viernes, 5 de diciembre de 2008

Hostil, el primer interrogatorio de ecuatorianos

Ocurría muy seguido, de noche, durante semanas y meses. Lucía Morett se despertaba bruscamente. “¿Pasó o no pasó? ¿Fue cierto lo del bombardeo, la muerte de mis amigos? Tardaba un buen rato en ubicarme. El dolor me confirmaba que sí, que todo eso había pasado en la realidad, que estaba en una cama de un hospital militar en Quito. Y después me siguió pasando en Managua. Muchas noches fueron así”.
En el cuerpo ya sólo le quedan cicatrices que a veces molestan: una en el hombro, algunas en el costado y el vientre y las más grandes en un glúteo. Ahí se le incrustó un pedazo de metralla de 13 centímetros de largo y tres de ancho. No le dañó ningún órgano interno, excepto una afectación del nervio ciático. En la pierna todavía tiene esquirlas incrustadas que los médicos consideran mejor no extraer. La cicatriz del talón es la más delicada, pues se corre el riesgo, todavía, de que afecte el tendón del pie derecho. Acróbata aficionada, Lucía ya no podrá ejercitar las artes circenses. Pero no le importa. Todo en su vida cambió. Sabe que tuvo mucha suerte y ahora tiene otras prioridades. Es una sobreviviente. Y una testigo, quizá la única, que puede dar fe de lo ocurrido ese primero de marzo en Sucumbíos, Ecuador.
Curaciones, interrogatorios, tortura
Fue, de hecho, la primera sobreviviente en ser evacuada de la zona amazónica bombardeada por el ejército colombiano. “El camino hacia el claro donde estaban los helicópteros fue largo, muy accidentado; teníamos que vadear algunos ríos. A los que me llevaban en camilla a veces el agua les llegaba al pecho. Cuando llegamos sólo había helicópteros pequeños. Me subieron a uno y tuve que sentarme de lado, con grandes dolores. Pero las otras dos muchachas (Doris Bojórquez y Marta Pérez) estaban en peores condiciones, no las podían sentar y las camillas no cabían. Entonces me sacaron a mí primero. Después supe que habían estado en el lugar los ministros de Defensa, Wellington Sandoval, y de Seguridad Interna, Gustavo Larrea. Ellos les dijeron a las chicas colombianas que estaban bajo protección del Estado de Ecuador. Pero yo no supe nada de eso sino mucho después.”
Lo que sí supo es que el helicóptero aterrizó en la ciudad de Lago Agrio. Ahí ya había algunos periodistas. De ese momento son las primeras imágenes que circularon y que daban cuenta de que en el ataque donde murió el número dos de las FARC, Raúl Reyes, también estaban civiles mexicanos. En ambulancia la llevaron al Policlínico Militar. Pero su primer contacto con las autoridades ecuatorianas fue amenazante y hostil.
“En un cuarto con las persianas bajadas me rodearon varios militares, entre paramédicos y oficiales de inteligencia. Me empezaron a interrogar bajo amenaza de que si no decía la verdad me entregarían al ejército de Colombia, donde –decían– me iban a hacer pagar todas las barbaridades que había hecho. Al mismo tiempo comenzaron a hacerme las curaciones. Primero empezaron a sacar esquirlas de mi pie y mi pierna, sin anestesia. Varios tenían cámaras y estaban grabando. Después me tuvieron que quitar la ropa y me dejaron sólo con el brasier. Pedí que apagaran las cámaras, pero no me hicieron caso. Me dolía horrible porque tenía un tobillo en carne viva. Estaba tan confundida que no sabía ni qué día era ni entendía qué querían saber los dos que me interrogaban, uno con uniforme y otro de civil. Todo lo ponían en duda, hasta mi nacionalidad. No fue hasta después que me di cuenta de que las preguntas de estos militares ecuatorianos eran idénticas a las de los soldados colombianos que me amarraron las manos en la selva. Por ejemplo, me decían que estaba recibiendo entrenamiento militar. Como les dije que no, respondían: ‘Ah, si no estás recibiendo, entonces estás dando entrenamiento’. Igualito decían los colombianos. O me decían: ‘Tus compañeras ya confesaron, dicen que tú eres la comandante. Confiesa’.”
Un fragmento de esta grabación fue proporcionado por el gobierno colombiano a Guillermo Arzak y a José Antonio Ortega, dirigentes de dos organizaciones relacionadas con la ultraderecha (Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal), las cuales lo anexaron a la lista de “pruebas” que presentaron en contra de Morett, los cuatro universitarios muertos y una docena de personas más, entre ellas la senadora Rosario Ibarra de Piedra, a quienes demandaron ante la Procuraduría General de la República por “terrorismo internacional”.
“Pero, claro, ese video está editado. No muestra cómo me agreden ni que, aunque me desvisten, ellos continúan grabando e interrogándome. Eso fue bien duro; tardó horas y horas.”
En Quito, en efecto, existe un proceso judicial abierto en contra de los dos militares que ejecutaron el interrogatorio a Lucía Morett en Lago Agrio, por haber procedido contra el derecho humanitario, según confirmó a La Jornada la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), la organización que además representa a la mexicana en una demanda ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Álvaro Uribe. Aldhu considera que ese interrogatorio, en esas condiciones, configura el delito de tortura.
Las piezas del rompecabezas
Horas después, ya las tres heridas juntas, las vistieron con camisones y las subieron a un avión. “Nos moríamos de frío y de sueño, pero nos decían que no nos durmiéramos. Hasta que nos internaron en el hospital en Quito nos pusieron suero y recibimos atención médica en forma.”
Lucía ya no recuerda nada de la primera operación que le hicieron. Pero sí recuerda el despertar de la anestesia. “Juan (González) y yo habíamos sido novios. Fue una relación bien bonita. En ese momento me di cuenta de que no iba a volverlo a ver nunca más. Fuera de esa certeza no sabía nada, ni tenía idea de la dimensión de lo que había pasado. Creía que estaba detenida. Hasta que llegó a verme la gente de la Aldhu. Entonces sentí confianza por primera vez.”
Después recibió la primera visita de personal de la embajada mexicana en Ecuador. El funcionario le prestó un teléfono para hablarle a su familia: “Ma, tuve un pequeño accidente. Estoy en Quito pero estoy bien”, fue su mensaje.
Sus padres llegaron a Quito el 6 de marzo y pudieron verla cuando salió por segunda vez del quirófano. En total pasó por cuatro intervenciones. Y desde su cama de hospital, lentamente, fue juntando las piezas del rompecabezas.
“Los policías que nos custodiaban tenían una pequeña televisión, que yo alcanzaba a ver desde mi cama, del otro lado de la puerta. Un día vi a los papás de Juan llegando a Quito, diciendo que estaban 99 por ciento seguros de que esos restos eran de su hijo. Y su cara en toda la pantalla. Luego vi a la mamá de Verónica. ¿Por qué estaba en Ecuador? Le pregunté a mi mamá. Me confirmó que ella también estaba muerta. Y luego vi al papá de Chac (Fernando Franco) y a los papás de Soren Avilés. Así, un dolor tras otro.”
El avión donde Lucía Morett regresa a México después de nueve meses ha iniciado su descenso.
Testigo contra Uribe Vélez
–¿Y ahora qué procede, Lucía?
–Yo tengo un compromiso con mis cuatro amigos muertos. Quedé viva para algo; voy a ser su voz. Hay varias demandas contra Uribe y yo puedo ser testigo de la masacre. Hay una de la Aldhu en Quito. Cuando la fiscalía general de Ecuador termine el proceso, y lo más probable es que se declare incompetente, la denuncia se va a la Corte de La Haya. Hay otra del propio gobierno de Rafael Correa. Y una de los papás de los mexicanos que murieron. Y yo voy a hacer hasta lo imposible por demandarlo también. Que se sepa la verdad que han querido enmascarar hasta ahora. Uribe Vélez es el responsable de la muerte de cuatro mexicanos.
–Por último, con todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu valoración acerca de las FARC?
Por primera vez a lo largo de la entrevista Lucía permanece callada. Los pasajeros ya están descendiendo del avión. Ella se escabulle: “Eso no te lo puedo contestar por ahora. Todavía no”.

Mantendrá el FAP alianza en estados para los comicios del próximo año

Elizabeth Velasco C.
El Frente Amplio Progresista (FAP) confirmó su decisión de continuar en alianza para 2009 en los estados de la República, anunció el coordinador del organismo, Porfirio Muñoz Ledo.
En conferencia realizada en la sede de Convergencia, refirió que con miras a las elecciones del próximo año, las dirigencias locales de PRD, PT y Convergencia acordaron, además de seguir unidos, crear frentes en Jalisco, Puebla y Oaxaca, luego de la realización este viernes del Consejo Nacional de Convergencia.
Muñoz Ledo explicó que la decisión de mantenerse unidos es una respuesta a las derrotas que sufrió el PRD en Nayarit y principalmente en Guerrero, donde “sectores minoritarios” del sol azteca “impidieron confirmar el acuerdo con PT y Convergencia”.
Sostuvo que “con las experiencias negativas se reacciona” y ahora no quieren pérdidas, además de que a las dirigencias locales “no les gustó que metan mano las nacionales”.
Por ello –dijo– “se curan en salud y ahora quieren tener bien establecidos los acuerdos para evitar que por razones de coyuntura haya resultados negativos”.
Refirió que los acuerdos suscritos entre el FAP y las dirigencias de PRD, PT y Convergencia en los estados fueron previstos desde que Jesús Ortega, líder nacional del PRD, fue coordinador del frente.
Incluso, recordó que por estatus y acuerdos emanados del congreso nacional de ese frente, los miembros de los tres partidos siguen perteneciendo al FAP.
Dijo que ha tenido contacto con integrantes del PRD en todos los estados, y “a escala nacional esperamos que (éstos) sean de buenas maneras”. Si bien hasta el momento no han tenido nueva comunicación con la dirigencia nacional del PRD, “cuando quieran venir, estarán abiertas las puertas”.
Por otro lado, indicó que mientras el PRD no notifique a la coordinación nacional del FAP que quiere el inmueble de Monterrey 50, ahí continuarán las oficinas del frente. Pero “si necesitan el edificio, no hay problema, que nos lo digan, porque tenemos que hacer la notificación respectiva al Instituto Federal Electoral”.
Muñoz Ledo insistió en que el PRD que dirige Jesús Ortega es el de “una izquierda moderna que emplea métodos modernos; ayer tuvieron un discurso contra la violencia”, y si quieren que el edificio de Monterrey ya no sea la sede del FAP, “pues que se haga oficial”. Precisó que las oficinas que él ocupa “no son las de Porfirio Muñoz Ledo”.
De los trabajos realizados por el FAP, tanto para la integración de nuevos frentes como para la realización de actividades en defensa de la economía popular, dijo que “van bien y por bueno camino”.

Aprueba comisión de San Lázaro creación de plebiscito y referendo

Por consenso y de manera sorpresiva, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Constitución y que por primera vez se incorporen en el país las figuras de plebiscito y consulta popular. De acuerdo con el proceso parlamentario, el texto será avalado el próximo jueves por la mayoría de los legisladores federales.
A pesar de no contemplarse entre las prioridades de la agenda legislativa del actual periodo ordinario de sesiones, las modificaciones constitucionales tienen su origen una década atrás, cuando por iniciativa del PRD se presentaron propuestas para impulsar el plebiscito y la consulta popular.
Incluso, ayer se recordó en San Lázaro que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, el PRI y el PAN rechazaron sistemáticamente los ejercicios en tal sentido emprendidos por la administración perredista.
Desde hace dos años se constituyó un grupo de trabajo en la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezado por la perredista Mónica Fernández, para emprender la tarea de redacción y conjunción de las iniciativas existentes en el archivo parlamentario relativas a ambos temas.
De tal forma, tras 26 reuniones del grupo especial de trabajo y cinco negativas en el pleno camaral de aceptar el dictamen sobre ambas asignaturas, ayer, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales resolvió votar en favor de la propuesta de proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26, 35, 36, 40, 73, 116, 122 y 135 de la Constitución.
Entre las adiciones más relevantes se encuentran la del artículo 26, que establece la obligación del Ejecutivo federal de someter a plebiscito las decisiones de especial trascendencia, que previo acuerdo del Congreso de la Unión así se decidan. Eso implica que el Ejecutivo deberá sujetar las políticas públicas en cuestión al resultado del plebiscito, y no que vaya a convocarlo, lo cual será facultad del Congreso, como se establece en el artículo 73.
Las reformas planteadas al 35 y 36 se refieren a garantizar al ciudadano la facultad de participar en dichos procesos, dotándolo con ello de una herramienta fundamental para la democracia en la toma de decisiones.
Respecto al 40, se atiende a reconocer la participación ciudadana como eje central del Estado, es decir, se establece la voluntad del pueblo para constituirse como una república participativa en el Estado democrático.
Los cambios propuestos al artículo 73 consideran la necesidad de establecer la obligación del Congreso de legislar en materia de plebiscito y referendo, y por consiguiente la de convocar a los procesos que deriven del acuerdo de las Cámaras para que se realicen dichos procesos. Estos deberán sujetarse a los procedimientos y a las condiciones que la ley determine para cada uno en la Constitución.
Se plasmará con claridad que la institución encargada de realizar los procesos de consulta ciudadana será el Congreso de la Unión, así como la potestad para convocar a la misma. Además, los mecanismos para su ejecución y los procedimientos para sustanciarlos deberán estar contenidos en las leyes de la materia.
Sobre el artículo 116, se obligaría a los congresos locales a legislar lo conducente para garantizar en el ámbito de su competencia la sustanciación de los procesos de plebiscito y referendo.
En el dictamen se considera que “el referendo constitucional es de especial trascendencia para la vida democrática de México, porque pretende que las reformas o adiciones a la Carta Magna que traten sobre garantías sociales, la forma de Estado o el régimen de gobierno estén sujetas a referendo ratificatorio, con la finalidad de que la ciudadanía exprese el poder soberano que le otorga la Constitución y ratifique lo propuesto por los órganos legislativos que integran el proceso de reforma constitucional.
“Esa es una fórmula democrática que tiene como principio fundamental dotar de herramientas soberanas, y con ello obligar a los partidos políticos y a los gobernantes, a proponer reformas que beneficien a la sociedad en su conjunto y generen el desarrollo social.

Diputados acuerdan que leyes antiplagio no se apliquen a los luchadores sociales

Roberto Garduño y Enrique Méndez
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados logró solventar las diferencias generadas en el debate del proyecto de dictamen de reforma al artículo 73 constitucional, que aprobó por mayoría la normatividad para combatir el delito de secuestro. En el texto, presentado ayer mismo ante el pleno de la Cámara de Diputados en primera lectura, se despenaliza la acción de los luchadores sociales, con objeto de que no sean acusados de privación ilegal de la libertad durante la toma de oficinas o la retención de funcionarios, como en la actualidad se contempla.
El texto podrá beneficiar a quienes en la actualidad se encuentren en prisión acusados de secuestro a raíz de su participación en acciones de protesta civil, porque, si bien las leyes no son retroactivas, sí operan en cuanto beneficien a un sentenciado.
Tras una semana de negociaciones y debates en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque los diputados panistas y priístas pretendían mantener las penas contra los luchadores sociales e intentaban restar responsabilidad al gobierno federal en el combate al secuestro, para transmitirla a los estados, éstos cedieron a la presión de perredistas, quienes consideraban que tales medidas, de mantenerse, incidirían en la constitución de un Estado represor.
De tal forma, ante la amenaza de la denuncia pública, los legisladores de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional accedieron a la demanda del partido del sol azteca, al aceptar una adición referente a la conveniencia de hacer partícipes del combate al secuestro a los tres órdenes de gobierno.
La responsabilidad del combate a los plagios recaerá en los gobiernos federal y estatales.
“En ese sentido, es importante destacar que la reforma que hoy se propone no rompe con el pacto federal, toda vez que la mayoría de las legislaturas de los estados, en todo caso, deberán aprobarla para que se convierta en texto vigente. En una segunda decisión se advierte que el propósito del dictamen es dotar al Congreso de la Unión de las condiciones suficientes para establecer un marco normativo que permita atacar de manera coordinada y eficiente en toda la República el flagelo que representa la delincuencia organizada y el delito de secuestro, sin vulnerar la libertad de expresión de personas y grupos en el legítimo reclamo de sus derechos, en los términos del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, no se pretende criminalizar la lucha social ni confundir algunos excesos en el ejercicio de la misma, sin que ello implique la probable responsabilidad sobre actos imputables como delitos”, se señala en el texto.
En cuanto a delincuencia organizada, los diputados retomaron un argumento expresado en los considerandos del dictamen relativo a la reforma constitucional al sistema de justicia penal aprobado en la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2007.
Tal precepto considera: “Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad, y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen un régimen determinado”.
De esa forma, la Comisión de Puntos Constitucionales convocó a la elaboración y aprobación del proyecto de dictamen, porque “el crimen organizado había encontrado en el recurso de amparo una vía hacia la impunidad, por un marco jurídico inexacto”, adujo el presidente de la propia comisión, Raymundo Cárdenas Hernández.
El representante perredista expuso que el dictamen pretende perfeccionar la norma actual, pero aclaró que no debe ser utilizado como instrumento persecutorio de los opositores políticos; por ello, se debe agotar en la exposición de motivos que por ninguna causa se permitirá que se utilice como elemento antidemocrático o de persecución penal.

Usuarios de telefonía celular deberán plasmar huella digital en contratos

Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Cámara de Diputados aprobó ayer la minuta de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que obliga a las empresas de telefonía celular a llevar un registro fehaciente de datos personales –nombre, domicilio y huella dactilar, así como razón social, en el caso de las empresas– de todos los usuarios, con objeto de evitar extorsiones por esa vía.
Con esta reforma se obligará a las empresas a tener registro de datos que serán confidenciales y sólo podrán entregarse a los procuradores general de la República y de los estados cuando investiguen delitos, en especial aquellos vinculados con secuestros reales o virtuales.
Asimismo, las compañías deberán mantener hasta 12 meses la relación de llamadas telefónicas, con el número desde los que se hacen, a los cuales se llama o se envían mensajes de texto; mientras los usuarios que ya cuentan con una línea tendrán un año para presentarse a comprobar nombre, domicilio y facilitar su huella; en caso de no hacerlo, su número será desactivado.
El dictamen, aprobado por unanimidad, con 321 votos en favor, señala que el desarrollo de la telefonía móvil ha permitido el uso de un chip inteligente o tarjeta SIM, que permite la portabilidad del número telefónico, y pueden ser extraídos de un aparato para transferirlo a otro. Debido a la facilidad con que los chips se adquieren en el mercado, sin que exista registro fehaciente de datos personales de los compradores, así como su bajo costo, “lo convierten en un medio de seguridad a quienes lo utilizan para cometer delitos como la extorsión, el secuestro y el robo de teléfonos celulares”.
Indica que, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, sólo en tres meses, del 4 de diciembre de 2007 al 29 de febrero de 2008, se reportaron 31 mil llamadas de extorsión en la ciudad de México, y que se han decomisado 5 mil 917 aparatos cuya propiedad no fue acreditada por vendedores en vía pública.
Al incluir la obligación de que quienes compren celulares o tarjetas presenten credencial de elector y Cédula Única del Registro de Población para comprobar su identidad, así como constancia oficial de domicilio, como recibo actualizado de agua, energía eléctrica o teléfono fijo, se “inhibirá el uso indiscriminado de la telefonía móvil en la comisión de delitos”. Además, las empresas deberán tomar “una impresión de huella dactilar, directamente en tinta y/o electrónicamente”.
Además, se prohibirá a las compañías otorgar números privados que no puedan ser identificados al recibir una llamada de usuarios de otra empresa de telefonía celular o fija, y será obligatoria su identificación numérica.
La reforma incluye un mandato a las empresas telefónicas para realizar una campaña, sin costo adicional, para informar a sus clientes de la obligación de registrar y actualizar los datos, presentando el equipo celular o el chip, así como la documentación correspondiente.
Además, deberán ofrecer información “de las consecuencias en caso de no hacerlo en el plazo señalado (un año a partir de la entrada en vigor de la ley), consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna”.
Debido a que la Cámara incluyó la obligación de que la huella dactilar se tome en tinta o en forma electrónica, y que el plazo para el registro de usuarios sea de un año, la minuta fue devuelta al Senado.
Por otra parte, durante la sesión ordinaria el pleno aprobó por unanimidad, con 308 votos en favor, la minuta del Senado que reforma los artículos 1347-A del Código de Comercio y 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles para garantizar que, en materia de laudos arbitrales privados de carácter no comercial, los tribunales extranjeros no tengan competencia, específicamente si existe una cláusula de sometimiento a la jurisdicción de tribunales mexicanos.

Aprueban diputados la Ley General del Sistema de Seguridad Pública

Son medidas desesperadas; surgen del miedo de la sociedad, sostiene legisladora de Alternativa
Enrique Méndez y Roberto Garduño
La Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, con los votos del PRD una vez que la mayoría de PAN y PRI aceptó incluir la obligación del Centro Nacional de Información de resguardar los datos sobre criminalidad y la información de las policías, y se evitó “castigar políticamente” a los estados del país que no ejerzan el gasto en seguridad.
El dictamen presentado por la Comisión de Seguridad fue aprobado con 335 votos en favor, 39 en contra –entre éstos los de Convergencia– y 13 abstenciones de Alternativa. Al argumentar el voto en abstención de su bancada, la diputada Marina Arvizu Rivas señaló en tribuna que la legislación tiene origen en una respuesta al “horror que ha llevado a la sociedad a la impotencia y el miedo” derivados del asesinato de más de 4 mil personas.
“Es de esa situación de intenso miedo social que surge la proliferación de medidas desesperadas, dictadas literalmente por el miedo de la sociedad y de la impotencia y la demagogia en el caso de los políticos”, aseguró.
Se requiere además, expuso, de una reforma integral que pase por el combate a la corrupción de gobernantes y policías. Cuestionó la integración del Consejo Nacional de Seguridad Pública y de las conferencias nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, donde además de funcionarios federales participarán gobernadores, procuradores y secretarios de seguridad estatales.
Afirmó: “esta ley es débil y de resultados inciertos, mientras no tengamos una reforma integral y sepamos en qué dirección vamos. Coordinar, en un sistema asambleístico nacional, lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay iniciativas conjuntas para separar las manzanas podridas de las sanas”.
Por su parte, el presidente de la comisión y diputado por el PRI, Francisco Rivera Bedoya, resaltó el control al que serán sometidos los organismos de seguridad pública de todo el país, que permitirá, definió, no sólo depurarlas sino paulatinamente retirarle al Ejército la responsabilidad de “ejercer el trabajo policiaco que por la ineficiencia e incapacidad de nuestros cuerpos policiacos han obligado a ejercer” a las fuerzas armadas.
Es evidente, manifestó, y para nadie es secreto, que la mayor parte de las policías del país están infiltradas por la delincuencia y que en los municipios “es una verdadera calamidad, por el control que ejercen las bandas delictivas; pero lo hemos visto también a escalas estatal y federal, y el pueblo ya no puede seguir viviendo con ese tipo de corporaciones”.
Refirió que si bien se vigilará la inversión de los recursos federales transferidos para seguridad a los estados, “se cuidaron los dientes de la ley para no perseguirlos políticamente, sino que se dé derecho de audiencia a cualquier entidad que observe un retraso o incumpla algún compromiso”, antes de que la Secretaría de Hacienda les retenga las transferencias para este rubro.
Rivera Bedoya defendió que la legislación “cambia el modelo del sistema policial mexicano y ojalá sirva para remediar el problema que lacera a México, y sacar de las corporaciones a los delincuentes que están ahí incrustados. Vamos a acabar con ese lastre”.
Falta de coordinación
Andrés Lozano, del PRD, sostuvo que la crisis del sistema de seguridad se explica “porque no existe coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, y no hay confianza para que las entidades integren una sola base de datos criminalísticos, policiacos ni de armamento”.
Consideró relevante el equilibrio impuesto en el uso de la fuerza policiaca para evitar abusos contra la población civil. “Ésta se debe limitar a una aplicación legítima, debe ser el último recurso: toda la fuerza del Estado contra los narcotraficantes, los secuestrados y quienes han desequilibrado al país y nos hacen vivir con temor. Pero también, respeto a las garantías y a los derechos humanos”, señaló.
En tanto, el diputado panista Armando Olvera aseguró que la ley permitirá a la ciudadanía estar “plenamente informada de los límites del uso de la fuerza pública”, así como contar con “un solo escudo contra la delincuencia organizada”. Dijo que si bien la legislación –que fue turnada a la Cámara de Senadores– no es la solución definitiva a la inseguridad, “es una sola herramienta y da armas a los gobiernos estatales y municipales para poner en orden sus cuerpos de seguridad y que presten un servicio eficaz”.

CARTONES DE LA JORNADA
















Gerardo Fernandez Noroña en la Asamblea de la Resistencia Creativa






Cobertura AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco

Comunicado del Gobierno Legítimo de México



Entró de lleno México a un proceso de descomposición política, económica y social, sostiene López Obrador

Villa Victoria, Michoacán
Jueves 04 de diciembre de 2008


* Se vive “una amarga pesadilla”, de la que no se ve cómo salir, señala

* Calderón ha dejado en la ruina y en la pobreza a la mayoría del pueblo, sostiene

* El presidente espurio está secuestrado por una minoría rapaz, enfatiza


La pobreza y la falta de bienestar que sufre el país no es por la casualidad, sino porque el gobierno de Calderón “está secuestrado, está al servicio de los potentados”, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar un recorrido por 23 municipios de Michoacán, Colima y Jalisco, el presidente legítimo de México puntualizó que por favorecer a una minoría rapaz, el gobierno espurio ha dejado en la ruina la país y en la pobreza a la mayoría de las familias.

“Hay 30 personas que son las que realmente dominan, estamos peor que en la época de Porfirio Díaz, porque en ese tiempo eran 300 los que mal gobernaban al país y, por ello, no podemos conformarnos”, explicó.

Comentó que aquellos que se creen amos y señores del país se apoderaron de los bienes del pueblo, se están apoderando del presupuesto y además el gobierno se ha convertido en un comité al servicio de unos cuantos”.

En el 2006, recordó, los mexicanos buscaban una democracia, sin embargo se cayó en una dictadura encubierta desde el momento en que Felipe Calderón se robó la Presidencia de la República.

Acompañado por el presidente municipal de este municipio, Jesús Preciado, y el senador Jesús Garibay, expuso que México es una nación rica con pueblo pobre.

Al hacer un balance de la situación que prevalece en el país, López Obrador aseguró que a México lo han saqueado por 500 años, sin embargo todavía posee muchas riquezas naturales, como el oro, el gas y el petróleo, así como buenas tierras para la producción, pero “todas las riquezas siempre van a parar a unas cuantas manos”.

Y enfatizó: “Somos un país con mayor desigualdad en el mundo, es realmente increíble que México ocupe el último lugar en materia de crecimiento económico en el continente Americano, por debajo de Haití”.

El presidente legítimo de los mexicanos mencionó que la crisis financiera en Estados Unidos afectará a todas las naciones del mundo, especialmente a México, porque no tiene una economía fuerte, debido a que disminuyeron sus fuentes principales de ingresos, como son el petróleo, las remesas y el turismo.

Destacó que los expertos en economía han manifestado que se agravará la situación de nuestro país hasta el 2010.

Estados Unidos está en recesión y México entró de lleno a un proceso de descomposición política, económica y social sin límites. El país vive “una amarga pesadilla”, de la que no se ve cómo salir, subrayó.

Tanto en Nuevo Urecho, Coalcomán y Aquila expresó que ha iniciado la defensa de la economía popular y que el Movimiento en defensa del petróleo se ha hermanado con la protección de la endeble economía de los más pobres.

Señaló que la situación es bastante grave y los irresponsables del gobierno usurpador no hacen nada por apoyar al pueblo y “por ello hemos decidido movilizarnos y presionar hasta lograr que se apliquen medidas que permitan por lo menos amortiguar los estragos económicos para la mayoría del pueblo de México”.

El gobierno espurio, dijo, no ha informado que habrá desempleo, desempleo y falta de crecimiento económico en los próximos dos años y que la mayoría de los mexicanos estarán en una situación de mayor empobrecimiento.

Pero, adelantó, “con la fuerza de nuestro movimiento, vamos a exigir al gobierno usurpador que apoye a la gente y que aplique medidas de apoyo para el grueso de la población”.

López Obrador informó que el recorrido por los 2 mil 500 municipios inició en enero del año pasado y que a la fecha ha visitado mil 800 municipios.

Con el recorrido de mañana por Coahuayana, el presidente legítimo de México habrá visitado los 113 municipios michoacanos y además estará en Armería, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Comala y Villa de Álvarez, todos ellos en Colima.



Videos: Foro Seguridad Integral



Manuel Bartlett



Manuel Camacho Solis



José Luis Piñeyro



Victor Flores Olea



Cobertura AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco

Comunicado del Gobierno Legítimo



No frenará la ola de delincuencia la incursión de militares en tareas policiacas, aclara López Obrador

Armería, Colima
Viernes 05 de diciembre de 2008



* Expresa su desacuerdo con el proceso de militarización de los órganos responsables de garantizar la seguridad pública

* Reconoce sin embargo que Calderón recurre a miembros del Ejército Mexicano, por ser la institución que goza de mayor credibilidad entre los mexicanos

* La inseguridad y violencia se solucionan con empleo, educación y mínimos de bienestar y no con pena de muerte, declara

* “Muestra de que la izquierda sí sabe gobernar con honestidad”, afirma al cumplirse dos años de gobierno de Ebrard Casaubon

Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a la propuesta de aplicar la pena de muerte como instrumento para frenar la violencia y la inseguridad que prevalece en el país.

Luego que el Congreso de Coahuila aprobó la pena máxima, el presidente legítimo de México afirmó que la pena de muerte “no se la deseo ni a los políticos corruptos, que son los peores ladrones”.

En entrevista que concedió a los medios de comunicación, al término de una reunión informativa con los habitantes de Armería, expuso que el gobierno usurpador tiene el deber y la obligación de resolver el problema del desempleo y de la carestía de la vida, antes de someter a debate la pena de muerte.

López Obrador también manifestó estar en contra de la militarización de los organismos responsables de la seguridad pública en México, como el caso del nombramiento del general Javier del Real Magallanes en la Subsecretaría de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Consideró que el gobierno espurio recurre al Ejército, porque es la institución que goza de mayor credibilidad entre los mexicanos; sin embargo aclaró que con la incursión de un mayor número de militares no se frenará el aumento de la criminalidad en el país.

La opción, continuó, para abatir la inseguridad es que el gobierno espurio cambie la actual política económica, que desde hace 26 años impusieron los gobiernos neoliberales de corte priista y panista y que ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos.

El presidente legítimo de los mexicanos aseguró que todo lo que sucede en el país “ya es un desastre, es una tragedia nacional, porque cada vez hay más pobreza, desempleo, carestía, inseguridad y violencia y, desgraciadamente, no hay gobierno porque Calderón no sirve para nada”.

En la reunión con los habitantes de Armería, López Obrador pidió guardar un minuto de silencio en memoria del profesor, luchador social, primer alcalde comunista y fundador del Partido Socialista Unificado de México, Othón Salazar, que falleció el jueves a consecuencia de un padecimiento renal, en Tlapa Guerrero.

Así lo recordó: El maestro Othón Salazar fue un hombre honesto, íntegro y un luchador por la democracia en el sector magisterial.

López Obrador también mencionó que hace dos años asumió Marcelo Ebrard Casaubon el cargo de jefe de Gobierno del Distrito Federal. En acto de reconocimiento a la gestión del mandatario capitalino, subrayó: “Es una muestra de que la izquierda sí sabe gobernar con honestidad”.

Previamente, en la asamblea informativa en Coahuayana, Michoacán, aclaró que el gobierno espurio y los que se creen amos y señores de México no van a poder con el Movimiento de transformación de México, “porque el nuestro no tiene precio y porque la dignidad no se vende”.

Indicó que a los potentados les preocupa que siga adelante el movimiento de transformación del país, porque “nos critican un día si y el otro también”, sin embargo, aclaró: “No vamos nosotros a dejar de señalar que son una mafia que ha destruido al país y que son los responsables de que haya tanta pobreza, inseguridad y violencia en el país”.

En ese contexto, mencionó que no es necesario hablar tanto del presidente pelele, Felipe Calderón, “no hay que lamparearlo tanto, porque sabemos que se robó la Presidencia de la República, sino a la banda de los 30, porque ellos son quienes dominan al país”.

Luego en Ixtlahuacán, Colima, Andrés Manuel López Obrador indicó que continuará la resistencia civil pacífica para presionar al gobierno usurpador hasta que baje los precios de las gasolinas, el diesel, la luz y el gas.

También dijo que se mantendrá atento al anuncio de la posible reducción de las tarifas de los mencionados combustibles. “Hay que ver si el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, va a bajar la luz a los empresarios o al pueblo de México”, precisó.

Por la tarde, el presidente legítimo de los mexicanos concedió una entrevista al conductor del noticiero “La Mejor FM noticias”, Max Cortés, que se transmite por Radio Variedades, en el 92.5 de FM de Colima.

Con relación a las diversas encuestas en donde no figura su nombre en el listado de aspirantes presidenciales, afirmó que los potentados y sus adversarios políticos “quisieran que desapareciéramos” de la geografía política; sin embargo la gente quiere que finalice la pesadilla que representa el gobierno espurio de Felipe Calderón.

Para mañana, Andrés Manuel López Obrador visitará los municipios de Minatitlán (Colima), La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Purificación y Casimiro Castillo (Jalisco).




NOTICIERO SDP 4-DIC-08

Amigos, hoy en el noticiero, BOT-ROKER nos habla de su aventura MAFUFA en el EJÉRCITO, ésto a colación de una nota que habla de la desersión que ha habido en los últimos años, en el COMENTARIO DEL BOTE, hablaremos de la propuésta de HUMBERTO MOREIRA sobre la PENA DE MUERTE, comentamos además, los TITULARES DEL PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE y como invitados, EL BOTE y YURIRIA RODRIGUEZ.

Esperando sea de su agrado.

Su amigo en resistencia EL BOTE.