de las fuerzas armadas protestó por las torturas y los asesinatos comunes en dicho período) le dijo a esta reportera, 'ya estamos experimentando un regreso a la guerra sucia'.[17] Citó la práctica generalizada de torturas y detenciones arbitrarias como pruebas de la violación sistemática de los derechos humanos en el México contemporáneo.En 2007 un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [18] recomendó el retiro gradual del ejército de la guerra contra el narco.Militarizar a la sociedad con la participación del ejército en actividades que extralimitan su mandato constitucional es una amenaza para la democracia. Es bien sabido que en Latinoamérica la militarización provocada por la Guerra Fría, así como sus efectos sobre la sociedad y la ideología, abrió camino a las dictaduras militares asesinas de civiles y retrasó el proceso democratizador durante décadas. Una consecuencia de la participación de los militares en asuntos de seguridad pública es la emergencia de fuerzas paramilitares como sucedió en Colombia. En México los grupos paramilitares atacan las comunidades zapatistas en el sureño estado de Chiapas. [19] Desde el año 2006 estas organizaciones han sido usadas en el estado de Oaxaca para reprimir los movimientos sociales e indígenas. Es muy probable que ante una mayor involucramiento de los militares en la sociedad mexicana se estimule la actividad de estos grupos.Los gobiernos de México y Estados Unidos niegan con diligencia que el plan autorice el despliegue de tropas estadunidenses en suelo mexicano. Una diferencia importante entre la versión doméstica de la guerra contra las drogas y la aplicada por la Casa Blanca en otros países ha sido el uso del ejército. En los inicios del modelo de guerra contra el narco se presentaron ciertas condiciones que descartaron el empleo de las fuerzas armadas: un excesivo despliegue militar en Viet Nam, el impopular sistema de reclutamiento obligatorio, las adicciones entre las tropas y limitaciones constitucionales. La versión de exportación incluye tanto al ejército estadounidense como al de cada país; el Plan Colombia permitió el la participación de soldados norteamericanos en suelo colombiano, pero el Congreso ha restringido su número. En los últimos años se presentó un desgaste militar parecido al de Viet Nam debido a la guerra en Irak, lo que ha impuesto restricciones a la utilización de soldados estadounidenses. No obstante, el despliegue de estos contingentes no puede ser la única medida para militarizar o para evaluar la iniciativa de cooperación y seguridad regional. La guerra contra las drogas en Latinoamérica ha sido librada por mercenarios de la iniciativa privada o por ejércitos nacionales entrenados por las instituciones castrenses de Washington. Por estas razones el Plan México sigue esta estrategia para no despertar los sentimientos de irritación de los mexicanos por una invasión a su soberanía. La actuación del ejército nacional podría ser más peligrosa para los ciudadanos que la presencia de tropas extranjeras en su territorio si se capacita a los militares para pelear dentro de sus propias fronteras o si se envían compañías privadas como Blackwater.Para colmo, no existen mecanismos de rendición de cuentas. Sin sistemas de pesos y contrapesos el Plan México podría contribuir a la creación de un estado policial en nuestro vecino país; un riesgo especialmente para las mujeres. Las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en casos de violaciones y agresiones sexuales en Atenco, Oaxaca, Veracruz y Coahuila.4) La iniciativa expande los poderes del presidente en México alterando un delicado equilibrio de poderes. El modelo de la guerra contra las drogas siempre ha pretendido lograr un objetivo silencioso: fortalecer al poder ejecutivo sin contrapesos efectivos o sin transparencia informativa, despojando facultades de otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos. [20]Desde su controvertida elección por menos de un punto porcentual en las elecciones de 2006 y acusaciones de irregularidades reconocidas de forma parcial por la autoridad electoral, el presidente Felipe Calderón enfrenta el reto de consolidar su mandato. Las políticas de los Estados Unidos deberían favorecer procesos de reconciliación política y no la dependencia en las fuerzas armadas para magnificar los poderes presidenciales. Cuando Calderón tomó posesión construyó con celeridad una imagen de fortaleza mediante el uso de las armas. Ordenó el despliegue de 24,000 tropas del ejército mexicano en ciudades y pueblos y formó un cuerpo de fuerzas especiales bajo su mando. El mensaje de una presidencia débil reforzada con una fuerte alianza con los militares sigue resonando en la ciudadanía mexicana. Mientras unos piensan que es la única forma para ataca la inseguridad pública, otros han criticado [21] el trasfondo represivo, el peligro de volver al presidencialismo, más violaciones a los derechos humanos y amenazas contra las instituciones democráticas civiles.Para la administración Bush el modelo de la guerra contra las drogas es útil para asegurar las políticas económicas a favor de las corporaciones y fortalecer la influencia militar en la región. Cuando Estados Unidos exporta la guerra contra el narcotráfico esta se vuelve una herramienta poderosa para intervenir y presionar a otras naciones para adoptar los objetivos de seguridad nacional estadounidenses. Este policía global apuntala la dependencia en el ejército de las barras y las estrellas, en los servicios de inteligencia, militarizando la diplomacia. El Pentágono encabeza la política exterior y marca su distancia del derecho internacional y la diplomacia.5) La guerra contra las drogas es un modelo que invariablemente se extiende a reprimir la oposición política en los países en que ha sido aplicada; borra las líneas divisorias entre la lucha contra el narco, el terrorismo y los opositores políticos. Un informe del año 2004 concluye que, 'muy a menudo en Latinoamérica, cuando los ejércitos centran su atención sobre los enemigos internos, la definición de éste incluye a los rivales políticos del régimen en el poder, aún aquellos que trabajan dentro del sistema político como activistas, periodistas independientes, sindicalistas o líderes de la oposición'.[22]La persecución de la disidencia ha sido rigurosamente documentada durante muchas décadas de la historia mexicana hasta estos días. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) redactó en sus conclusiones preliminares, después de una visita a México en febrero de 2008: 'Se han presentado un amplio número de detenciones arbitrarias contra integrantes de movimientos sociales; en ocasiones han sido arrestados sus familiares por su relación de parentesco. Las torturas y las lesiones físicas son comunes para quienes fueron consignados. A menudo se emplean pruebas falsas para justificar las detenciones…' [23]Los periodistas que reportan sobre la violencia relacionada con el Estado o con los cárteles de la droga también han sido víctimas del silenciamiento selectivo. El Comité para la Protección de Periodistas colocó a México en el décimo lugar mundial del 'índice de impunidad'. Colombia, después de una década aplicar gustosa las recetas dictadas por el Plan Colombia para imponer la ley, ocupa el cuarto lugar en el índice de asesinatos impunes de periodistas. [24]6) La Iniciativa Mérida copia descaradamente el modelo contraterrorista de Bush y pone en serio riesgo las instituciones democráticas y los derechos humanos de México, donde el riesgo del terrorismo internacional es casi inexistente.Las medidas contraterroristas incluidas en el Plan México ignoran el hecho de que las amenazas para ese país y las enfrentadas por Estados Unidos no son del mismo tamaño ni de la misma naturaleza. Tampoco son parecidos los ambientes políticos. México aún se encuentra saliendo de un dominio autoritario con muchas instituciones y prácticas antidemocráticas y con mayores señales de volver a la impunidad y al dominio de los líderes políticos.Obligar a México a adoptar medidas urgentes contra el terrorismo tales como el espionaje interno, la intercepción de líneas telefónicas o los cateos sin orden judicial propuestos en la ley 'Ley Gestapo' (como es conocida por los medios de comunicación mexicanos) por el gobierno de Calderón, y cuyas disposiciones fueron retiradas en parte por la presión del público, así como la equiparación de la protesta social con las actividades delincuenciales, podría socavar las frágiles garantías individuales y las instituciones democráticas. La Iniciativa Mérida incluye fondos para la adquisición de sistemas de espionaje dirigidos contra los ciudadanos, así como equipos de vigilancia. Las reformas dictadas bajo lineamientos del ASPAN autorizan los arraigos judiciales y otras medidas violatorias de derechos, pero comunes en los Estados Unidos bajo la Ley Patriota.Desde que el gobierno estadounidense define al 'terrorismo' de forma tan amplia y ambigua, el modelo contraterrorista provocó la modificación de metas militares y las agresiones contra disidentes. La iniciativa para la seguridad y la cooperación regional representa un escalón más a favor de ese proceso.7) La Iniciativa Mérida intensifica las tensiones fronterizas ya que ve a la inmigración a través de un lente militar donde el terrorismo y el crimen organizado son lo mismo.Incluir términos como 'seguridad fronteriza' y enfocarse especialmente sobre 'los flujos de bienes y personas ilícitas', la iniciativa equipara a los trabajadores inmigrantes con el contrabando ilegal y las amenazas terroristas. Con esto se ignoran las causas principales de la migración de mexicanos hacia el norte y la genuina demanda de mano obra indocumentada en Estados Unidos. [25]La Declaración Conjunta de la Iniciativa Mérida[26] establece, 'nuestra meta compartida es maximizar la efectividad de nuestros esfuerzos para pelear en contra de las organizaciones criminales. También para interrumpir el tráfico de drogas (incluyendo los precursores químicos), el mercado negro de armas, las actividades financieras irregulares, el contrabando de armas y de personas'.Los millones de dólares asignados al Instituto Nacional de Migración tienen como objetivo reforzar la frontera sur de México mediante el uso de tecnología biométrica y un programa de trabajadores huéspedes guatemaltecos. La nación azteca, famosa por ofrecer refugio a centroamericanos incorporándolos a su sociedad, modificó este historial por las presiones del gobierno estadounidense para interceptar a los migrantes de Centro América y evitar su llegada a la frontera norte.El Plan México continúa dentro de ese proceso aumentando la participación de mexicanos en la detención de sus propios emigrantes en los estados norteños. Colocar la migración ilegal en la misma canasta de las amenazas terroristas ha sido útil para hacer avanzar la estrategia de Washington para militarizar la frontera sur. La región de ambos países es todo un caso de estudio para entender cómo los programas de lucha antiterrorista provocan la militarización de la vida pública, la pérdida de soberanía, la violación de derechos humanos y hasta la muerte de quienes buscan una mejor vida en otro país. Es una cruel ironía que los trabajadores mexicanos desempleados por el Tratado de Libre Comercio sean catalogados como delincuentes por su propio gobierno.El problema de la migración ilegal nunca podrá ser resuelto dentro de este paradigma. Los gastos que representa, la pérdida de mano de obra en las ciudades y una mayor violencia erosionan a las comunidades y golpea las economías locales, especialmente en la frontera.Una política ideal aceptaría la emigración como resultado de la integración económica y promovería programas de intercambio comercial, inversión y desarrollo comunitario en ambos países. La generación de empleos, la construcción de infraestructura, los programas dirigidos a regular los flujos migratorios y la prevención de conflictos podrían hacer mucho más por mejorar la seguridad fronteriza a corto y a largo plazo.8) La reforma al sistema judicial y penal mexicano requiere de voluntad política, no recursos de los contribuyentes de Estados UnidosLos 112 millones de dólares asignados por la Iniciativa Mérida para el 2008 bajo el rubro 'estado de derecho' a la Procuraduría General de la República y otras dependencias de seguridad pública sólo serán invertidos en tecnologías informativas para centralizar la recolección de datos, construir laboratorios forenses y capacitar al personal del poder judicial. Aunque algunos ven esta sección como la parte 'suave' de la iniciativa estos programas provocan serios cuestionamientos a su eficacia y a su conveniencia.En primer lugar, lo que necesita México para promover el 'imperio de la ley' es voluntad política –no recursos económicos– para hacer funcionar la reforma. Un ejemplo: El asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez es un caso conocido internacionalmente y para ser solucionado recibió millones de dólares del gobierno mexicano e instituciones extranjeras. Se formaron y desintegraron numerosas comisiones de investigación para resolver los crímenes sin obtener resultados.[27] Un modernísimo equipo forense fue llamado a estudiar la evidencia que no había sido destruida y redactó un reporte; concluyó la investigación pero el documento no fue publicado. Activistas por los derechos humanos involucrados en los casos creen en la posibilidad de implicar a individuos económica y políticamente poderosos.En segundo lugar, las leyes y el sistema legal mexicano no son como el sistema estadounidense; aunque hay algunas instituciones de seguridad pública con acuerdos vigentes en materias de capacitación y cooperación, el gran plan de los Estados Unidos es instruir y reformar el sistema legal mexicano. Esto es visto como una intervención perjudicial para muchos juristas mexicanos. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras cortes menores han declarado sus objeciones en público a los fondos estadounidenses para el sistema judicial. Durante años los miembros de este poder han resistido los intentos de instituciones financieras internacionales para imponer programas de gobierno que obligan a reformar el sistema de justicia; no porque el país no requiera mejorar en esta área (de hecho su desempeño es bastante malo) sino porque sólo México puede reconstruirlo. El Plan México rompería con esa resistencia y obligaría a la ejecución de planes y entrenamiento diseñados por Estados Unidos tanto en el rubro penal como en el carcelario.El gobierno estadounidense se beneficiaría mejorando su sistema legal por medio de una empresa conjunta para controlar tanto el narcotráfico como el crimen organizado. El hecho de que Estados Unidos sea el mercado más grande de drogas ilícitas nos da indicios de los resultados sombríos en el control de la venta, distribución y consumo de estas sustancias. Peor aún, es una realidad que penas como la prisión obligatoria por delitos relacionados con drogas son discriminatorias para grupos raciales y económicos: la comunidad afroamericana representa el 13% de los consumidores pero el 59% de los sentenciados.[28] Estas sentencias, aplicadas a los adictos y no a los distribuidores o a los líderes de los cárteles han originado una sobrepoblación carcelaria. A pesar de que este método no sea el más efectivo para enfrentar la problemática, el sistema de prisiones privatizadas en este país estimula los incentivos comerciales para encarcelar usuarios inocentes y migrantes ilegales… dos grupos contemplados por la Iniciativa Mérida. Como consecuencia se desvían recursos y esfuerzos para perseguir a los líderes delincuenciales y podría causar violentos disturbios en el ya de por sí sobrepoblado sistema penitenciario de México.9) La Iniciativa Mérida no se traduce en una genuina representación bilateralVarios miembros del Congreso han impulsado la Iniciativa Mérida como un paso sin precedentes hacia la cooperación bilateral. Argumentan que el gobierno estadounidense reconoce implícitamente su responsabilidad por el tráfico transnacional de drogas al ofrecerle el paquete asistencial a México para combatir la ola delictiva.De hecho, el plan pone toda la responsabilidad de la guerra contra el narco sobre México y no establece medidas a tomar por Estados Unidos para reducir el mercado, mejorar los sistemas de control aduanales en su frontera con Canadá, disminuir la venta y la distribución de sustancias ilícitas, eliminar el tráfico ilegal de armas y castigar el lavado de dinero: todos estos son problemas bien identificados en la Unión Americana.Aunque el presidente Calderón ha declarado que la medida es un ejemplo de la voluntad del gobierno estadounidense para asumir su papel en la lucha contra el tráfico de drogas y enfrentar el auge de las organizaciones criminales, la mayor parte del presupuesto de la iniciativa jamás llegará a México. 40% de los recursos serán gastados en helicópteros militares y estrategias de vigilancia interna; el resto del paquete económico acabará en manos de los empresarios armamentistas y compañías informáticas en equipos de inteligencia, programas computacionales y entrenamiento. Algunas personas critican el Plan porque los recursos son destinados a un México que 'no se lo merece' y la estrategia podría convertirse en otro barril sin fondo para beneficiar a las corporaciones bélicas.10) Amenaza a la soberanía mexicanaEl Plan México contempla la capacitación de la policía mexicana y las fuerzas armadas empleando técnicas, tecnología y prioridades estadounidenses. Pocas naciones aceptarían este acuerdo en un área tan crítica como la seguridad nacional. A medida que se expande la red de agentes antinarcóticos y fronterizos en México, la habilidad del país para aplicar políticas inspiradas en necesidades y prioridades internas disminuye proporcionalmente. Los mexicanos siempre han sido celosos de su soberanía y a menudo el gobierno de Estados Unidos califica la reticencia de su vecino para involucrarse en acciones militares y policiales como si se tratara de una remembranza hipernacionalista del pasado, pero la nación Azteca siempre ha sido neutra en su política exterior, además que la opinión pública ve con escepticismo las políticas del norte, en especial después de la invasión a Irak. La mayoría de la población prefiere cierto grado de autonomía de las estrategias de seguridad extranjeras.La sociedad estadounidense rechazaría el Plan México si se invirtieran los papeles. Imaginemos la noticia aparecida en los periódicos matutinos:'El Plan Estados Unidos, solventado por el gobierno mexicano, colocará agentes antidrogas mexicanos en las oficinas aduanales fronterizas y en puntos clave del interior del país, incluidos Laredo, Kansas City, Miami y Nueva York. Un nuevo sistema de intercepción de comunicaciones producido por Spy-Mex y supervisado por funcionarios de inteligencia mexicanos será empleado para monitorear las conversaciones privadas de ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en el crimen organizado. Mientras tanto, aviones de origen mexicano sobrevolarán comunidades localizadas en las rutas de trasiego de drogas. Recientemente el ejército fue desplegado en todas las ciudades del país para librar la guerra contra el narcotráfico; recibirá armamento y capacitación de México'.Diarios y blogs estallarían denunciando la reconquista mexicana y una afrenta contra la soberanía estadounidense. La misma situación se presenta en México.Cuando la secretaria de relaciones exteriores, Patricia Espinosa, rindió testimonio ante el Senado mexicano, hizo hincapié en actividades para 'detectar terroristas[29] que podrían atacar a nuestro vecino'. Sus comentarios fueron objeto de reacciones aireadas de los legisladores, demostrando que los Estados Unidos busca imponer su agenda de lucha contra el terrorismo.La presencia de tropas estadounidenses en México ha sido descartada, pero la sociedad civil parece reaccionar negativamente ante una intromisión excesiva de la Casa Blanca, mientras que la capacitación impartida por el ejército ha provocado preocupaciones en ambos lados de la frontera.La participación de contratistas privados en la implementación del paquete sigue poco clara y provoca serias dudas. Una fuente consultada asegura que Blackwater podría ser la mayor beneficiaria, a pesar de una cuestionada reputación provocada por el asesinato de civiles iraquíes. La corrupción originada por los contratos relacionados con el entrenamiento y en la adquisición de equipos sigue presentándose en Irak.[30]A la Iniciativa tampoco le ayudó ser anexada a la solicitud de fondos adicionales para Irak. Cualquier relación entre el Plan México y la doctrina de seguridad de Bush aplicada en Irak provoca la sospecha entre los políticos y el público mexicano.11) El Plan vislumbra una estrategia geopolítica divisivaPara la administración Bush el Plan México juega un papel especial en su estrategia geopolítica hemisférica. México es uno de los dos gobiernos de ultraderecha que restan en el continente. El otro país, Colombia, ha recibido miles de millones de dólares de ayuda militar y fue uno de los pioneros de la guerra contra las drogas ampliada a una extensiva alianza militar. La insistencia del presidente Bush de presionar a los demócratas para aprobar el Tratado de Libre Comercio durante la Reunión Trilateral Norteamericana, celebrada en Nuevo Orleáns, dejó en claro los objetivos geopolíticos deparados para Latinoamérica. Bajo la Doctrina de Seguridad Nacional de Bush este tipo de alianza hace necesario la adhesión a las premisas de dicha estrategia, como los ataques preventivos, la acción unilateral y el desprecio por el derecho internacional.La administración Bush ha desarrollado una política de 'están con nosotros o están en nuestra contra' hacia sus vecinos de Latinoamérica. Hasta cierto punto considera la ola de gobiernos de centroizquierda (Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y Paraguay) como una amenaza a sus intereses estratégicos. Cualquier intento por modificar las economías de mercado, aumentar la participación del Estado en la redistribución de riqueza, el control público de los recursos naturales y servicios básicos y las reformas constitucionales para reconocer los derechos de los pueblos indígenas son tomadas como una afrenta a los intereses estadounidenses.La administración Bush y los centros de pensamiento conservador han desarrollado una estrategia explícita y una política de seguridad hemisférica en armonía con la dominación de Estados Unidos. Thomas Donnelly, del American Enterprise Institute califica al hemisferio occidental como 'la tercera frontera de América'[31] y argumenta que la 'hegemonía de América en el hemisferio es crucial para la seguridad nacional estadounidense.'Hace poco Stephen Jonson,[32] secretario general adjunto para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Defensa hizo una conexión entre el Plan México y los esfuerzos de Washington por recuperar su influencia ante una realidad geopolítica indomable: 'Aunque puedan existir muchas voces pidan un mayor acercamiento con los Estados Unidos, existen estados desafiantes como Venezuela, Cuba y hasta cierto punto Bolivia y Ecuador. Hasta el momento Venezuela y Cuba son claramente hostiles hacia Estados Unidos, la democracia occidental, los mercados y están tratando de ejercer un contrapeso a nuestra influencia. Nuestro reto no es confrontarlos directamente sino trabajar mejor con nuestros aliados democráticos y con nuestros vecinos amistosos'.El Plan México es visto como una oportunidad histórica para que Estados Unidos gane mayor autoridad ante su vecino del sur y lo utilice como plataforma en la batalla ideológica contra Venezuela, Cuba et al. Esta es una estrategia peligrosa y mal pensada para desarrollar relaciones internacionales en la región, donde el respeto mutuo y la autonomía deberían ser los principios rectores de una paz duradera. También pone en riesgo las relaciones de México con sus vecinos del sur.Las fuertes relaciones internacionales deben basarse en mecanismos de cooperación entre naciones cuyas políticas de seguridad nacional estén definidas por sus necesidades. Lo que tiene preocupados a los legisladores y a la sociedad civil en ambos lados de la frontera es el alcance del Plan México para reformular la relación bilateral y crear un 'nuevo paradigma de la cooperación y la seguridad', como es calificada por la administración Bush.Oposición al Plan MéxicoA pesar de faltar información pública muchas organizaciones se han opuesto en contra de la Iniciativa Mérida. Una de las críticas más severas y frecuentes, además de las referidas sobre la eficacia del modelo contra el narcotráfico, tiene relación con los pobres antecedentes en la defensa los derechos humanos y la corrupción de las fuerzas de seguridad mexicanas, receptoras directas de los fondos. Numerosas organizaciones de derechos humanos en los dos países se han opuesto al plan por la existencia de claras violaciones a las garantías fundamentales que nunca han sido investigadas o sancionadas en México. Existen varios ejemplos para ilustrar sus preocupaciones:1. En una carta fechada el 30 de abril de 2008 y dirigida a William Delahunt del Subcomité de Relaciones Internacionales, Derechos Humanos y Supervisión de la Cámara de Representantes, el organismo gremial AFL-CIO declaró su oposición a la Iniciativa Mérida por la 'sistemática y a menudo agresivas violaciones a los derechos laborales básicos', citando dos casos específicos. Primero, el asesinato del líder campesino perteneciente al Foro Laboral Obrero Campesino en México, Santiago Rafael Cruz. Las autoridades no dieron seguimiento a evidencias que indicaban vínculos entre las actividades sindicales y su asesinato. Segundo, 'un ataque a gran escala en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros' por la administración Calderón y la compañía minera Grupo México, donde tres sindicalistas fueron asesinados y las autoridades no llevaron acabo ninguna investigación o detención. Se omitieron las indagatorias sobre la responsabilidad de la compañía en la muerte de 65 mineros víctimas de una explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006.[33]La carta declara que 'sin mejoras concretas y significativas a los mecanismos institucionales para erradicar a los criminales, en la capacitación de instituciones de justicia sobre derechos humanos y supervisión ciudadana, es probable que los fondos adicionales empeoren la corrupción y la violencia'.2. Las protestas ciudadanas del año 2006 -que convocaron a maestros sindicalizados, estudiantes, indígenas y desposeídos- en el sureño estado de Oaxaca, reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado y la federación. Los grupos paramilitares y francotiradores a sueldo también participaron en un esfuerzo orquestado para derrotar al movimiento que solicitaba la destitución del gobernador del estado, Ulises Ruiz, acusado por fraude y hechos violentos, y la mejora en las condiciones laborales de los docentes en las comunidades donde laboran. Organizaciones en defensa de los derechos humanos documentaron la muerte de 23 personas y numerosos casos de abusos, torturas, detenciones arbitrarias y procesos penales infundados. Los asesinatos de líderes del movimiento siguen hasta estas fechas y el conteo de bajas es de 62 personas, según reportes de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos.[34] Entre los muertos se encontraba el periodista de origen estadounidense Brad Will que filmó a sus verdugos antes de morir. Estas evidencias no fueron suficientes para convencer al estado de Oaxaca e iniciar una investigación seria, tampoco sirvieron para procesar a los autores materiales de estos delitos. Finalmente la Procuraduría General de la República cerró el caso. Varios organismos de Estados Unidos se oponen a que las fuerzas de seguridad mexicanas sean beneficiadas con recursos monetarios citando este caso sin resolver.Entre otros hechos de alto perfil es posible incluir los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; los homicidios, torturas y violaciones contra manifestantes bajo custodia policial en la comunidad de San Salvador Atenco,[35] Estado de México, en mayo de 2006; la periodista Lydia Cacho, arrestada y amenazada por redactar un libro revelador sobre el papel de empresarios y políticos en un círculo pederasta.Desde que fue despachada a enfrentar la guerra contra las drogas, el ejército mexicano ha acumulado un alarmante número de quejas por la violación de garantías fundamentales, incluyendo incidentes fatales en retenes, violaciones sexuales y abuso de autoridad. El Reporte 2007 de los Derechos Humanos en México redactado por el Departamento de Estado [36] denuncia 'ejecuciones por elementos policiacos; secuestros hechos por estos agentes; abusos físicos; condiciones deplorables y miserables en las prisiones; detenciones y arrestos arbitrarios; corrupción, ineficiencia y opacidad en el sistema judicial; confesiones obtenidas por medio de agresiones físicas y admitidas como pruebas en los juicios;… corrupción en todos los niveles de gobierno; …violencia, incluido asesinatos contra mujeres…'.En febrero y marzo de 2008 la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos investigó la situación de las violaciones a las garantías fundamentales en los estados sureños de Chiapas, Oaxaca y en la comunidad campesina de San Salvador Atenco. La comisión llevo a cabo 650 entrevistas con las víctimas de los abusos y concluyó: 'Los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas ejemplifican una situación más general, caracterizada por un patrón de comportamiento continuado y común a las distintas autoridades federales, estatales, y en algunos casos municipales. Dicho modelo de actuación puede ser entendido como una auténtica política de Estado'.El argumento de los grupos opositores al Plan México no es que este país no merezca el paquete asistencial ante el deplorable estado del sistema judicial y de procuración de justicia, como si se tratara de una recompensa por el buen o mal comportamiento. El problema es el tipo de ayuda concebida en el plan. Apoderar y enriquecer a las instituciones corruptas y abusivas antes de reformarlas dará más poder a los abusadores; profundizará y consolidará la corrupción.Una de las organizaciones más respetadas de derechos humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, afirma 'la Iniciativa Mérida está caracterizada por la inexistencia de una visión de los derechos humanos; es un enfoque de seguridad nacional que confunde la seguridad de los Estados con la seguridad de los seres humanos… ya es hora de que la comunidad internacional deje de apoyar políticas de cortas miras como esta'.La necesidad de un plan diferenteMéxico se encuentra en una disyuntiva crítica: Sus débiles instituciones democráticas han sido sacudidas y desacreditadas por una inadecuada respuesta a la polarización electoral y a una amplia desigualdad social que destina a millones a vivir en la pobreza o a emigrar. Los abusos contra los derechos humanos seguirán caracterizando a gran parte de las agencias de seguridad pública. El sistema de justicia seguirá vinculado intereses poderosos al no ser independiente de los gobiernos estatales y la federación. Los mexicanos pueden afrontar el reto de fortalecer las instituciones democráticas o pueden caer de lleno en el dominio de la fuerza y el autoritarismo. La Iniciativa Mérida podría convertirse en un retroceso potencialmente devastador.A pesar de la grave condición enfrentada por este país aún se requiere un diagnóstico cuidadoso de la situación, ya que se enfrenta con un problema real: la fortaleza de los cárteles de la droga en México y los Estados Unidos. En ese sentido el plan propone soluciones que repiten la lógica de la fuerza y el control patriarcal en el cual confían los cárteles. Luego aplica estas soluciones tanto a una batalla sangrienta contra los narcotraficantes como a riesgos complejos de seguridad enraizados profundamente en la sociedad mexicana.Antes de poner al ejército en las calles, con todas las consecuencias legales, políticas y prácticas que lleva implícito, el dramático incremento en el consumo de drogas debería ser tratado como una epidemia de salud pública y atendida con la educación, opciones para los jóvenes y programas de rehabilitación.La guerra contra las drogas de Calderón establece la construcción de centros de tratamiento pero el Plan México centra sus acciones en la oferta y en la criminalización. El principal resultado hasta el momento es la violencia desatada en casi todas las regiones del país. La muerte, captura o extradición de los capos provocó una serie de confrontaciones armadas por el poder y nuevas guerra territoriales. Mientras tanto, no queda claro si el precio y la disponibilidad de las drogas ilegales fueron afectados en los mercados estadounidenses y mexicanos.Tanto Estados Unidos como México deben oponerse a las políticas con focalizada en solucionar militarmente la adicción compartida a las drogas. Irónicamente, la única parte efectiva del programa antidroga del presidente Richard Nixon –la expansión de servicios de rehabilitación– ha sido la medida menos imitada. Los fuertes brazos de los policías-militares y la 'guerra contra las drogas' no sólo han fracasado sino que son una amenaza a los valores sociales que pretende defender. La prioridad debería ser el desarrollo de planes nacionales y mecanismos de coordinación bilateral funcionales, cuyos efectos secundarios (como la militarización, los abusos contra los derechos humanos y la sofisticación de los criminales) no cancelen los efectos positivos. Si algo sabemos sobre escalar un conflicto es que no importa a qué lado armemos; las armas terminarán en ambos lados y la violencia se disparará.La gran visión de la Iniciativa Mérida refleja el enfoque policiaco-militar de la administración Bush respecto a los temas de seguridad internacional, en el momento preciso en que las estrategias han tocado el fondo de la popularidad en los Estados Unidos. Cualquier administración entrante debe tener la libertad de desarrollar nuevas y más efectivas políticas para uno de sus vecinos más cercanos en vez de cerrarse dentro de políticas fallidas e impopulares de la administración saliente.Muchas organizaciones por los derechos humanos de México y los Estados Unidos ya han declarado su oposición a la Iniciativa Mérida, incluyendo el AFL-CIO, organización sindical estadounidense con más de diez millones de afiliados. Ahora la iniciativa pasa a un comité conjunto conformado por miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Aún existe la posibilidad de exigir una revisión más crítica y más cuidadosa del Plan México. En lugar de aplicar la fracasada política exterior de Bush en las relaciones con nuestro vecino al sur, un plan binacional efectivo debe enfrentar las causas primigenias de los problemas, desarrollar mecanismos de coordinación basados en el respecto mutuo, y a asumir plenamente las responsabilidades de Estados Unidos en su propio territorio.

CARTONES DE LA JORNADA






A Calderón y Mouriño sólo les interesan los negocios: AMLO

Mientras el “gobierno usurpador autorizó la importación de 500 millones de pies cúbicos de gas a Repsol, que le dejará como ganancia a esta empresa 15 mil millones de dólares, en Cantarell se queman diariamente 800 millones de pies cúbicos de ese energético; esto deja en claro que el interés es el negocio para satisfacer su hambre de dinero y deja en segundo término cualquier acción en bien del pueblo”, aseguró ante brigadistas en defensa del petróleo Andrés Manuel López Obrador.

El político tabasqueño informó que el “negocio” de Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño con Repsol fue entregarle un contrato sin licitación para importar gas desde Perú, que ya trasladado al puerto de Manzanillo tiene un costo de 6 mil millones de dólares, mientras el contrato con la empresa española fue por 21 mil millones, “lo que deja para los empresarios españoles y sus aliados en el gobierno mexicano ganancias multimillonarias”.

Ante cientos de personas, López Obrador acusó a Felipe Calderón de defender los intereses más oscuros del sindicalismo mexicano, como es el caso del líder petrolero Carlos Romero Deschamps, “con quien está de acuerdo para la privatización de Pemex, aunque eso represente la pérdida de empleos”, así como con Elba Esther Gordillo, “que ha sido nefasta para el magisterio”.

Por ello, llamó “a no confundirse”, porque entre el PRI y el PAN no hay diferencia.
“Ambos son aliados cuando se trata de aprobar medidas que van en contra de los intereses populares; así sucedió con la privatización de Teléfonos de México, bancos, carreteras, energía eléctrica, y es lo que pretenden hacer ahora con el petróleo; para ello siguen la misma estrategia; si con Telmex aseguraron que iban a bajar las tarifas y nos amenazaron diciendo que sin la participación de la iniciativa privada nos íbamos a quedar sin luz, hoy nos dicen que con el petróleo no tenemos otra salida que la privatización, pero todos sabemos ahora que en México privatización es igual a corrupción”.

Por esto, dijo, al “gobierno usurpador” le causa tanta molestia el movimiento en defensa del petróleo, mismo que no han podido destruir a pesar de los medios electrónicos de comunicación.
“¿Qué se les puede reprochar a quienes, engañados por la propaganda, votaron por el PAN o por el PRI?”, preguntó el tabasqueño a los brigadistas.
“¡Nada! En 18 meses lo que hay es incremento en los alimentos y una inseguridad en el país como no se había visto nunca; se es políticamente indestructible si hay principios e ideales, y eso lo tenemos nosotros”, les dijo a los brigadistas para llamarlos luego a no cejar en el esfuerzo por la defensa del petróleo y la búsqueda de un cambio real para el país.

Aquí, en Campeche, condenó el papel “de lambiscón” del gobernador Jorge Carlos Hurtado, quien se adelantó a manifestar su apoyo por la privatización de Pemex. Sostuvo que sólo con el apoyo del gobierno de Calderón puede entenderse la existencia de líderes como Romero Deschamps y Gordillo Morales, y también la existencia de gobernadores como el de Campeche, “aunque en este caso en un papel más lamentable, porque al ser empleado de Mouriño termina siendo el pelele del pelele del pelele”.

Por la tarde, ante unos 5 mil tabasqueños reunidos en el municipio de Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador condenó la “actitud entreguista” del gobernador Andrés Granier Melo, quien no sólo se manifestó en favor de la iniciativa de Felipe Calderón, sino que redujo los recursos que se le entregaban a los adultos mayores de 700 a 500 pesos mensuales, con el argumento de que se requería de 350 millones de pesos.
“Debió recortarle a los 600 millones de pesos que le da anualmente al periódico Presente, del que es copropietario Ignacio Cobo, un empleado de Carlos Slim, en lugar de castigar más a los que más apoyo necesitan”.

Se realizará la consulta sobre Pemex, responde Ebrard a Mouriño y Creel

■ Ya son más de 300 ciudades y unos 17 estados los que han pedido información al respecto


■ Recomienda al secretario de Gobernación leer el 26 constitucional, “porque lo trae perdido”
Ángel Bolaños Sánchez



La fuerza del aparato del Estado no impedirá que se imponga la fuerza de la razón, porque en una democracia el pueblo es el que decide, respondió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Santiago Creel Miranda, quienes arremetieron en contra de su propuesta de realizar una consulta ciudadana sobre la reforma energética.

“De que va a haber consulta el 27 de julio, la va a haber”, afirmó en entrevista durante una gira de trabajo por la delegación Gustavo A. Madero, donde aprovechó para llamar a los capitalinos a participar en ese ejercicio.
“No necesitamos pedir permiso para consultar al pueblo”, añadió. Aseguró que el sondeo no sólo se hará en la ciudad de México, pues ya son más de 300 ciudades y unos 17 estados los que han pedido información sobre la consulta.


Luego de que Mouriño consideró “ilegítima” la figura de la consulta ciudadana dentro de la Constitución, y de que Creel la llamó “un engaño para retardar la reforma”, el jefe de Gobierno respondió al primero –porque “lo trae perdido o no lo ha leído”– que el artículo 26 constitucional establece como facultad del Ejecutivo federal convocar a una consulta nacional sobre los temas de la planeación y el desarrollo del país, mientras que al legislador panista le recordó la época en la que promovió los instrumentos de la democracia directa, como el plebiscito y la consulta ciudadana.



Leyó enseguida un fragmento del citado artículo constitucional:


“La ley faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular”, y añadió el capítulo cuarto de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, artículo 42, donde se dice que la consulta
“es el instrumento a través del cual el jefe de Gobierno, las instancias de la administración pública del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Ciudadana y/o el Comité Ciudadano, por sí o en colaboración, someten a consideración de la ciudadanía, por medio de preguntas directas, foros o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales en el Distrito Federal”.


Por ello, Ebrard advirtió que la oposición del gobierno federal a la consulta “no es un problema de legalidad, sino de voluntad”.



–¿Cómo va a contrarrestar toda la fuerza del Estado que se está imponiendo en contra de la consulta que propuso? –se le preguntó al jefe de Gobierno.


–La consulta del Distrito Federal va a ir, y en otras ciudades, no tengo la menor duda y la razón nos asiste. Sabemos que en el gobierno federal tienen muchos instrumentos, mucho dinero, que se van a oponer, pero no lo van a poder impedir.


Entonces, la fuerza de la razón va a ser más que la fuerza del aparato.


El mandatario capitalino se dijo sorprendido por la reacción del gobierno federal y acusó también la arrogancia de funcionarios de Pemex, quienes han ido a decir a los debates que realiza el Senado sobre la iniciativa de reforma energética, que el pueblo no puede opinar porque es un asunto muy complicado.


“Al rato no van a querer tampoco que elijamos a nuestros gobernantes, porque es muy complicado”, advirtió.


Dijo que si el temor de consultar a la población es salir derrotados, un punto principal del sistema democrático es que siempre que se hace una propuesta se debe estar dispuesto a retirarla si no funciona y buscar otra opción.


Antes, llamó a la gente a comprometerse en la defensa del petróleo por medio de la consulta, como lo hicieron los mexicanos en 1938, al defender la expropiación petrolera, porque “si ellos no se hubieran armado de valor como lo hicieron, el país no sería lo que es hoy”.