sábado, 26 de julio de 2008

Antirretrovirales, esperanza de vida

Reuters
Washington, 25 de julio. Los cocteles de medicamentos contra el VIH ayudan a los pacientes a vivir muchos años más, si tienen la suerte de recibirlos, indicaron expertos.
Una persona que comenzó a tomar los fármacos a los 20 años podría, en promedio, esperar vivir otros 43 años, informaron los investigadores en la revista médica The Lancet.
El equipo observó varios estudios sobre pacientes que viven en Estados Unidos, Canadá y muchos países europeos y que reciben combinaciones de medicación, algo que se conoce como terapia antirretroviral.
Robert Hogg, del Centro British Columbia para la Excelencia en VIH/sida en Vancouver, Canadá, y sus colegas observaron a 43 mil pacientes de 14 estudios diferentes.
“Entre 1996-99 y 2003-05 hubo un aumento de 13 años en la expectativa de vida para aquellas personas con dos décadas de edad; también se observaron incrementos similares en las de 35 años”, escribieron los autores.
“Una persona que comienza una terapia combinada puede esperar vivir unos 43 años más a los 20, unos dos tercios de lo que espera la población general en esos países”, añadieron. La esperanza de vida promedio a los 20 años, sin tener VIH en esos países, sería de 80, indicaron los expertos.
Los pacientes tratados más tarde por sus infecciones y aquellos infectados por consumo de drogas inyectables no viven tanto como aquellos que reciben terapia antes, reveló el equipo.
El virus del sida infecta a alrededor de 33 millones de personas en todo el mundo y ha causado la muerte de 25 millones desde que se inició la pandemia, en la década de 1980.
Si bien no existe una vacuna ni cura, los medicamentos pueden suprimir el virus y permitirle a los pacientes llevar una vida casi normal. Sin tratamiento, el virus destruye el sistema inmune, lo que vuelve a los pacientes susceptibles a las infecciones y al cáncer.
Combinaciones
Más de 20 fármacos están actualmente disponibles en el mercado y pueden combinarse de varias maneras para controlar el virus, el cual suele mutar, por lo que los pacientes deben cambiar de régimen terapéutico para mantenerlo bajo control.
Las compañías farmacéuticas han desarrollado píldoras combinadas para facilitar el cumplimiento de la terapia.
Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, casi 3 millones de personas en los países en desarrollo consumen actualmente medicinas contra el VIH, es decir, alrededor de 70 por ciento de quienes necesitan la terapia.
Entre los fabricantes de esos fármacos se encuentran GlaxoSmithKline –que ayudó a financiar el estudio publicado en The Lancet–, Gilead Sciences, Roche, Pfizer, Merck, Bristol-Myers Squibb y Abbott Laboratories.
El VIH puede transmitirse por vía sexual, sanguínea, por uso de drogas inyectables y de madre a hijo en el parto o a través del amamantamiento.
En un segundo estudio aparecido en la misma revista, Robert Bollinger, de la Johns Hopkins University en Baltimore, y un equipo internacional de colegas reveló que administrar el medicamento Nevirapina diariamente a los bebés lactantes hasta las seis semanas de vida podría protegerlos.
Un estudio con casi mil 900 bebés mostró que darles el fármaco por unas semanas, en lugar de una sola dosis a la madre durante el parto y al bebé apenas después de nacer, redujo las tasas de infección un 46 por ciento.
Los médicos creen que los beneficios de la lactancia compensan los riesgos en los países pobres, donde es difícil obtener agua potable o fórmula para los niños.
Condones, básicos
Por otro lado, investigadores alertaron que las infecciones con VIH podrían cuadruplicarse en los próximos 10 años si las personas con el virus que toman antirretrovirales se vuelven displicentes y dejan de usar preservativos.
La advertencia, publicada en The Lancet, llega luego de que la Comisión Federal Suiza sobre VIH/sida señalara a comienzos de año en un controvertido comunicado que las personas seropositivas en tratamiento efectivo no infectaban sexualmente a otras. Pero expertos australianos destacaron que si bien el riesgo de transmisión de los pacientes en terapia efectiva es bajo, no sería cero.
“Factores como la adherencia incompleta a la terapia o la presencia de otras infecciones de transmisión sexual podrían incrementar el riesgo de contagio del VIH”, escribió el equipo.
“Una falsa sensación de seguridad conduciría a un menor uso de condones, como se documentó en un estudio conductual entre hombres que tienen relaciones con personas de su mismo sexo en Australia”, agregaron los investigadores.
Las infecciones con VIH han estado aumentando entre los varones homosexuales en varios países en los años recientes, pese a las altas tasas de tratamiento, algo que suele atribuirse a la disminución en el uso de los preservativos.
Por medio de modelos matemáticos, el equipo del Centro Nacional de Epidemiología e Investigación Médica sobre VIH en Sidney demostró que, mientras que el riesgo de transmisión de VIH de las personas en tratamiento es relativamente bajo en cada contacto sexual, el peligro sería sustancial luego de varias relaciones sexuales.
Los expertos basaron sus cálculos en 10 mil parejas, en las cuales uno de los miembros era VIH-positivo, que tuvieron 100 encuentros sexuales sin protección por año durante 10 años.
“La cantidad esperada de infecciones con VIH sería de 215 en el caso de las transmisiones de mujer a hombre, 425 en las transmisiones de hombres a mujeres y de 3 mil 524 en los contagios hombre a hombre, lo que corresponde a un aumento de cuatro veces en la incidencia, comparado con la incidencia bajo las actuales tasas de uso de preservativos”, escribieron.
Jonathan Anderson, presidente de la Sociedad Australiana de Medicina sobre VIH, manifestó que la declaración suiza era equivocada. “Cuando la carga viral disminuye en la sangre gracias a los antirretrovirales, no descendería en el semen o en los fluidos vagin

Criminales, los precios en México de medicamentos contra el VIH

El VIH/sida debe ser declarado una emergencia nacional para lograr la reducción de los precios de los medicamentos antirretrovirales, así como para impulsar una estrategia de prevención como la mejor alternativa para detener la epidemia, aseguró Arturo Díaz, coordinador del Comité Técnico de Vigilancia Ciudadana (Mexsida).
Señaló que es criminal lo que hacen los laboratorios farmacéuticos en México, con precios hasta cuatro veces más altos que en otros países que tienen el mismo nivel de ingreso, y recordó que desde hace ya varios años las organizaciones civiles han denunciado esta situación. Por ello festejó que finalmente la Secretaría de Salud (Ssa) haya decidido poner una queja.
No obstante, dijo, el problema de la epidemia no se limita sólo a los precios, sino a la carencia de una ley general de sida, que obligue al gobierno federal en su conjunto a aplicar medidas que contribuyan a detener la propagación de la enfermedad.
Esto implica la participación de otras secretarías, además de la Ssa, para instaurar, entre otros, programas de enseñanza sexual integral desde la Secretaría de Educación Pública, y de compensación social en la Secretaría de Desarrollo Social porque resulta que los enfermos tienen acceso universal y gratuito a las medicinas, pero no tienen para comer porque tampoco tienen empleo.
El activista recordó que las cifras oficiales calculan en 180 mil el número de personas que son portadoras del VIH, la mayoría asintomáticas, por lo que desconocen su contagio. Sin embargo, dentro de algunos años desarrollarán la enfermedad y requerirán tomar las terapias antirretrovirales.
Sin duda que eso impactará las finanzas públicas, pero igual lo hará la falta de prevención. De hecho, resaltó Díaz, si hoy el país invierte 4 mil 500 millones de pesos en la compra de antirretrovirales para alrededor de 42 mil enfermos, es porque en 25 años no ha habido campañas efectivas para evitar la transmisión del virus.
Con respecto a los precios de los antirretrovirales, Arturo Díaz, también vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Conasida) planteó que su reducción se tiene que dar por la vía de la negociación con la industria, tomando como base la experiencia de otros países y con el apoyo de expertos que han trabajado en el tema. En cualquier caso, subrayó, se debe garantizar la calidad de las medicinas.
En el ámbito interno, dijo, se requiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “ponga orden” en sus compras y termine con las disparidades de precios entre delegaciones, así como con las compras emergentes que implican un gasto mayor, pero que sólo deberían darse en situaciones extraordinarias. Lo que se ha visto, indicó, es que en algunas clínicas y hospitales esta es una práctica recurrente.
Sobre el mismo tema, Patricia Campos, representante en México de la Fundación para el Cuidado de la Salud, organización civil de Estados Unidos, comentó sobre la campaña que junto con más de 70 personas y agrupaciones de la sociedad civil comenzaron hace unas semanas en México para denunciar los altos precios de los antirretrovirales.
Dijo que los laboratorios farmacéuticos “le han enterrado uñas y dientes” al país, bajo el “desgastado argumento” de la protección de patentes.
Señaló que los márgenes de ganancia de la industria son muy elevados y lo comprueba el simple hecho de que en otros países venden los mismos productos con precios hasta cuatro veces más bajos que en México.
La especialista, ex directora del programa de VIH/sida en Jalisco, comentó que como parte de su estrategia le han solicitado al laboratorio Merck Sharp and Dohme (MSD) que informe sobre las razones por las que no ha solicitado el registro en México de un medicamento (Atripla) con el que, además de disminuir el precio en 75 por ciento, se lograría una mayor adherencia de los pacientes al tratamiento.
Patricia Campos mencionó que MSD informó en febrero de 2007 que presentaría la solicitud de registro del producto en los países en vías de desarrollo. Actualmente ya lo vende en algunas naciones, pero no en México, reprochó.
El medicamento contiene tres sustancias (tenofovir, emtricitabina y efavirenz), las cuales conforman una de las terapias de mayor uso entre las personas que viven con VIH/sida. Al comprarlas por separado, el gasto es de 4 mil 300 dólares al año por paciente, mientras que en una sola pastilla, el monto baja a mil dólares anuales por enfermo.
Abasto garantizado
Para el control del VIH/sida están disponibles en México una veintena de medicamentos antirretrovirales, los cuales son fabricados por los siguientes laboratorios farmacéuticos:
–Merck Sharp and Dohme (MSD)
–Bristol-Myers Squibb
–Roche
–Stendhal
–Abbott
–Glaxo SmithKline (GSK)
–Boehringer-Promeco
–Janseng-Cilag

Todo listo para la encuesta, afirman GDF y ALDF

Ángel Bolaños Sánchez y Gabriela Romero Sánchez
Con una expectativa de alta participación ciudadana, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) se declararon listos para la consulta sobre la reforma energética de mañana domingo.
En el transcurso de este día concluirá la distribución de la paquetería electoral a las 40 sedes distritales, y se capacitó a la totalidad de los responsables de los dos mil 841 centros receptores de opinión.
El secretario de Gobierno capitalino, José Ángel Ávila Pérez, y los diputados perredistas Humberto Morgan, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, y Agustín Guerrero, secretario de la Comisión de Gobierno, ambos de la ALDF, señalaron que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reafirma la legalidad y legitimidad de esta consulta.
Los legisladores locales remarcaron que con esto se pone fin a las especulaciones sobre la validez de la consulta ciudadana. “Ya no hay ningún instrumento al que pudieran recurrir para demeritar este ejercicio democrático, fracasó la campaña de denostación del gobierno federal y de Acción Nacional; la gente cada día les cree menos”, acotó Guerrero Castillo.
A su vez, Ávila Pérez informó que para dar certeza y seguridad al proceso participarán 80 notarios públicos para certificar el manejo de los paquetes, el desarrollo de la jornada y el conteo de los resultados, en tanto que participarán 75 prestigiadas personalidades y 25 organizaciones civiles como observadores ciudadanos.

Agustín de Iturbide convocó a la primera consulta popular en México

A pesar de su fama de tirano, “Agustín de Iturbide convocó a la primera consulta popular que hubo en México. Esta se realizó el 22 de marzo de 1822 y su finalidad principal fue saber si la gente quería vivir en una monarquía o en una república”, recuerda el historiador Rodrigo Borja, estudioso de las gestas del México independiente.
Sólo Texas, Coahuila y Guanajuato, agrega, se inclinaron por la república. Entre los documentos que se conservan como prueba de aquel ejercicio, “está la respuesta que (Antonio López de Santa Anna) mandó desde Veracruz, diciendo sí a la monarquía”.
Como presidente de la “Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio”, que había asumido el control del país luego de la proclamación de la Independencia el 27 de septiembre de 1821, Iturbide, añade Borja, “envió 18 preguntas a los jefes militares y civiles de los distritos en que se dividía el territorio nacional, para que recabaran las opiniones de los hombres ilustres de cada localidad”.
La convocatoria, continúa, “fue expedida el 21 de enero de 1822 y la consulta se celebró el 22 de marzo, es decir, cuando no había pasado siquiera un semestre completo desde que México logró su independencia política. Me llama la atención que siendo Iturbide un tirano, haya estado a favor de un ejercicio como éste, mientras que Felipe Calderón y los panistas, quienes se dicen democráticos, se opongan a la consulta sobre el futuro de Pemex”, subraya Borja.
“A mí no me simpatiza Iturbide, pero me parece notable que en una época en que no existían los sondeos de opinión, haya decidido preguntar lo siguiente”, enfatiza y enumera: “1: ¿Cuál es el sistema de gobierno que desea tomar la parte más sana del pueblo? 2: ¿Qué se dice de la Regencia actual? 3: ¿Se desea nueva Regencia? 4: Si se tratase de nombrar otra Regencia, ¿de cuántas personas se considera deberá constar, y cuáles son las designadas por la opinión pública?”
El historiador prosigue: “El segundo bloque inquiere más bien acerca de la estructura y el funcionamiento del aparato de Estado. Pregunta 5: ¿Se cree que el ejército debe permanecer con la fuerza que tiene, o se debe aumentar, o disminuir? 6: ¿El establecimiento de la Milicia Nacional ha sido bien recibido (o) se considera útil o perjudicial?”
La 7, observa el estudioso, “es muy moderna. Dice: ¿Se habla de haber partidos en el Congreso? ¿Por cuál está la opinión general? Luego, la 8 intenta medir el grado de aprobación de la alta burocracia: ¿Qué concepto se tiene del Ministerio, y de los empleados en los primeros destinos? La 9 es precursora de los heads hunters, que puso de moda Vicente Fox, no con buenos resultados por cierto: ¿Qué hombres hay en la actualidad en esa Provincia, que sobresalen por sus talentos, virtudes e importancia, y qué conducta observan, obscura o popular?”
Sin apegarse a ninguna metodología ni mucho menos, resalta Borja, Iturbide preguntó asimismo: “10: ¿Cuál es la opinión más general del clero secular y regular? 11: ¿Cómo se administra en esa Provincia la Hacienda Pública? 12: ¿La tropa está en disciplina, o se observan desórdenes ocasionados por ella? 13: ¿Cuál es el estado de la Ilustración? 14: ¿Qué opinión se tiene de los Europeos? 15: ¿Qué se dice de España? 16: ¿Se forman comparaciones entre el gobierno anterior y el actual, y en tal caso, a favor de cuál está la opinión general? 17: ¿Qué ramos de administración son los más descuidados, cuáles son los mejor servidos? 18: ¿Qué providencias necesita esa Provincia con más urgencia, para su prosperidad actual y empezar a aumentar la futura?”
Por desgracia, lamenta el historiador, no se conoce el número exacto de participantes. “Sólo se conservan tres respuestas: la de un señor llamado Pedro Telmo, que vivía en Querétaro; la de un tal Martín Gómez, de Aguascalientes, y la que Santa Anna mandó desde Veracruz, diciendo sí a la monarquía. Cabe destacar que en aquellos tiempos, en México, casi nadie sabía qué era una república”.

Notifican posible asilo a periodista de Chihuahua

Ciudad Juárez, Chih., 25 de julio. Emilio Gutiérrez Soto, periodista chihuahuense que se encuentra arraigado en el Centro de Detención Migratoria de El Paso, Texas, en busca de asilo político en Estados Unidos, tras huir del territorio nacional, presuntamente por amenazas del Ejército Mexicano, recibió una notificación del gobierno de ese país, en la que se le informa que existen elementos pra aceptar su solicitud.
“Ya recibimos hoy una notificación de la Oficina de Asilo de Houston y después será más factible poder sacarlo del corralón”, aseguró Carlos Spector, representante legal del reportero de 44 años. Con el periodista, suman 645 personas de esta región las que buscan asilo político, entre ellos algunos jefes policiacos que han sido baleados en intentos de ejecución.
Sobre el caso de Gutiérrez Soto, Spector dijo que “su cliente trabajó hasta mayo de este año como corresponsal del periódico Diario en la zona noroeste de la entidad; su base estaba en el municipio de Ascensión, pero el 17 de junio cuando solicitó asilo político, con su hijo de 15 años, ambos fueron enviados al Centro de Detención y Deportaciones de El Paso, Texas, de la Patrulla Fronteriza. A partir de esa fecha no han podido verse, pues permanecen separados.
El 9 de mayo de este año, Gutiérrez Soto presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Ascensión, luego de que un grupo de 50 militares ingresaron a su casa de manera violenta, sin orden de cateo, causando daños y amenazándolo a él y su hijo, por lo que también presentó denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asimismo, está en el Centro de Detención de la Patrulla Fronteriza de El Paso el ex comandante de la policía municipal del poblado fronterizo Palomas de Villa Emilio Pérez, quien dijo que pidió protección a Estados Unidos “porque se dieron una serie de levantones por los comandos de sicarios”, y fue amenazado de muerte cuando trató de intervenir, al igual que los agentes a su mando, por lo que inmediatamente abandonaron sus puestos.
Junto con él fueron a El Paso varios agentes policiacos de quienes no se dieron sus nombres y también solicitaron asilo. De acuerdo con los registros en esa ciudad, en las oficinas de protección de fronteras y aduanas 63 personas han buscado protección en los puestos del oeste de Texas y Nuevo México, es decir en la zona fronteriza con Chihuahua.

Las comparecencias de Téllez y Carstens se harán en la casa de diputado panista

Roberto Garduño
La semana pasada los secretarios de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, de Medio Ambiente, de Desarrollo Social, y de Economía, entre otros, cancelaron sin argumentos de fondo las comparecencias que habrían de afrontar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con objeto de explicar el ejercicio del presupuesto de egresos para el presente año.
Días después, la comisión referida, que encabeza el panista Raúl Padilla, anunció que las comparecencias sí se celebrarán con la salvedad de que los encuentros con Agustín Carstens y Luis Téllez, secretarios de Hacienda y Comunicaciones, respectivamente, ocurrirán en la ciudad de Guadalajara y no en la sede del Congreso.
En la Comisión de Presupuesto se deslizó la idea de que el presidente de ese órgano legislativo, Raúl Padilla, habría invitado tanto a Carstens como a Téllez a reunirse con el pleno de legisladores que integran ese grupo en su casa, localizada en la capital del estado de Jalisco. De ser así, sería la primera ocasión en que un integrante del Congreso federal y que preside alguna comisión, realice un encuentro oficial, como una comparecencia, en su domicilio particular.
Resulta que la postergación unilateral de las comparecencias se fundamentó en que la mayoría de los funcionarios públicos se encontraban imposibilitados de asistir a la Cámara de Diputados. Tal posición fue respaldada y aceptada por el panista Padilla, quien el martes pasado dijo que los encuentros se reagendarían.
De tal forma y en acomodo de las agendas, los tiempos y los espacios de los funcionarios del gobierno calderonista, se establecieron fechas, a partir del 29 de julio para analizar el presupuesto 2008 y dar a conocer el avance físico, financiero y de desempeño de los programas presupuestarios, así como de la problemática para su ejecución y el impacto entre la ciudadanía.
El martes citado acudirán a la Comisión de Presupuesto los secretarios de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, y de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada. Un día después se presentará ante los legisladores Salvador Vega Casillas, secretario de Función Pública; el jueves harán lo propio la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y Abelardo Escobar, titular de la Reforma Agraria.
Para el 5 de agosto se agendaron las comparecencias de Eduardo Sojo, secretario de Economía, y Alonso García Tamés, director general de Banobras. José Ángel Córdova, y Rodolfo Elizondo, secretarios de Salud y Turismo, se presentarán en San Lázaro el jueves 7 de agosto.
Carstens y Téllez comparecerán ante los diputados en Guadalajara para explicar el estado que guarda el presupuesto 2008.

SERVICIO INFORMATIVO









Ciudad de México, 25 de julio de 2008

Servicio informativo núm. 487





Sumario:
I. En la consulta: no a la privatización, por Laura Itzel Castillo
II. Comparaciones entre la iniciativa de Felipe Calderón y la del PRI, por Mario Di Costanzo
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EN LA CONSULTA: NO A LA PRIVATIZACIÓN
por Laura Itzel Castillo, secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México
(publicada en El Gráfico el 23 de julio de 2008

La propuesta de reforma energética de Felipe Calderón no tiene futuro. Está derrotada. Pero eso no significa que el oficialismo y sus cómplices abandonen su temeraria intención. Ya lo anunció Manlio Fabio Beltrones: el PRI presentará hoy su proyecto. Incluso, se atrevió a pronosticar el camino que habrá de seguir: en agosto el dictamen, en septiembre la presentación al pleno, y ese mismo mes su aprobación. Según los escribanos del régimen el PAN se sumará, e incluso una parte de la oposición de izquierda.
Pretenden distraer con su maniobra. Primero: una declaración de intención no significa que la propuesta prospere (como se pudo constatar en abril, cuando las acciones de resistencia civil pacífica impidieron la aprobación de esta reforma entreguista). Segundo: se trata de la misma gata, aunque algo revolcada.
Lo importante es la consulta ciudadana convocada para este domingo 27 de julio en el Distrito Federal y en varias entidades de la República, con lo que se deslegitimará aún más el proyecto privatizador. La derecha lo sabe. Por eso le teme y la descalifica. Pero ni con toda la propaganda tramposa por televisión, en la que han gastado varios miles de millones de pesos, logran que la opinión pública los apoye.
La propuesta del PRI de seguro eliminará algunos de los aspectos más negativos de la opción original, pero insistirá en lo principal: la participación del capital privado —fundamentalmente extranjero— en nuestra industria petrolera. Tienen demasiados compromisos como para abandonar tan jugoso botín.
Hay que recordarlo: quienes en la actualidad pretenden entregar nuestra riqueza petrolera a las trasnacionales, son los herederos del pequeño grupo que se convirtió en partido político, en los años 30 del siglo pasado, para oponerse, precisamente, a la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas. Ese es el origen del PAN, hoy en contubernio con los tecnócratas del PRI.
Cambian los nombres y las épocas, pero lo que no cambia es la mentalidad de vasallos que tienen los vendepatrias. Como en los tiempos del emperador Maximiliano, los descendientes de Miramón y Mejía creen que somos incapaces de regir nuestro destino como nación libre e independiente. Están convencidos de que requerimos de la tutoría extranjera. Se olvidan que, como ayer, mujeres y hombres dignos impediremos la entrega de nuestra soberanía. El paso del tiempo engrandece la figura del presidente Benito Juárez. Y el peso de la historia condena a los traidores.
Por esto el próximo domingo 27 de julio en la consulta ciudadana la respuesta debe ser no a la participación de empresas privadas en la industria petrolera y no a la reforma entreguista de Calderón. Pemex sí, PEUSA no.
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COMPARACIONES ENTRE LA INICIATIVA DE FELIPE CALDERÓN Y LA DEL PRI
por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México
El proyecto de reforma energética presentado por el PRI, no es más que el replanteamiento del proyecto calderonista, e implica la privatización de Petróleos Mexicanos, pero por la “puerta de atrás”.
La propuesta de Felipe Calderón se propone la modificación o creación de 6 ordenamientos que son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (4) Ley Orgánica de la Administración Pública, (5) Ley de la Comisión del Petróleo y (6) la Ley de Derechos.
El proyecto priista se propone la modificación o creación de 9 ordenamientos, los cuales son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) (4) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (5) Ley Orgánica de la Administración Pública, (6) Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, (7) la Ley Federal de Entidades Paraestatales, (8) la de Obras Públicas, (8) la de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y (9) la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.
De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, del análisis y comparación de ambos proyectos se puede observar claramente que presentan las mismas deficiencias, siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.
Esta diferencia, en forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, ya que las demás cuestiones relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto Felipe Calderón, por lo que, al final de cuentas, se puede concluir que las diferencias son de forma y no de fondo.
Para mostrar lo anterior, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, pero con la única diferencia de que mientras la propuesta de Felipe Calderón lo hace de manera directa, la presentada por Manlio Fabio Beltrones (PRI) lo hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, mismos que en esencia son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece, entre otras cosas, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.
Es decir, Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y añade que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.
El PRI ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”, añadiendo: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.
Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aun cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc.) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.
Es decir y a manera de ejemplo, Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero. En tal virtud, estas refinerías, ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión, podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva en cualquier porcentaje de participación porque, al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la renta petrolera a la iniciativa privada.
Por lo que respecta a temas relevantes en ambas propuestas, se observa lo siguiente:
Órgano de Gobierno:
Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del gobierno, incluyendo al presidente, y por 5 representantes del sindicato, es decir, 11 en total.
Dentro de los 6 representantes del gobierno, se encuentran los secretarios de: Energía, quien además es el presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Cabe destacar que este Consejo de Administración cuenta también actualmente con la figura de un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y a su vez es el titular del Órgano Interno de Control de la empresa.
Aquí conviene mencionar que es este Consejo de Administración y los anteriores quienes por lo pronto tendrían que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa Pemex, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.
Más aún, la conformación actual del Consejo de Administración conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las mejores prácticas de gobierno corporativo.
Así, por ejemplo, el hecho de que el secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaría de Hacienda es quien determina año con año la carga fiscal de Pemex o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.
El conflicto de interés existe, ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del gobierno federal, pero también en el caso particular del secretario de Hacienda habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo, cuando se toca el tema de la carga fiscal de Pemex, él apoya su disminución o su incremento, ya que a él mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.
Es decir, él asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello él no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.
Este tipo de situaciones no son corregidas por ninguna de las dos propuestas, ya que ambas buscan tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo federal.
Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos, puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento).
Estos consejeros profesionales no representan al Estado, puesto que Estado y gobierno federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal; para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo federal, aunque tengan que ser ratificados por el Senado.
Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser consejero profesional son exactamente los mismos que los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.
Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de Pemex, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de Pemex, salvo por el hecho de que éstos, por el simple hecho de ser secretarios de Estado, automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de Pemex.
Más aún, la propuesta de Beltrones generaría más “elite burocrática” al establecer un consejo de administración para cada “filial estratégica”.
La del PRI al igual que la del PAN, amplía las facultades del Consejo de Administración, quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.
Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.
En ambas iniciativas se establece que el nuevo Consejo de Administración contará para su funcionamiento con el Comité de Transparencia y Auditoría.
Este Comité propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación; asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.
En materia de auditoría, tendrá, entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo, proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.
Ambas iniciativas establecen directa o indirectamente que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que las iniciativas señalan que, como se sabe, la vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable.
Por ello, de manera tendenciosa y confusa se establece en ambas que Petróleos Mexicanos contará con un comisario.
Es importante mencionar que esto no es nuevo, ya que en la actualidad el Consejo de Administración de Pemex cuenta ya con un comisario, que precisamente representa a la Secretaría de la Función Pública y es designado por el Ejecutivo federal.
Sin embargo, y a pesar de la importancia que supuestamente se da a la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas en Pemex, la iniciativa del PRI es contradictoria ya que, a pesar de que se establece que las facultades fiscalizadoras serán de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoria Superior de la Federación, añade que las tareas de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF, como las del Órgano Interno de Control, se circunscribirán a verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y demás funciones que correspondan, no vinculadas a la revisión del desempeño de Petróleos Mexicanos, o de las metas, objetivos, programas y controles de sus unidades.
Esto es, que ambas iniciativas, la de Calderón y la del PRI, aunque con diferentes palabras, limitan la facultad de revisión de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, conculcan la facultad de supervisión por parte del Congreso y concentran toda la operación, fiscalización, evaluación y demás aspectos en el Ejecutivo federal y en el Comité de Transparencia y Auditoría, y no en la Nación como lo quiere hacer parecer la iniciativa.
Deuda:
Uno de los temas que más difundió Felipe Calderón y ahora lo hace Beltrones es que con la aprobación de sus propuestas se permitirá que Pemex pueda manejar de manera autónoma sus decisiones de endeudamiento, ya que el régimen actual sujeta a dicho organismo a controles estrictos y a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ocasiona que la contratación y administración de su deuda no sea oportuna ni eficiente.
Por ello, ambos pregonan que sus iniciativas buscan liberar a la paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedios ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en uso de su autonomía de gestión y en congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general.
Desafortunadamente, ambas iniciativas resultan mañosas y poco claras; plantean que Petróleos Mexicanos proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que ésta apruebe lineamientos específicos respecto de las características de su endeudamiento, proponiendo para ello que la entidad pueda realizar las negociaciones y gestiones necesarias para acudir al mercado externo de dinero y capitales y contrate los financiamientos y la deuda que requiera, sin la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sólo con la obligación de registrar tales operaciones ante esa dependencia.
Pero ambas establecen que se reserva a la Secretaría de Hacienda la facultad de ordenar que no se realice la operación de que se trate en caso de que pudiera perjudicar gravemente la estabilidad de los mercados financieros, incrementar el costo de financiamiento del sector público, o bien reducir las fuentes de financiamiento del mismo.
Así, resulta obvio que esta restricción mantiene la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda sobre el manejo de la deuda de Pemex, limitando las decisiones del propio Pemex sobre el manejo de su deuda, ya que resulta claro que Pemex no podrá competir con las fuentes de financiamiento del propio gobierno, quien siempre estará por arriba de Pemex a través de la Secretaría de Hacienda.
Esto muestra una vez más la falsedad de la argumentación en cuanto a la “autonomía de Pemex”.
Más aún, esta situación contraviene absolutamente la propuesta del Gobierno Legítimo que establece que en materia de deuda debemos comenzar a prepagar el saldo de Pidiregas, y asumir la deuda de Pemex como deuda pública; dicho prepago se puede financiar con emisión de bonos en los mercados internacionales, lo que generaría ahorros de cuando menos mil millones de dólares anuales tan sólo en intereses. O bien el prepago lo lograríamos si el gobierno adquiere reservas internacionales del Banco de México, logrando un ahorro en el costo de servicio de la deuda hasta de 2 mil millones de dólares en la contabilidad consolidada del sector público.
Es decir que la señal que debemos dar al mundo es que la deuda de Pemex es una deuda de la Nación. Contrariamente Beltrones establece en el artículo 43 de la Ley Orgánica propuesta para Pemex que “Las obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado mexicano”.
Esto, combinado con el hecho de que, en un momento dado, todas las “filiales estratégicas” de Pemex podrán buscar sus propios financiamientos, seguramente provocará que el costo financiero de Pemex en su conjunto se incremente, pues competirán entre ellas.
Presupuesto:
En este tema, tanto la iniciativa de Calderón como la del PRI vuelven a presentar una serie de contradicciones que revelan la falsedad en cuanto a la posibilidad de que Pemex, pueda disponer de sus propios ingresos excedentes, pues mientras que la de Calderón la sujeta a su meta de Balance Financiero, la de Beltrones refiere en su Ley para el Financiamiento de la Transición Energética que Pemex podrá contar con el excedente de sus “ingresos propios”; al respecto, cabe señalar que no es lo mismo lo que hasta ahora se entiende como excedentes petroleros y lo que se define como un “ingreso propio de Pemex” .
Los Bonos Ciudadanos:
En ambas iniciativas se observa que con una intención absolutamente demagógica, se propone la posibilidad de que Petróleos Mexicanos emita bonos ciudadanos, cuyo objetivo es que dichos bonos estén a disposición de la población en general y puedan ser adquiridos por personas físicas mexicanas, directamente o a través de las administradoras de fondos para el retiro, fondos de pensiones y sociedades de inversión, así como por otros intermediarios financieros (bancos).
Es importante señalar que en ambas iniciativas la información es confusa y poco clara, ya que por un lado establece que los “bonos ciudadanos” no otorgarán derechos patrimoniales ni corporativos sobre Petróleos Mexicanos, por lo que la propiedad y control del organismo no se verán comprometidos en forma alguna, ni se afectará el dominio o explotación del petróleo. Esto quiere decir que dichos bonos no son acciones de Pemex, pues no otorgan ningún derecho sobre la empresa; sin embargo, la propia iniciativa señala que el comisario del Consejo de Administración de Pemex actuará a la vez como representante de los intereses de los tenedores de los bonos ciudadanos.
Esto es sumamente contradictorio, ya que si el bono ciudadano no me da derechos sobre Pemex, qué caso tiene que exista “alguien” en el Consejo de Pemex que vele por los intereses de las personas que tengan esos bonos.
Es claro que el Gobierno emite Certificados de la Tesorería (CETES) y no existe nadie en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México que esté cuidando los intereses de las personas que tienen CETES. Lo mismo sucede con las personas que tienen indirectamente bonos del IPAB (BPAS) y no existe nadie en la Junta de Gobierno del IPAB que cuide los intereses de aquellos que tienen un BPA.
Así, la única razón que existe para tener a alguien que cuide los intereses de las personas que tienen estos “bonos ciudadanos” es que en la realidad estos bonos sí otorguen derechos sobre Pemex, lo que definitivamente contravendría la Constitución.
Por ello, el hecho de establecer que habrá un “cuidador de los intereses de las personas que tienen estos bonos” es simplemente para engañar y hacerle creer a la población en general que va a ser dueña de una parte de Pemex.
Estos bonos ciudadanos no son más que un CETE disfrazado, que otorgará un rendimiento que necesariamente dependerá de la inflación, y no podrá ser muy diferente al rendimiento de los CETES o de otros instrumentos de deuda. Al final, será otra manera de que Pemex obtenga recursos para su operación, pagando un cierto rendimiento o tasa de interés.
Finalmente es muy importante señalar que en ninguno de los dos proyectos se aborda y mucho menos se soluciona el problema fiscal y presupuestario que enfrenta Petróleos Mexicanos.
Lo anterior, en virtud de que no se establecen disposiciones de austeridad en el gasto del gobierno federal que permitan liberar recursos para ser invertidos en la paraestatal; tampoco se proponen disposiciones fiscales que acaben con los regímenes tributarios que permiten que las grandes empresas eludan su pago de impuestos. Mucho menos aún se garantiza que lo excedentes petroleros se destinaran exclusivamente a Petróleos Mexicanos.
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Listos, los estados que harán mañana consulta sobre la reforma energética

De los corresponsales
La consulta ciudadana sobre la reforma energética se realizará mañana en los estados de México, Guerrero, Michoacán, Baja California Sur, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y San Luis Potosí, como parte de la primera de tres etapas que aprobaron los convocantes, entre ellos el Frente Amplio Progresista (FAP) y las redes ciudadanas.
En los 125 municipios mexiquenses se tiene programado instalar 3 mil 349 casillas para recibir la opinión de los ciudadanos sobre la iniciativa del presidente Felipe Calderón. El FAP integró un comité coordinador en el que participan dirigentes locales de PRD, PT y Convergencia, así como un representante de la Asociación de Autoridades Municipales.
Según el partido del sol azteca, la difusión y ejecución de la consulta en territorio mexiquense costará 2 millones de pesos.
En Michoacán se prevé instalar mil 222 mesas receptoras en 112 de los 113 municipios del estado, con excepción de Cherán, que mantiene un conflicto poselectoral desde hace seis meses.
La dirigente estatal del PRD, Fabiola Alanís Sámano, informó que se prevé una participación de 210 mil personas; se distribuyeron un millón y medio de papeletas y el proceso costará 300 mil pesos.
En Guerrero, el diputado perredista Ernesto Fidel Payán Cortinas confirmó que 60 de los 81 ayuntamientos participarán en la consulta del domingo, para la que se imprimieron 501 mil 750 boletas y se instalarán 669 mesas.
Destacó que en Acapulco habrá 89 casillas con 66 mil 750 boletas, aunque el total de electores es de 549 mil 74.
En tanto, el Frente Sudcaliforniano para la Defensa del Petróleo se declaró listo para el ejercicio. Se instalarán 192 casillas con 750 boletas cada una en los cinco municipios de la entidad. Esperan que participen 20 mil ciudadanos.
Antonio Avilés Rocha, dirigente del organismo, dijo que la consulta estará a cargo de una coordinación ciudadana, integrada por académicos, estudiantes, sindicatos y representantes del FAP y de la sociedad civil.
En Hidalgo, el dirigente estatal del PRD, Pedro Porras Pérez, informó que se instalarán 480 casillas en los 84 ayuntamientos de la entidad, con 750 boletas cada una; el ejercicio costará unos 100 mil pesos.
En Morelos abrirán 286 casillas, con 700 boletas cada una.
En San Luis Potosí la consulta será organizada por un consejo técnico integrado por los presidentes estatales de PRD, PT y Convergencia; habrá 332 mesas receptoras distribuidas en 57 de las 58 demarcaciones; el único municipio donde no habrá es Ahualulco. En Chiapas, la dirigencia del PRD decidió de última hora celebrar la consulta, por lo que podría haber dos; la otra está programada para el 10 de agosto. En Tlaxcala se instalarán 270 casillas en los 60 municipios de la entidad.
Israel Dávila, René Ramón, Sergio Ocampo, Raymundo León, Carlos Camacho, La Jornada Morelos, Marcela Loyola/ La Jornada San Luis, Antonio Aguilera/ La Jornada Michoacán, Ángeles Mariscal y Rodolfo Villalba Sánchez, corresponsales

Copió el PRI párrafos íntegros de la iniciativa de Calderón, señala Bartlett

Deplora que no haya tomado en cuenta opiniones de expertos; el plan Beltrones debe someterse a debate
Andrea Becerril
La iniciativa “de Manlio Fabio Beltrones” para reformar Pemex tiene “gran similitud” con el proyecto de Felipe Calderón, y es también un camino claro para la entrega de la industria petrolera a empresas extranjeras, por lo que es necesario que sea sometida a un amplio debate público, advirtió el ex senador priísta Manuel Bartlett.
Consideró que incluso, en la iniciativa del PRI hay párrafos repetidos de la propuesta de Calderón, en un intento de privatización encubierta que debe también ser desechado por la mayoría de los mexicanos.
“Si la gran mayoría de los senadores y diputados del PRI avalan esa reforma, que abran un debate nacional, como se hizo con las iniciativas de Calderón, para no permitir que se le dé fast track en el Congreso”.
El político priísta deploró que en las propuestas de su partido no se hayan tomado en cuenta las aportaciones que expertos en materia petrolera, académicos, investigadores y constitucionalistas formularon durante los 21 foros de discusión y análisis llevados a cabo en el Senado.
“La iniciativa de Beltrones no retoma la parte toral de ese debate; es más, esa reforma se hizo paralelamente”, dijo, y expresó dudas sobre la posibilidad de que la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, pudiera haber leído en unas horas las más de 100 cuartillas que conforman las nueve iniciativas del PRI, para opinar poco después de que se presentaron en la Comisión Permanente. “Obviamente, estaban de acuerdo”.
Es sintomático –resaltó– que el PAN haya declarado de inmediato las muchas coincidencias con la reforma príísta, pero “preocupante” que algunos legisladores del PRD hayan hecho lo mismo.
Nadie puede pensar en parches
Si se parte de que “el plan privatizador de Calderón fue demolido, hecho pedazos” durante el debate, “nadie puede pensar en parchar ese mismo modelo, que fue creado por y para la desnacionalización del petróleo”. Debe entonces entenderse que hay una fuerte presión de Washington para desmantelar Pemex.
En cuanto a las semejanzas de la iniciativa priísta con las propuestas del Ejecutivo, Bartlett detalló que el capítulo sobre contratos incluido en “la reforma de Beltrones” es el camino para entregar el petróleo a particulares. “También dicen que no se trata de contratos de riesgo, pero ahí está la apertura, porque Pemex y sus filiales van a firmar contratos de todo tipo, y no son de servicios, son para todo, incluídas las áreas reservadas a exploración y explotación.
“Ese capítulo, presente en la Ley Orgánica de Pemex, es el camino para la privatización y la desnacionalización”, ya que posibilita con minuciosidad “contratar todas las tareas, servicios y funciones de Pemex con particulares, en especial con extranjeros”.
Actualmente –explicó–, “sólo el artículo sexto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se refiere a los contratos en la paraestatal, en el ramo del petróleo, pero en la “reforma de Beltrones” hay ¡todo un capítulo dedicado al contratismo!”, que flexibiliza y deja abierta esa práctica.
La propuesta “poco clara” de crear filiales de Pemex para que contraten con terceros en materia de refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos lleva también a la privatización.
Preguntó cómo puede sostener Beltrones que su proyecto no privatiza, si están proponiendo los bonos ciudadanos, lo que significa una venta de títulos de la petrolera. Con ello se inicia “la bursatilización de Pemex, que hasta ahora habíamos frenado”.
En contraparte –aceptó–, en el proyecto legislativo del PRI “hay avance en el problema central, que es la autonomía de gestión de la empresa, ya que sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda”.
Por todo ello, el PRI “no puede negar que “están en la misma línea de Calderón para meter de lleno a las trasnacionales petroleras en México”.

Sobre una carta a los PRIistas (No es textual pero se respetó el contenido)

Por el Lic. Mefistófeles Satanás
El chamuco le dice algunas netas a los PRIistas sobre el refrito que presentó Don Beltrone. Incluye los correos de los diputados del PRI si les quieren mandar esta carta o la que ustedes redacten y también se incluye el link al blog de Don Beltrone (
http://www.beltrones.org.mx/index.php?op=8) donde la gente le esta diciendo sus verdades a ese traidor a la patria. Aprovechen ahorita para expresar su opinion. El lunes el administrador seguro va a borrarlas .
Y si alguien consigue el mail de Acosta Naranjo difúndanlo para decirle sus verdades. Esto lo digo yo, no Mefistófeles

Se tiene que respetar la voluntad del pueblo; “si dice no, es no”: AMLO


Mazamitla, Jal., 25 de julio. La propuesta de Felipe Calderón en materia energética “ya se fue al basurero”, por lo que el PAN quiere utilizar al PRI para intentar pasar (por la vía de los legisladores priístas) su propuesta empanizada, advirtió aquí Andrés Manuel López Obrador.
El “presidente legítimo” promueve el “no” como respuesta a las preguntas de la consulta popular que arranca este domingo acerca de las iniciativas de reforma a Petróleos Mexicanos.
“Si la gente dice ‘no’ a la privatización, es ‘no’ a la privatización; se tiene que respetar la voluntad del pueblo, así que los del PAN y los del PRI no se estén haciendo ilusiones, porque ya nos estamos organizando”, dijo.
Durante cada una de las seis asambleas informativas que encabezó este viernes en el sureste de Jalisco, el ex candidato presidencial señaló que hay 200 mil brigadistas en todo el país dispuestos a movilizarse para defender el carácter público de la industria petrolera.
Comentó que la lucha y la posibilidad de movilización serán pacíficas, pero advirtió que un negocio público (Pemex) no puede convertirse en privado: “estamos por el ‘no y el no’. La patria no se vende, se defiende”.
Sin embargo, a pregunta expresa de los reporteros prefirió no hablar de la reunión que en la víspera sostuvieron los dirigentes de PRI, PAN y PRD, tras la cual declararon que existe el compromiso de no imponer albazos legislativos ni dictámenes unilaterales de la iniciativa de reforma que en abril pasado presentó Felipe Calderón, y esta semana el PRI.
Desde el miércoles, López Obrador ha señalado que la voluntad expresada por los ciudadanos en la consulta popular será un mandato, independientemente de lo que dialoguen los líderes partidistas o de la forma que “fusionen” las iniciativas del PAN y del PRI; a esta última la califica de “simulación” para tapar los verdaderos intereses privatizadores de la pretendida enmienda calderonista.
Dijo que la lucha opositora continuará de manera independiente a los objetivos que busquen los potentados, la mafia enquistada en el poder desde los años 80 y a pesar de la “campaña de desprestigio” que existe en la mayoría de los medios de comunicación para atacar el movimiento que encabeza. “Les molesta nuestro movimiento”, añadió.
“Si digo una palabra, así, como las que dice el gobernador de aquí (Jalisco), salgo en el Canal de las Estrellas, en la televisión. Aquí están las orejas de Gobernación para ver si digo algo mal. Me preguntan por qué hablo tan despacio, pero es que no quiero decir cosas fuertes, porque hay que tener la cabeza fría”, señaló ante simpatizantes que se acercan a las plazas públicas para escuchar el mensaje del ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.
Tierra de olvido y miseria
López Obrador concluye este sábado su gira semanal número 69, en un recorrido nacional que empezó en enero de 2007 y pretende terminar en febrero del año próximo. Hasta el momento ha visitado poco más de mil 400 ayuntamientos, de los 2 mil 500 que hay en el país, incluidos aquellos regidos por usos y costumbres.
Este jueves empezó temprano en Santa María del Oro, municipio enclavado en la llamada Sierra del Tigre; un pueblo aislado geográficamente (para llegar a este lugar hay que recorrer 150 curvas, dicen los lugareños), y marcado por el “olvido y la miseria” a consecuencia de la migración masiva.
Los pobladores hablan de que en la comunidad quedan sólo unas 400 personas, porque el resto se ha ido al norte a buscar empleo mejor remunerado y mandar dólares, motor de ésta y otras comunidades de la región, antes impulsada por la extracción de oro, actividad que les arrebataron compañías mineras privadas, afirman.
Defensa del petróleo y combate a la corrupción
En la plaza principal de este ayuntamiento, ubicado a unos 250 kilómetros de Guadalajara, en la zona colindante con Michoacán, el “presidente legítimo” dijo que es necesario seguir con “este movimiento”, marcado ahora por la defensa del petróleo y el combate a la corrupción.
A cada paso, como ocurrió más tarde en Quitupan y en Valle de Juárez (municipios donde las remesas que envían de Estados Unidos son el bastión de sobrevivencia), pidió a simpatizantes y ciudadanos en general “no perder la fe; tenemos la razón”, dijo.
Luego viajó a Mazamitla y a La Manzanilla de la Paz, a cuyo mitin acudió el sacerdote del lugar, Eduardo Barragán Lepe. Cerró la jornada en Concepción de Buenos Aires, y este sábado visitará otros cinco municipios jaliscienses, incluidos Tizapán y Chapala, con el fin de estar el domingo en la ciudad de México para participar en la consulta ciudadana.

La propuesta petrolera del PRI aniquila a Pemex: perredistas

Revela el diputado Sosa que la iniciativa no fue avalada por todos los legisladores priístas
■ Nueva Izquierda se compromete a apoyar “todas las protestas pacíficas si hay mayoriteo”
Roberto Garduño
Tras un análisis inicial a la iniciativa priísta de reforma a Petróleos Mexicano (Pemex), la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados atribuyó al PRI la intención de “fragmentar y pulverizar” a la paraestatal con la creación de filiales, las cuales harían más compleja su operación.
El priísmo, considera el partido del sol azteca, no toca al sindicato petrolero y elude la corrupción. Juan Guerra, Aleida Alavez, Ramón Pacheco, Antonio Almazán y Alejandro Sánchez Camacho reconocieron “el mérito” del Frente Amplio Progresista de lograr detener el albazo legislativo del PAN y del PRI.
El representante del tricolor Gerardo Sosa Castelán desestimó la propuesta dada a conocer por el senador Manlio Fabio Beltrones, porque no todos los priístas participaron en su elaboración.
Juan Guerra, diputado del PRD, descalificó la iniciativa, porque “es ambigua, contradictoria; parece más un trabajo no terminado e insuficientemente conciliado en ese partido.
“Pulveriza Pemex con muchas filiales, no ataca la corrupción y da al sindicato la conducción de la empresa, que compartiría con uno o dos delegados que colocaría el PRI. Además, no otorga recursos a la paraestatal.”’
Se plantea de nuevo la participación de la IP
Además contradice, afirma Guerra, la postura divulgada oficialmente sobre la propuesta de artículo 58 de la nueva Ley Orgánica de Pemex. Al definir la renta petrolera se señala que ésta es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos de Petróleos Mexicanos para extraerlos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables. “Nuevamente se plantea la posibilidad de participación privada. Ahora de plano en la extracción de hidrocarburos, que la Constitución establece como exclusiva para la nación. En todo caso, lo que queda claro en la propuesta priísta es que se pretende fragmentar y pulverizar a Pemex con la creación de organismos filiales, los cuales sólo harían más compleja la operación de nuestra industria petrolera.”
Los perredistas apuntan otro gazapo en la iniciativa del PRI. Particularmente, en la exposición de motivos se establece: “hemos tomado la determinación de presentar una iniciativa de Ley Orgánica para Pemex, en la cual retomamos gran parte del contenido de la del Ejecutivo federal en la materia, la cual fue presentada el pasado 8 de abril”. No obstante, se mantiene la propuesta de emitir bonos ciudadanos, no tocar al sindicato petrolero y tampoco aludir a la corrupción.
Finalmente, al igual que la propuesta oficial, la del priísmo no hace referencia al fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo.
“La izquierda consiguió primero detener el albazo legislativo que ya se cocinaba y después logró la realización de los debates entre expertos en el Senado. Como consecuencia, ahora la propuesta inicial de Felipe Calderón, ante la avalancha de opiniones fundadas, refleja un proceso inacabado de negociación interna que, por lo mismo, puede dar lugar a interpretaciones ambiguas sobre la postura definitiva de ese partido”, consideró, por su parte, el perredista Alejandro Sánchez Camacho.
Por el contrario, el priísta Alberto Mota reiteró la determinación de su partido de no adelantar la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma energética en un periodo extraordinario de sesiones: “nos comprometimos a que no íbamos a apresurar la discusión, a que la discusión iba a llevar sus tiempos. Así se ha venido dando. Periodo extraordinario no, porque hay momentos”.
No obstante, Gerardo Sosa Castelán, también del Revolucionario Institucional, emitió un punto de vista discordante con la iniciativa de su partido:
“En este momento estamos advirtiendo que se da a conocer una propuesta energética y la presenta Manlio Fabio Beltrones. Desde mi punto de vista, es una propuesta de él, porque no he sido convocado, primero, a una reunión específica en la que tengamos que aprobar una propuesta energética, ni por la fracción legislativa en la Cámara de Diputados ni por mi partido en el Consejo Político o en la asamblea nacional.
“Luego entonces, si la asamblea nacional hubiese aprobado dicha iniciativa, quien tendría que haberla dado a conocer sería la presidenta del partido. Lo que no me explico es por qué se da a conocer una propuesta que no está consensuada por todos los diputados y senadores.”
A todo lo anterior se sumó la ambigüedad de la corriente perredista Nueva Izquierda, que en voz del diputado David Mendoza aceptó ayer que no habrá iniciativa energética de su partido sino hasta después de mediados de agosto, a pesar del esfuerzo de su coordinador, Octavio Martínez, por establecer como fecha perentoria el 30 de julio.
Mendoza aseguró que Nueva Izquierda se sumará a la protesta pacífica si se concreta –como se prevé– el mayoriteo de PAN, PVEM, Nueva Alianza y PRI.
“Nos sumaremos a todas las acciones que sean avaladas por los órganos de organización del partido y por la instancia que toma las decisiones en el grupo parlamentario, que es la plenaria”, subrayó.
Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva, el panista Cristian Castaño, rechazó una probable propuesta del perredismo para crear un grupo de expertos que analice a fondo el futuro de la energía en México.
“Es totalmente inviable. La verdad, hay que hablar con claridad y franqueza. Se pretende debatir, nutrir el debate o ir demorando, colapsando la opinión pública y a la sociedad para hacer inviable ese tipo de reformas, que son necesarias no para un partido ni para un gobierno, sino para el país.”

CARTONES DE LA JORNADA