viernes, 31 de octubre de 2008

Video del Discurso del Presidente Legìtimo de México 30 octutbre 2008


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Cobertura AMLOTV

AMLOTV
Soberania Popular
Resiste Acapulco

SOLICITANDO LA SOLIDARIDAD DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS.

SOLICITANDO LA SOLIDARIDAD DEL PARTIDO COMUNISTA FRANCÉS.


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Como lo expreso nuestro presidente legitimo de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador en su discurso del día de ayer 30 de octubre, debemos buscar la solidaridad internacional y difundir la lucha del pueblo de México por el petróleo.
Sabemos que no es algo fácil y que habremos de acudir a toda una serie de instancias internacionales y de movimientos sociales, que simpaticen con nuestra causa.
De manera limitada, y expresando de manera personal nuestra solidaridad con las luchas sociales de pueblo francés, hace tiempo, nosotros decidimos iniciar estas acciones.

Conformément aux engagements compromis avec les compagnons du parti communiste français, nous leur envoyons une petite explication sur parce que nous nous opposons au Mexique à la privatisation du pétrole.

:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado. Apoyando al Presidente Legitimo de México LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ::
Publicado por TONATIUH.

NOTICIERO SDP 31-OCT-08

Hoy amigos hablaremos de lo que encontré respecto a las señalizaciones de NO ESTACIONARSE en la calle donde ocurrió lo que EL BOT-ROKER platicó ayer con VICTOR HERNANDEZ, además hablaremos de como la SEDESOL reconoce que persiste el riesgo de que en México aumente la pobreza alimenaria debido a la crisis MUNDIAL, comentaremos los TITULARES DEL PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE y como invitados, BOT-ROKER y DOLORES REMEDIOS.

Esperando sea de su agrado.

Su amigo en resistencia EL BOTE.

AUDIO EN MP3 dando click AQUÍ.


Felicitación al Compañero Manuel Otero

Normalmente no hacemos públicas nuestras simpatías en este espacio, pero siempre hay excepciones, y el presente caso lo amerita pues consideramos que es un reconocimiento a la labor ardua de un activista al que hemos visto luchar desde abajo sin más interés que la sola convicción de transformar la vida política de México. Nos referimos al compañero Manuel Otero, Coordinador General de los Círculos de Estudio de las Redes Universitarias, y de la Brigada 21 Mixta, a quien se la ha nombrado integrante de la Coordinación Nacional de Defensa del Pueblo, del Petróleo y de la Soberanía Nacional.

Felicitamos al compañero Manuel Otero, y celebramos la decisión del Presidente Legítimo de haberlo nombrado para dicha tarea, que sabemos cumplirá cabalmente para legar a las futuras generaciones un México justo y equitativo.

Atentamente,

El Equipo de AMLO TV.

Brigada Flor y Canto en Punto de Partida

Cronica sobre Lorena Sosa compañera de la Brigada Flor y Canto de los momentos de vivieron las brigadas la semana pasada con los llamados que hizo el presidente legitimo para defender el Petroleo del "Punto de Partida" de Televisa

Convocatoria Club de Periodistas

El Club de Periodistas de México A.C. se complace en invitar a usted al

XXVIII Foro
REFORMA ENERGETICA:
¿CABALLO DE TROYA DE LA PRIVATIZACIÓN?


Dr. Jaime Cárdenas Gracia

Mario Alberto Di Constanzo Armenta

Comentários a cargo de:

Dr. José Manuel Orozco Garibay

Moderadores:
Celeste Sáenz de Miera, Jorge Santa Cruz.


Viernes 31 de octubre

Club de Periodistas

6 pm

Filomeno Mata No 8

Los militares contagiados con el VIH no serán dados de baja

Celebra Ricardo Monreal el apoyo del PAN a las modificaciones
Andrea Becerril
Con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó ayer derogar las disposiciones que consideraban causal de retiro entre los militares el que hubieran adquirido el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
Se reformó la Ley del Instituto de Seguridad Social para las fuerzas armadas mexicanas y se adicionó el contagio con VIH a la lista de padecimientos que pueden ameritar cambio de arma o servicio, con el propósito de que el militar afectado por ese mal pueda tener el tratamiento médico correspondiente.
Durante la sesión de ayer el Senado aprobó también dos reformas a la Ley General de Salud, por las que se establece la obligación de los gobiernos, federal, estatal y municipal de promover el uso del condón. Asimismo, se reconoció legalmente el trabajo de las parteras en comunidades rurales.
Más fondos a prestaciones
Por lo que se refiere a los ordenamientos que rigen a las fuerzas armadas, se realizaron modificaciones a la ley del instituto militar de seguridad social, se incrementó de 11 a 15 por ciento la aportación del gobierno federal para la prestación del servicio médico y otros beneficios, como son centro de bienestar infantil, becas y créditos de capacitación, para los integrantes de los cuerpos castrenses.
Asimismo, se incrementó de 70 a 80 por ciento el porcentaje que se aplica al haber que sirve de base para calcular el retiro y la compensación correspondiente, y se estableció la posibilidad de que el fondo del seguro colectivo de retiro militar pueda recibir aportaciones extraordinarias del gobierno federal.
En el dictamen se señala que se atendieron las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ello se derogaron las causales que obligaban al retiro del servicio militar activo a aquellos elementos contagiados con VIH/sida.
También con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, el Senado aprobó cambios a los artículos 3, 13 y 157 de la Ley General de Salud, para que la secretario del ramo y los gobierno de las entidades federativas se coordinen en la promoción del uso del condón, “priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección VIH/sida”.
El perredista Ricardo Monreal celebró ante el pleno que Acción Nacional “haya dado un viraje en su posición” en contra del preservativo y haya avalado esa reforma, encaminada a prevenir el contagio de enfermedades de transmisión sexual.
Reconocen papel de parteras
Se aprobó también una modificación a la fracción IV del artículo 64 de la Ley General de Salud, para establecer la obligación de la secretaría del ramo de emprender “acciones de capacitación y fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales en la atención del embarazo, parto y puerperio”.
En el dictamen se advierte que las mujeres que habitan en municipios indígenas tienen más riesgo de morir a causa de la maternidad, por lo que la atención de las parteras forma parte de su identificación social y cultural, y por ello es necesario su reconocimiento.
El senador perredista Antonio Mejía Haro destacó la necesidad de proteger a las mujeres más pobres y marginadas que son atendidas por parteras empíricas. “Que bueno que la ley plantea que se les capacite para dar una mejor atención y evitar la mortalidad materna”, manifestó.
La modificación para endurecer las penas contra quien falsifique, contamine o altere medicamentos no se aprobaron ayer y el dictamen fue regresado a comisiones.

Analizan especialistas el incremento de la infertilidad a escala mundial

Carolina Gómez Mena
La infertilidad se ha constituido como un problema grave a escala mundial, pues ha aumentado durante las décadas recientes, señalaron expertos en el tema, los cuales expusieron que actualmente entre 15 y 20 por ciento de las parejas experimentan esta dificultad para tener hijos. Las principales razones son el estrés y factores ambientales como la contaminación.
En el contexto del tercer Simposio sobre actualización en reproducción asistida y la firma de un convenio de colaboración en docencia e investigación entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), se expuso que mientras hace 20 años se diagnosticaba un caso de infertilidad en cada 10 o 15 parejas, en la actualidad hay uno en cada seis.
Al respecto, Roberto Domínguez Casalá, jefe de la Unidad de Investigación en Biología de la Reproducción, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, destacó que ahora han cobrado gran relevancia los problemas de fertilidad, sobre todo en varones.
Esto se relaciona con la disminución del número de espermatozoides viables por eyaculación, lo cual trae como consecuencia una alteración de la capacidad de fecundación que tienen los hombres.
Explicó que las razones para esto son muchas, entre ellas aspectos de índole ambiental, como la acción de los denominados fitoestrógenos, que son moléculas producidas por algunas plantas que tiene la capacidad de actuar de manera semejante a los estrógenos, afectando los mecanismos normales de producción de espermatozoides en los varones cuando entran en contacto con dichas sustancias.
Según el experto, “la infertilidad ha ido en aumento en las décadas recientes de manera alarmante”, a lo que se suma que la mayor parte de las parejas identifica sus problemas de infertilidad (ocho de cada 10) después de cuatro años de intentar tener hijos.
Antonio Requena, director del centro IVI de Madrid y coordinador de la dirección médica de todo el iinstituto –el cual posee 15 clínicas a escala mundial, incluido México–, señaló que aunque ahora son más notorios los problemas de calidad seminal, en general se considera que las dificultades para concebir hijos guardan una proporción similar entre hombres y mujeres.
Explicó que en el caso de las mujeres uno de los problemas fundamentales es el envejecimiento ovárico, que disminuye la calidad de los óvulos. Esto se debe a que ahora se tiende a retrasar mucho más la primera gestación (en México ya el segundo segmento de mujeres que registra más nacimientos es el de 30 a 39 años de edad, y estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática indican que en menos de 10 años será el primero).
Entre los problemas femeninos, añadió, están las alteraciones de la menstruación y las infecciones en la trompas de falopio, que es donde se realiza la fecundación.
“En los países donde hay mucha incidencia de enfermedades de transmisión sexual suelen haber problemas tubáricos, esto es, en las trompas de Falopio, las que se ocluyen por la infección”, comentó.
Destacó que los problemas ambientales afectan tanto a hombres como a mujeres en su capacidad reproductiva y subrayó que el estrés es otro factor importante que afecta la fertilidad.

Repudio total a declaraciones de Manuel Mondragón y Kalb

Las críticas hacia el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb, por su declaraciones sobre el Movimiento de los 400 Pueblos, no se hicieron esperar, y ayer desde diputados locales de todos los grupos parlamentarios hasta representantes de organismos de derechos humanos calificaron su postura de sacar “a patadas” a esa gente de esta ciudad de “excesiva”, “inapropiada”, “discriminatoria” y de “superpifia”, por lo que consideraron que el funcionario debe retractarse y ofrecer públicamente una disculpa.
Incluso, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, afirmó que esta institución analiza “cuáles son los pasos a seguir” en torno a esa expresión.
Al respecto, el Ejecutivo local, Marcelo Ebrard, decidió no emitir ninguna opinión sobre lo dicho por su secretario de Seguridad Pública, ya que –dijo– el mismo Mondragón haría las aclaraciones correspondientes. Lo que sí reveló es que hay negociaciones para lograr que dicho grupo de manifestantes regrese a su entidad en breve.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diputados de todos los grupos parlamentarios reprobaron las declaraciones del titular de la SSP-DF, y no sólo le pidieron que ofrezca disculpas públicamente, sino que se ponga a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza pública.
Entrevistados por separado, los legisladores de PRD, PAN, Panal, PRI, Coalición de Izquierdas y Coalición Socialdemócrata aseguraron que hay mecanismos de diálogo y de concertación que deben anteponerse antes de tener la tentación de la mano dura y la represión.
Jorge Schiaffino y Armando Tonatiunh González, del PRI, demandaron a Mondragón “module su lenguaje y sea más coherente con sus declaraciones”; Ramón Jiménez, Agustín Guerrero y Humberto Morgan, del PRD, calificaron de “excesiva” la expresión del titular de la SSP, y remarcaron que no es política de su partido ni del gobierno de esta capital optar por ese tipo de salidas; Enrique Pérez Correa, de la Coalición de Izquierdas, definió como una “superpifia, un superpatinón” el citado comentario.
Carmen Segura, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, resaltó: “si Mondragón dijo eso en sentido figurado sería una irresponsabilidad, y si lo dijo en serio hay que ponerlo a estudiar la ley que regula el uso de la fuerza, pues se ve una falta de sensibilidad y desapego a los derechos humanos”.
Enrique Pérez, de la Coalición de Izquierdas, dijo que la opinión del funcionario “prende los focos rojos para la vida democrática y las libertades en esta ciudad”, mientras que Alejandro Ramírez, de la Coalición Socialdemócrata, pidió llegar al diálogo y no a las patadas, mientras que Xiuh Guillermo Tenorio, del Panal, pidió ser mesurado y actuar con inteligencia hacia ese tipo de manifestaciones.
Para el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Edgar Cortez, y para el mismo Álvarez Icaza, “resulta inadmisible en un gobierno de izquierda que tiene como bandera el respeto a las garantías individuales”, escuchar ese tipo de declaraciones contra los 400 Pueblos.
Cortez calificó la postura de Mondragón de “discriminatoria” y producto de una concepción que “pierde de vista” que las expresiones de protesta social “tienen en el fondo una exigencia y una problemática social que es desatendida por algún nivel de gobierno”.
El ombudsman capitalino añadió que si dicha expresión refleja la manera en la que el jefe de la policía entiende las cosas, la ciudad “está en un grave peligro”.

Edil de Jalapa usa señalamientos para anunciar negocio familiar

Jalapa, Ver., 30 de octubre. El alcalde David Velasco Chedraui utiliza los señalamientos de las principales avenidas de esta capital para anunciar la tienda departamental Super Che, propiedad de sus tíos Alfredo y Antonio Chedraui Obeso.
El establecimiento, que forma parte del Grupo Chedraui y fue inaugurado el mes pasado por el gobernador de Veracruz, el prísta Fidel Herrera Beltrán, se localiza en la avenida Ignacio de la Llave.
La construcción de la tienda fue cuestionda por algunos sectores, pues en el predio se ubica parte de la primera estación del ferrocarril de Jalapa. Los comerciantes pretendían demoler el inmueble, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) lo impidió.
Así, el edificio quedó rodeado por el Super Che, la más nueva de las 124 tiendas propiedad de la familia Chedraui Obeso.
El 9 de septiembre, el arzobispo emérito de Jalapa, Sergio Obeso Rivera, tío de los hermanos Alfredo y Antonio Chedraui Obeso, bendijo el centro comercial.
Previamente, el ayuntamiento ordenó modificar los letreros de por lo menos una docena de calles y avenidas para indicar la ubicación de la nueva tienda.
El alcalde de Jalapa, el priísta David Velasco Chedraui –sobrino de los empresarios–, ordenó alterar la señalización sin permiso del cabildo, único autorizado para aprobar modificaciones de anuncios colocados en la vía pública, denunció el regidor perredista Esteban Hidalgo. “Lo hizo a título personal. Hay un claro conflicto de intereses”, acusó.
Con el argumento de que Grupo Chedraui donó los anuncios que se colocaron en las avenidas Manuel Ávila Camacho, Américas, Arco Sur, Miguel Alemán e Ignacio de la Llave, entre otras, el alcalde permitió colocar los letreros sin tomar en cuenta la Ley Orgánica del Municipio Libre y los reglamentos de Tránsito y Vialidad, y de Desarrollo Urbano.
El regidor Esteban Hidalgo dijo que el artículo 292 del Reglamento de Desarrollo Urbano, vigente desde 2004, estipula: “Ningún anuncio podrá tener semejanza (en forma, color o palabras) con los señalamientos restrictivos, preventivos, directivos e informativos que regulen el tránsito, o con aquellos de las dependencias oficiales”.
Esteban Hidalgo subrayó que Velasco Chedraui incurrió en tráfico de influencias y abuso de autoridad, pues utiliza el cargo para beneficiar a familiares. “La orientación vial del municipio no es de carácter publicitario-comercial”, sostuvo. Sin embargo, consideró poco viable que se multe a la empresa.

Meridanos, joviales hasta en el sepulcro

Mérida, Yuc., 29 de octubre. Lejos de ser lúgubres o aterradores, los camposantos de Mérida poseen un toque de originalidad que atrae miles de visitantes todo el año, no sólo en el día de Los Fieles Difuntos.
En la capital yucateca hay cuatro panteones. El más antiguo es el “general”, que data de 1821, y el más reciente el Jardines del Recuerdo, de 1988, aunque éste es casi exclusivo para gente pudiente. Todos tienen peculiaridades.
La dirección de cementerios de la comuna de Mérida trabaja en un proyecto para organizar recorridos turísticos por los cementerios de esta ciudad, para que los visitantes admiren la originalidad, antigüedad y calidad de las tumbas.
“Es posible que en 2009 tengamos listo un proyecto para hacer de los cementerios de Mérida sitios turísticos”, aseguró el alcalde, César Bojórquez Zapata.
Para las autoridades municipales, de extracción panista, vale la pena intentarlo: de acuerdo con cifras de la dirección de cementerios de Mérida, éstos reciben cada año más de 400 mil personas y es factible aprovecharlos para generar ingresos.
En el cementerio general, por ejemplo, la bóveda 849 alberga los restos de un joven que se suicidó hace dos años y se llevó al más allá la afición por su equipo favorito de futbol: el América. Su tumba está pintada con los colores del cuadro de Coapa: azul y amarillo. En un nicho, además de la fotografía del joven, hay un balón de piedra y el escudo americanista.
Una de las tumbas más originales es la que guarda los restos de Carlos El Calvo Chalé, personaje ampliamente conocido en el mundo del narcomenudeo y la adulteración de licores. El personaje favorito de El Calvo era Kalimán, héroe mexicano de historieta que poseía poderes sobrenaturales.
Antes de morir, en 2000, Carlos Chalé pidió a sus familiares que su tumba fuera vigilada por Kalimán. Su deseo se cumpió y la adusta efigie de El Hombre Increíble, cruzado de brazos, ataviado con su característica vestimenta blanca, turbante y capa, custodia el sepulcro del personaje yucateco.
En otra área del cementerio general está la tumba de Moisés Ojeda Farah, un joven que murió en 1979. Pero no está solo. Lo acompaña la figura de una mujer. Se cree que la tejedora es la madre del muchacho y que lo acompañó durante su enfermedad.
En otra lápida se observa un teléfono de piedra y una mano lista para hacer girar el disco. Los vigilantes dicen que quien quiera hablar con el finado tiene que marcarle, pero nadie sabe el número.
Al cementerio de Xoclán, construido en 1982, llegan personas de clase media y baja. Aquí se localiza la tumba de la joven Beelshel Vargas Piña, en cuya lápida se reprodujo una computadora, con mouse y bocinas. Evidentemente, la difunta era aficionada a la informática.
El lugar donde se encuentran los restos de José Efraín Alvarado Magaña, aficionado al tequila, la música vernácula y los ranchos ,está adornado con un sombrero, un nopal y un maguey.
“Los cementerios de Mérida no son sitios de terror y miedo, como aparecen en las películas de fantasmas. Son lugares alegres y pintorescos. Estas originales tumbas son el mejor ejemplo”, destacó José del Carmen Chuc, quien desde hace 40 años trabaja de velador de camposanto y enterrador.

Denuncian que 50% del gasto en política social no llega a los mexicanos más pobres

Angélica Enciso L.
La mitad de los recursos destinados a la política social no llegan a los más pobres y persiste la gran desigualdad en el país. Casi 500 municipios tienen más de la mitad de su población en pobreza alimentaria y hay 11 entidades de alto y muy alto rezago social, documentó un examen de la política de desarrollo social 2008 presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).
En el acto en el que se dio a conocer el documento, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Ernesto Cordero, dijo que “no se puede garantizar que la pobreza alimentaria no crezca en 2009” y anunció que se elevará el padrón del programa Oportunidades, mientras Rodolfo de la Torre, experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consideró que el escenario es de riesgo de que más gente llegue a la pobreza.
Cordero aseveró que se debe “defender y proteger” la política social ante un “año complicado” por el entorno económico y por las elecciones de 2009. En este punto, dijo, el “eslabón débil” está en las instancias locales, porque “el gobierno federal tiene mecanismos de rendición de cuentas”. Otro riesgo, asentó, es que bajo la etiqueta de programas asistencialistas se den más recursos a planes agropecuarios, y anunció que para este sector se pidieron 16 mil millones de pesos adicionales en el presupuesto del año próximo.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, al exponer la evaluación, dijo que la reducción de la pobreza –actualmente hay 44.7 millones de personas en esa situación– ha sido relativamente lenta entre el periodo estudiado (1992-2006). Sostuvo que persiste la gran brecha de desigualdad que había hace 14 años: el 10 por ciento de los más pobres recibe 1.6 por ciento del ingreso nacional, mientras el 10 por ciento más rico obtiene 40 por ciento. Es importante evaluar este aspecto, puntualizó.
Se refirió a que hay retos como la seguridad social, de la cual en 1992 el promedio nacional de personas sin derechohabiencia era de 64.1 por ciento, mientras que en el 20 por ciento de la población más pobre la deficiencia se daba en 90 por ciento; para este último sector, la situación no ha cambiado, ya que se mantiene el mismo porcentaje de personas sin seguridad social. Además, será difícil cumplir la meta del milenio de reducir la mortalidad materna, indicó.
El experto destacó la situación del empleo como un factor determinante para la pobreza. Dijo que en este periodo la ocupación informal creció 10.2 millones y la formal 5.1 millones, lo cual significa que el país “tiene un problema estructural importante en la generación de empleos”. El salario real, advirtió, no ha aumentado de manera sustancial, es “prácticamente el mismo” y hemos analizado que hay “una relación directa entre lo que pasa en el mercado laboral y la pobreza. México tiene un reto importante de mejorar la creación de empleos, porque esto aliviará la pobreza”.
Agregó que el gasto social se ha incrementado, ya que pasó de 38 por ciento del gasto programable a 59 por ciento, pero “los programas sociales no se dirigen a los más pobres”. Al abundar en este punto, Rodolfo de la Torre, explicó a su vez que “cerca de la mitad del gasto social no tiene una contribución para reducir la desigualdad en el ingreso, más bien la promueve, y esto ocurre con los subsidios agrícolas”. Detalló que esta situación se da con programas como los de pensiones, Procampo, el subsidio al agua y a la educación superior.
El titular de la Sedeso, Ernesto Cordero, defendió la política social: “está dando resultados”. Dijo que en el Congreso existen “voces que sugieren que hay que revisar la política del gobierno federal”, pero “debemos reconocer que está encaminada en el camino correcto”. Agregó que los recursos se deben destinar a quienes los necesitan, “no estamos en condiciones de desperdiciar un solo peso”, y se comprometió a cumplir con las recomendaciones del Coneval. Por la mañana, antes de acudir a la presentación de la evaluación, participó en la inauguración del Encuentro nacional de organizaciones de la sociedad civil.

Los laboratorios, durísimos para bajar precios de medicinas: Ssa

Córdova descarta desabasto; los genéricos intercambiables, “la opción”
Ángeles Cruz Martínez (Enviada)
Toluca, Méx., 30 de octubre. La negociación que la Secretaría de Salud (Ssa) empezó hace más de un mes con la industria farmacéutica para reducir los precios de las medicinas es muy difícil. Los laboratorios “son durísimos” y apenas han ofrecido descuentos de 2 a 3 por ciento, dijo el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos.
Señaló que la situación económica ha impedido avanzar y que, por la misma causa, se tendrán que hacer “adaptaciones” al presupuesto del sector. Sin embargo –indicó–, lo más preocupante es la incertidumbre y el hecho de “no saber dónde va a parar esto”.
Vacunación contra la influenza
En entrevista, luego de dar inicio a la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2008, y la presentación del Informe de Rendición de Cuentas 2007, el funcionario mencionó que la crisis financiera también tiene repercusiones en el área de la salud, debido a que muchos de los insumos y medicamentos se compran en el extranjero.
La devaluación del peso –entre 30 y 35 por ciento– ha generado incertidumbre en el sector, y aunque Córdova rechazó hablar sobre posibles recortes presupuestales, dijo que habrá más vigilancia en el gasto “para que no tengamos que restringir beneficios”.
Respecto al trabajo de la Comisión Negociadora de Precios de Medicamentos de patente, que empezó a operar el pasado 23 de septiembre, Córdova mencionó que los avances son muy limitados; pero existen otras alternativas, como la promoción del uso de genéricos intercambiables (GI), los cuales permiten resolver las necesidades de la población.
Dijo que garantizar el acceso a los fármacos es una política pública de primer nivel y descartó la posibilidad de que por falta de acuerdo haya desabasto. Respecto a la negociación, señaló que la Ssa hizo un estudio sobre la variación de precios que pagan las instituciones del sector en el país, y se detectó que en ocasiones, en algunos estados de la República los laboratorios venden dos o tres veces más caro en comparación con otros.
Asimismo, reconoció que la discusión con los laboratorios farmacéuticos –que deberá concluir el próximo 15 de noviembre– está igual que cuando se trató de los productos para el control del VIH/sida, en agosto pasado. Entonces, la Ssa también enfrentó resistencias de los fabricantes y al final logró ahorros por 140 millones de pesos en las compras del segundo semestre de 2008.
En la actual negociación, que involucra a las medicinas protegidas por una patente, “vamos a seguir insistiendo”, aunque hay otras alternativas. Recordó que a partir de febrero de 2009, los fármacos biotecnológicos ya no requerirán cumplir el requisito de tener una fábrica instalada en el país para obtener registro sanitario, por lo que serán otra opción para los consumidores.
El pasado 3 de agosto, el presidente Felipe Calderón anunció la eliminación progresiva del requisito de planta, y en dos años éste dejará de existir.
Por otra parte, en el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza de invierno, aseguró que en los cuatro años que se ha aplicado el biológico se han evitado 26 mil casos de neumonía, 391 mil episodios de infecciones respiratorias agudas y 140 muertes entre niños menores de dos años y adultos mayores de 60.
Para este año se prevén entre 40 y 50 frentes fríos, y el titular de la Ssa confió en que seguirá la reducción en el número de muertes asociadas a las bajas temperaturas, en particular las derivadas por intoxicación con monóxido de carbono. Durante el invierno 2007-2008, el descenso fue de 50 por ciento, con 56 defunciones. El año previo se reportaron 116 decesos.
En su exposición ante funcionarios federales y estatales del sector salud, informó que este año el biológico se aplicará a los bebés de seis a 35 meses de edad y a los adultos mayores de 60 años, así como a la población infantil de tres a nueve años y a las personas de más de 50 que sufran alguna enfermedad crónica, como cáncer, diabetes, insuficiencia renal o enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
En total, el sistema nacional de salud administrará más de 15 millones de dosis durante los siguientes meses. El secretario comentó que también se inmunizará contra el neumococo a los mismos grupos etáreos y con mayor riesgo de sufrir las complicaciones por enfermedades respiratorias.

El IFE no está de acuerdo, pero acatará

Alonso Urrutia
El presidente de la Comisión de Quejas del Instituto Federal Electoral (IFE), Virgilio Andrade, dijo que el organismo acatará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordena sancionar al PAN, al PRI y al PVEM por la difusión de anuncios del Consejo Coordinador Empresarial en 2006.
Hay coincidencias en ambas instancias en que la organización empresarial violó la ley, pero advirtió sobre la necesidad de “reflexionar” sobre la “consistencia” de los criterios aplicables por los magistrados.
Entre tanto, el representante del PAN ante el IFE, Roberto Gil, deploró el sentido del fallo, al subrayar que, de acuerdo con los criterios del tribunal, ahora los partidos “seremos responsables de callar a los ciudadanos o de lo contrario podríamos ser sancionados por omisiones”.
A su juicio, el TEPJF fue claro al señalar que no hay pruebas sobre el beneficio electoral de los promocionales difundidos en el final de la campaña presidencial de 2006.
Gil consideró que el criterio fijado por los magistrados es riesgoso en la medida en que, según dijo, responsabiliza a los partidos de “callar a los ciudadanos o las organizaciones sociales si no queremos correr el riesgo de ser sancionados”.
Destacó que la sanción que ordena el TEPJF obedece a “lo que han establecido como omisión para impedir la difusión de los mensajes del CCE y no por haberse beneficiado de esos promocionales”, de lo cual no hay constancia.

CCE: el fallo del TEPJF, serio retroceso en la calidad de la democracia nacional

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó en todos sus términos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que determina que los anuncios difundidos por el organismo privado los días previos a los comicios presidenciales de 2006 son violatorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Además, anunció que recurrirá a las vías legales e institucionales para defender sus derechos y libertades.
En un comunicado, el CCE expresó también su preocupación porque, según observan, “algunos grupos de poder” pretenden actuar como órganos censores de las libertades de los mexicanos, actitud que está provocando un importante retroceso en la calidad de la democracia en el país.
Para el CCE, los dos anuncios que realizó –“mismos que sólo estuvieron al aire dos semanas”– únicamente expresan sus tesis y opiniones sobre el modelo económico más adecuado para México. En ninguno de ellos, argumenta, se hacen referencias positivas o negativas a partidos políticos ni candidatos, ni se juzga la validez de las plataformas electorales de los contendientes, y mucho menos se hace promoción del voto, razón por la cual de ninguna manera pueden ser considerados propaganda política o mensajes ilegales.
Explicó que el recurrir a las instancias legales para defender sus derechos se debe a que en esta y en anteriores decisiones del TEPJF sobre el mismo tema se le ha condenado sin otorgarle el derecho de audiencia que tienen todos los mexicanos en los términos que marca la Constitución, y en este caso “se le está juzgando inconstitucionalmente dos veces por la misma conducta”.
Aseguró que desde su creación, el consejo ha tenido siempre una presencia pública que ha utilizado legal y responsablemente para hacer llegar sus mensajes y puntos de vista a la sociedad en general por los medios de comunicación.
De igual forma, reiteró que mantendrá la lucha en contra de las modificaciones constitucionales en contra de la reforma electoral mediante el amparo constitucional sobre la materia. Hay que recordar que en febrero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedente, la solicitud de un amparo interpuesto por el CCE en contra de la disposición constitucional que prohíbe a toda persona física o moral la contratación de propaganda en radio y televisión para fines proselitistas.
Para los empresarios de México, alega el CCE, la resolución del TEPJF relacionada con los promocionales “ataca nuestras libertades fundamentales y se erige como un retroceso para la democracia mexicana, pues se convierte a la libertad de expresión en un elemento retórico, inhibiendo su aplicación en la vida cotidiana, única forma de ser concebida en un Estado democrático”.

Hay riesgo de privatización, señala experto

La reforma energética que aprobó el Congreso de la Unión deja rendijas para la privatización, advirtió el investigador Jaime Cárdenas Gracia, quien sostuvo que hay que recurrir a instancias nacionales e internacionales, porque con las modificaciones se se violaron derechos humanos.
En el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó: “No nos sorprendería nada que mañana apareciera publicada ya la reforma en el Diario Oficial de la Federación. Igual el presidente Felipe Calderón se puede tomar los diez días que tiene para hacer observaciones y luego publicarla; la verdad, dudo que ejerza su derecho al veto. Eso no va a ocurrir”.
Al participar en una mesa redonda sobre derechos humanos y recursos naturales, Cárdenas Gracia aseveró que “es inminente que esta reforma, que aprobó primero el Senado y luego la Cámara de Diputados, sea ley vigente en el derecho mexicano”. Ante ello, dijo, “la pregunta es qué podemos hacer, qué medidas podemos invocar para defender los recursos del país”.
En el ámbito interno, explicó, se puede recurrir al amparo, y en el plano internacional se puede acudir a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que se violaron los pactos de derechos sociales y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales.
“Mienten los partidos y los asesores del Frente Amplio Progresista (FAP) cuando dicen que a la reforma se le quitó todo lo que fuera privatizador. Por ejemplo, dicen los asesores del FAP que las filiales se eliminaron del dictamen completamente. Eso no es cierto, ese concepto está incluido en al artículo 19 de la Ley de Pemex”, puntualizó.
Ante el auditorio, leyó ese artículo e indicó que en la fracción 10, que se refiere a las atribuciones del consejo de administración de Pemex, está la de contratar empresas filiales u organismos subsidiarios. “Entonces –cuestionó–, ¿no que desapareció ese término de la reforma? Lean bien, analicen con cuidado”.
Reveló que “cuando pedimos detalles de esta situación, los senadores dijeron que sí, que ese término ahí está. Pero argumentan que se refiere a las nuevas filiales que se crearán y no serán para actividades estratégicas”.
Otro punto, añadió, es el de los contratos: “De acuerdo con los asesores del FAP, se cerró toda la posibilidad de realizar contratos de riesgo o incentivados. Sin embargo, en el artículo 60 de la Ley de Pemex se permiten los contratos con compensación”.
Y siguió: “Según los asesores del frente, habrá mayor transparencia, pero el artículo 60 de la Ley de Pemex permite las cláusulas de confidencialidad. El contratista y el contratante establecen condiciones a las cuales ni la Auditoría Superior de la Federación (ASF) podrá tener acceso. Entonces, ¿cuál transparencia?”
Cárdenas Gracia expuso que de acuerdo con la reforma, “México no irá a tribunales internacionales para zanjar problemas comerciales con el petróleo. Falso: en el artículo 72 se habla de que Pemex puede recurrir a la jurisdicción internacional. Por eso digo y sostengo que hay rendijas, resquicios que se dejaron en abono a la privatización”.
Los bonos, destacó el especialista, “son los elementos mas anticonstitucionales de la reforma. Se va a pagar por ellos utilidad y esa viene de la renta petrolera. Además, ahí vamos a tener un problema, porque los tenedores van a tener información privilegiada y exclusiva con la cual no van a poder contar los demás mexicanos. Éste es un asunto muy grave, y lo reconocieron los senadores perredistas Graco Ramírez y Carlos Navarrete”.
El diputado José Antonio Almazán, por su parte, expuso en la mesa redonda que “la privatización de Pemex está ahí, en el ordenamiento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional. Está ahí contenido cómo hacer la asignación de bloques”.

Presenta AMLO nuevo plan de acción: defenderá petróleo y economía popular


Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el plan de acción que vincula la defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional. Para este propósito se integraron nuevas comisiones con la participación de intelectuales, académicos, investigadores, periodistas, artistas y organizaciones sindicales.
En esta nueva etapa, anunció que llevará 12 propuestas a la Cámara de Diputados, por conducto del Frente Amplio Progresista (FAP), antes de que se apruebe el paquete económico 2009, con la finalidad de orientar el presupuesto federal hacia la atención de las necesidades del pueblo y evitar que “el gobierno usurpador” siga atendiendo y rescatando “sólo a los potentados de siempre”.
Indicó que el movimiento enfatizará la solidaridad con las “causas justas” de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y ciudadanas de todo el país.
Austeridad republicana
López Obrador explicó que pretende que el presupuesto de 2009 incluya una política de austeridad republicana, que elimine o disminuya las partidas destinadas a mantener los privilegios de la alta burocracia; otorgue créditos con bajas tasas de interés a pequeñas y medianas empresas y comercios, condicionados a no despedir trabajadores; proteja los ahorros y los fondos de pensiones de los empleados y de la clase media; fortalezca la educación pública y dé atención prioritaria a los jóvenes, además de poner en práctica programas de apoyo directo a discapacitados, madres solteras y adultos mayores.
Además, debe frenar la pérdida del poder adquisitivo del salario, mediante el congelamiento de precios en alimentos, impuestos y servicios, y con la reducción de los precios de gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica; que impulse la construcción de infraestructura, vivienda y obras públicas para reactivar la economía y crear empleos; que apoye a los productores del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y garantice el acceso a los servicios de salud, así como otorgar medicamentos gratuitos a quienes carecen de seguridad social.
López Obrador señaló que a partir del agravamiento de la crisis económica, el movimiento que encabeza vinculó la lucha del petróleo con planteamientos y propuestas para proteger al pueblo, “ante el derrumbe de la política económica neoliberal”.
Ante miles de simpatizantes reunidos en el Hemiciclo a Juárez, insistió en que para defender la economía se requieren, además de propuestas, movilización ciudadana, la cual, en esta nueva etapa de lucha, se realizará en varios momentos.
A partir de hoy y hasta el 23 de noviembre se prevé realizar un mitin relámpago frente a Palacio Nacional cuando se tenga noticia de la promulgación de las reformas a Petróleos Mexicanos. El martes 4 de noviembre, a las ocho de la mañana, en la Cámara de Diputados, hará entrega del programa de defensa de la economía popular a los coordinadores parlamentarios del FAP.
El 11 de noviembre, a las 17 horas, llevará a Televisa una carta en la que demandará espacio en la televisora para hacer públicas las propuestas del movimiento. El 23 de noviembre encabezará, a partir de las 10 de la mañana, una marcha del Ángel de la Independencia a Bellas Artes, donde se desarrollará una asamblea informativa y de evaluación para presentar los avances y los programas de trabajo de las comisiones.
A continuación, algunos de integrantes de dichos organismos:
Comisión para la defensa de la Constitución y la legalidad: Arnaldo Córdova, Jaime Cárdenas, Jesús González Schmall, Julio Scherer Ibarra y Ricardo Monreal, entre otros. Se encargará de elaborar amparos, demandas y cualquier tipo de acción jurídica.
Comisión de Asuntos Internacionales: Susana de Iruegas, Jorge Eduardo Navarrete y Víctor Flores Olea.
Comisión de combate a la corrupción de Pemex: Octavio Romero Oropeza, Eréndira Sandoval, Agustín Díaz Lastra y Cuauhtémoc Velasco.
Comisión de vigilancia del consejo de administración de Pemex: Carlos Payán, Bertha Luján, José Eduardo Beltrán, Francisco Garaicoechea, John Ackerman y Antonio Gershenson.
Comisión para la defensa de la economía popular: Mario di Costanzo, Assa Cristina Laurell, Humberto Zazueta, Alberto Anaya y Dante Delgado.
Comisión de difusión: Rafael Barajas, El Fisgón; Luis Mandoki, Pedro Miguel, Herón Escobar y Carlos Salces. Comisión de seguimiento y acciones inmediatas: Valentina Batres, Alfonso Suárez del Real y Aleida Alavez.
Comisión para la ayuda mutua en apoyo a la economía popular: Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Cristina Barros, Carlos Pellicer López, Laura Itzel Castillo y Eduardo Cervantes.
Comisión de estudios y actualización del proyecto alternativo de nación: José María Pérez Gay, Ignacio Marbán, Luciano Concheiro, Rogelio Ramírez de la O y Bolivar Echeverría.
Se mantiene la coordinación general de brigadas del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo con Ricardo Ruiz, Alejandra Barrales, David Cervantes, Martha Pérez Bejarano, Salomón Jara y Fabiola Alanís.
La comisión coordinadora de defensa del petróleo se convierte en coordinación nacional de defensa del pueblo, del petróleo y de la soberanía nacional, integrada por Berta Maldonado, Jesusa Rodríguez, Layda Sansores, Claudia Sheinbaum, Rosalinda López, Ifigenia Martínez y Alfredo Jalife. Se suman: Alejandro Encinas, Armando Bartra, Luis Javier Garrido, Rosario Ibarra, Yeidckol Polevnsky, Jorge Arvizu, Ricardo Cantú, Pedro Jiménez León, Antonio Almazán y Manuel Otero.
Acciones de mediano y corto plazos
A partir del 23 de noviembre, las acciones de mediano y largo plazo incluyen: informar con volantes, historietas y videos sobre las acciones del movimiento; crear oficinas para orientar y defender a la gente ante despidos injustificados, cobros indebidos de servicios, tarjetas de crédito y otros; crear comedores populares en las zonas más pobres del campo y la ciudad, y recoger experiencias e informar en países productores de hidrocarburos “tratando de hermanar nuestra lucha” con quienes, en otras partes del mundo, defienden el petróleo y sus recursos naturales, entre otras.
El “presidente legítimo” concluyó su intervención al señalar que con esto se inaugura una nueva etapa de lucha para responder a la nueva situación, sin abandonar los objetivos generales.
“En pocas palabras, seguimos gobernando desde la sociedad, haciendo valer el poder que nos da la autoridad moral, la organización del pueblo y la fuerza de nuestro movimiento, porque el usurpador (Felipe Calderón) ni manda ni gobierna.”

Refuerzan la seguridad en Bucareli

Fabiola Martínez
La seguridad en el conjunto Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación, fue reforzada con unos 30 elementos que tienen a su cargo, de manera especial, el resguardo de la oficina del titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño Terrazo.
El secretario de Gobernación cuenta con una escolta de unos siete elementos del Estado Mayor Presidencial para su custodia permanente.
El plan para reforzar la seguridad en Bucareli fue delineado a principios de este año, tras la llegada de Mouriño a Gobernación, pero apenas hace dos meses el nuevo grupo de custodios –dirigidos por personal con antecedentes en la carrera militar– se incorporó a la vigilancia.
Los elementos contratados –divididos en tres turnos– recibieron entrenamiento especial para cumplir su encargo y acreditar conocimientos en sicología con el propósito de detectar sospechosos de alguna provocación o agresión, según fuentes consultadas.
La principal instrucción es blindar al titular de Gobernación y las instalaciones. Desde que Mouriño está a cargo de la dependencia, el cerco para proteger las oficinas es más amplio y llega hasta calles aledañas para evitar el paso de manifestantes.
En la actualidad, Gobernación es vigilada por policías auxiliares del Distrito Federal y de la Federal Preventiva, quienes conviven con escoltas contratados desde que Carlos Abascal encabezaba la dependencia.

Rechazan especialistas la aplicación de la pena de muerte en México

Alfredo Méndez
La delincuencia no puede combatirse con la aplicación de la pena de muerte, como proponen varios políticos y ciudadanos, porque nadie ha podido demostrar que esa acción punitiva, que se aplica en Estados Unidos, “disminuya la criminalidad”, señalaron autoridades mexicanas y expertos en derecho internacional que participaron en un foro en esa materia organizado ayer por la Universidad Iberoamericana.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, afirmó que hasta hoy “México se opone a la pena muerte, por considerar que no está demostrado, en ninguna parte del mundo, que contribuya en lo más mínimo a reducir los índices de delincuencia”.
El funcionario federal agregó que la oposición del gobierno de Felipe Calderón a la pena de muerte, que aplican algunos condados de Estados Unidos, no afecta en nada la relación entre ambos países.
Por su parte, Sandra Babcock, directora del programa de asistencia jurídica a mexicanos que enfrentan la pena de muerte en Estados Unidos, dijo que cuando se habla de sentenciados a la pena capital lo importante es determinar, primero, si se respetó el derecho del condenado a la debida defensa, pues si esto no ocurrió así podría variar el sentido de la sentencia.
En segundo lugar, dijo, surge el tema de si el detenido es o no responsable del delito que se le imputa. “Es aquí donde podemos decir, categóricos, que ningún delito está por encima de su derecho a vivir”, puntualizó.
“¿Un delincuente es un monstruo que merece ser aniquilado? Esa es la cuestión”, preguntó Babcock a los asistentes.
En tanto, Alberto Herrera Aragón, director ejecutivo de Amnistía Internacional-México, aseguró que el derecho a la vida está por encima de cualquier cosa; por eso, agregó, la legislación internacional y la Constitución Mexicana tutelan la protección a la vida de cualquier ser humano.
Asimismo, criticó la propuesta del PVEM de que se reinstaure en la legislación mexicana la pena de muerte como remedio para combatir el crimen organizado. “Es preocupante que un partido político, como el Verde Ecologista, haga un pronunciamiento tan delicado sobre la pena de muerte, como el que anuncia en sus espectaculares”, sostuvo Herrera Aragón.

Presenta el Ejecutivo iniciativa para regular atracción de casos penales

Roberto Garduño y Enrique Méndez
El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto por el cual se reforma el artículo 73 de la Constitución, con objeto de facultar a las autoridades federales a conocer (atraer) delitos del fuero común relacionados con la protección de la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
El Ejecutivo, por medio del texto que hizo llegar a la secretaría general de la Cámara de Diputados, manifiesta que su propuesta pretende evitar la impunidad en los ilícitos arriba planteados, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales, como son la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, y prevenir e investigar, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.
“En el sistema jurídico mexicano, la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica, en amplio sentido: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la integración social del delincuente. Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su integridad, el orden y la paz pública.”
Los supuestos en los que la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción, aduciendo que los delitos de fuero común trascienden el ámbito de los estados o del DF, por su efecto nacional e internacional, son los siguientes: “En los últimos años, gran parte de las agresiones contra el ejercicio de la libertad de expresión la constituyen delitos de competencia de la autoridad local, por lo que se considera conveniente que cuando estos delitos trasciendan al ámbito de las entidades federativas o tengan efecto a nivel internacional sean investigados, perseguidos y sancionados por las autoridades federales, quienes cuentan con la infraestructura necesaria para garantizar una mayor eficacia y transparencia en el manejo de los procesos correspondientes, evitando así que queden impunes.
“La Federación, a través de la investigación rápida, efectiva e imparcial de las denuncias, asumiendo directamente la facultad de conocer estos delitos, garantizaría la seguridad pública, la seguridad nacional y los derechos humanos, protegiendo con ello la soberanía nacional.”
De tal forma se pretende generar un mecanismo que permita garantizar que los actos atentatorios contra la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos y libertad de expresión, en el ámbito de las entidades federativas, no queden impunes por lagunas o insuficiencia en los ordenamientos legales en materia penal y procesal, y con ello el Estado mexicano dé pleno cumplimiento a sus compromisos internacionales.
La reforma al 73 constitucional, en su fracción 21, quedaría así: “Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o cuando se encuentren relacionados con violaciones a valores fundamentales de la sociedad, la seguridad nacional, los derechos humanos o la libertad de expresión y, por sus características de ejecución o relevancia social, trasciendan el ámbito de los estados o del DF en los términos que establezca la ley”.

Rechazan priístas aprobar de prisa reformas en materia de seguridad y justicia penal

El PRI, en voz de Jesús Murillo Karam, dejó ayer en claro ante el pleno del Senado que no van a aprobar de manera apresurada y bajo presión el paquete de reformas de Felipe Calderón en materia de seguridad y justicia penal, ya que hay mucha dispersión en las propuestas del Ejecutivo y en varias, como la Ley de Extinción de Dominio, se “atropellan derechos fundamentales de los mexicanos”.
El problema de la inseguridad se debe resolver “sin seguir atracando garantías y avanzando a un régimen policiaco”, advirtió Murillo Karam, al expresar la postura de su partido durante la sesión de ayer, en que los tricolores reaccionaron con furia ante dos oficios de la Secretaría de Hacienda en los que se asegura que las tres iniciativas penales remitidas al Senado no tienen impacto presupuestal.
El PRD se sumó a los priístas; el senador Pablo Gómez coincidió con Murillo Karam en que se deben analizar en conjunto las reformas y señaló que espera que juntos defiendan los derechos fundamentales, que fueron atropellados en la pasada reforma constitucional en la materia.
Desde antes de la sesión, en entrevista colectiva, el coordinador priísta Manlio Fabio Beltrones exhortó al gobierno federal a que “se esmere en trabajar conjuntamente con el Congreso, a fin de evaluar las iniciativas que existen en el Senado y sacar las que más convengan al país”.
Lamentó que las reformas que propone el Ejecutivo “estén completamente dispersas”, ya que, de las seis, tres fueron enviadas a la Cámara de Diputados y las restantes a Xicoténcatl; esa falta de “integralidad”, dijo, no permite definir cuáles son las posturas de los partidos.
Previamente a la sesión, la bancada del Revolucionario Institucional se reunió a puerta cerrada para discutir precisamente ese punto, y ahí tanto Murillo Karam como Beltrones Rivera advirtieron que no permitirán que conviertan a los priístas “en rehenes” de una reforma que tiene incluso visos de inconstitucionalidad.
Se dijo también en esa plenaria que Calderón faltó a su palabra de enviar a los responsables de cada área a analizar con los legisladores cada una de las iniciativas, y que los oficios que envió la Secretaría de Hacienda a través de Gobernación, sobre el impacto presupuestal de las mismas, parecieron formar parte de un intento de albazo.
A los priístas les molestó también que el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, tuviera ya listo un proyecto de dictamen en torno a la Ley de Extinción de Dominio, sin tomar en cuenta otra iniciativa en la materia presentada por el perredista Tomás Torres.
La fracción del PAN también discutió el tema en su plenaria mañanera, y la mayoría de los blanquiazules llegó a la conclusión de que la postura del PRI es respuesta a la negociación final de la reforma energética, donde los panistas decidieron ir con el PRD de Carlos Navarrete. Lo que el tricolor intenta ahora, consideraron los legisladores panistas, es recuperar la interlocución y el papel protagónico.
Sea como fuere, ayer Jesús Murillo Karam, secretario general del PRI, advirtió en la tribuna senatorial que no están dispuestos a ver cómo se estudian sólo las iniciativas escogidas y se edita o se elimina la discusión de los proyectos de ley de todos los grupos parlamentarios. Se refirió, en concreto, a las propuestas priístas en la materia. “Queremos que sean analizadas y estudiadas con todas las demás.”
El panista González Alcocer negó que haya privilegiado las iniciativas de Calderón y se comprometió a que el próximo miércoles llevará a los funcionarios que elaboraron las leyes, para tener una visión general.
Sin embargo, los perredistas Pablo Gómez y Tomás Torres secundaron al priísta y pusieron en duda que esas reformas no tengan impacto presupuestal, como asegura el gobierno federal, ya que se deberán crear, por ejemplo, juzgados especiales para la extinción de dominio.
Gómez Álvarez propuso que se pida al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados un nuevo estudio de impacto, lo que fue cuestionado por el panista Ricardo García Cervantes.
Al final, se decidió que la Junta de Coordinación Política de esa cámara analice el tema y proponga solución.

Legisladores del PRD piden el cese del titular de SG; panistas lo defienden

Andrea Becerril, Roberto Garduño y Enrique Méndez
El ocultamiento de información que la Procuraduría General de la República aplicó en torno a las actividades de Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, propició el cierre de filas entre los legisladores panistas, quienes justificaron el trabajo de la dependencia federal. A su vez, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, expuso que aún permanecen vigentes investigaciones en torno a Juan Camilo Mouriño.
En contraste, senadores y diputados del PRD demandaron al presidente Felipe Calderón “borre todo acto de impunidad en torno a Mouriño, y por primera vez, en un acto republicano, lo haga a un lado de su gobierno para mandar una buena señal a la sociedad, que cada día desconfía más de la PGR”. Mientras, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones sostuvo que el amparo solicitado por la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora para no entregar la información solicitada por el IFAI, es improcedente.
Vega Casillas, quien fue entrevistado luego de comparecer ante la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, señaló que la dependencia a su cargo no investiga al padre de Juan Camilo Mouriño, “porque no hay denuncia presentada”, además de ser particular. Apuntó que tenía entendido que la demanda fue presentada ante la PGR.
–¿Existe alguna investigación en curso sobre el secretario de Gobernación?
–Sí. Cuando se presentaron las primeras denuncias el propio secretario de Gobernación hizo una solicitud para que se le investigara. Posteriormente, nosotros iniciamos las indagatorias. Esperamos también a que terminara la comisión de la Cámara (de Diputados) con sus investigaciones, de las que ya hemos recibido las conclusiones. Se han adicionado algunas otras denuncias que estamos atendiendo y que estamos próximos a concluir.
El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, demandó por su lado a Calderón Hinojosa “congruencia y sensatez” a la hora de combatir la corrupción y el tráfico de influencias.
Por su parte, Héctor Larios Córdova, coordinador del PAN en San Lázaro, justificó la postura institucional de la PGR en torno al caso Mouriño. “En este país todos tenemos los mismos derechos y nadie puede ser condenado si no se le finca una responsabilidad a través de un proceso jurisdiccional. Si alguien cree que cometió algún delito, que presente una denuncia, ¡pero no puede!; el padre del funcionario público no es persona pública necesariamente”.
A su vez, el coordinador priísta en el Senado, Manlio Fabio Beltrones Rivera, señaló que es improcedente que una autoridad como la PGR recurra al amparo, ya que con la confidencialidad en la averiguación previa es suficiente para no dar una información. Agregó que el presidente Calderón es el que “tiene la responsabilidad de responder por la actuación de cada uno de los funcionarios que él invitó unilateralmente a su gobierno”.
Los perredistas Tomás Torres y Ricardo Monreal advirtieron que la procuraduría actuó de manera ilegal, ya que no puede ampararse y no vacila en violar la Constitución para defender al titular de Gobernación, quien siempre ha estado cuestionado por sus negocios al amparo del poder público.
Monreal dijo que se debe exigir una explicación al procurador Eduardo Medina Mora, ya que es evidente que en lugar de representar los intereses del Estado, lo que hace es proteger a familiares de funcionarios deshonestos.

Satisfacción en el IFAI por la reconsideración de la PGR

La reconsideración por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de permitir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) conocer la investigación que solicitó al gobierno de España sobre la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue bien recibida por el comisionado ponente del caso, Juan Pablo Guerrero.
Sin embargo, al cierre de esta edición el IFAI todavía no recibía alguna notificación oficial en la cual la procuraduría confirmara lo anterior.
A las 14.35 de ayer la vocería de la PGR hizo pública su reconsideración, con el argumento de que el gobierno de España había autorizado difundir la investigación sobre Mouriño Atanes, según declaró Fernando Castillo, vocero del Ministerio Público Federal (MPF).
Luego de las declaraciones de Castillo, el comisionado Guerrero manifestó a La Jornada su “aprecio por la reconsideración de la dependencia federal, por permitir al IFAI realizar su trabajo, y al solicitante de esa información, el derecho a hacerlo”.
La indagatoria que se efectuó al padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, involucra a nueve compañías en las que Mouriño Atanes era accionista o dueño en 2003. Éstas son: Co-texsant SA; Prefabricados de Puentes SA; Inverhismex SL; Prefabricados Tecnológicos de Hormigón SL; Sabancuy RMSL; Campetón SL; Construcciones Exisa SA; Expugil SL, y Cotexmur SL, según se desprende de la carta PGR/ALUES/802/03.
En dicha misiva, enviada el 12 de septiembre de 2003 a la Brigada de Delitos del gobierno de España, Carlos Miguel López Torres, agregado policial de la PGR para la Unión Europea y Suiza, solicitaba apoyo a esa instancia, “con el propósito de establecer si autoridades del Reino de España estaban realizando alguna investigación por el delito de blanqueo de capitales en torno del señor Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
En la carta, López Torres solicitaba a las autoridades españolas su “amable auxilio con el propósito de coadyuvar a las referidas investigaciones” que se realizaban en México.
La petición tiene su origen en el fax que en septiembre de 2003 envió Ricardo Gutiérrez Vargas, director general de Asuntos Policiales e Internacionales y de Interpol-México, a López Torres, a quien se le encargó “verificar con carácter de muy urgente si Manuel Carlos Mouriño Atanes es investigado en España por blanqueo de capitales, además de ser dueño de seis empresas en ese país”.
En el fax, marcado con el número DGAPII/8286A03-AEI-, Gutiérrez Vargas informó a López Torres que esa solicitud tenía su origen en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la procuraduría. Y detalló: “Lo anterior es necesario para integrar debidamente la investigación que realiza la citada unidad especializada en nuestro país”.
En la misiva al gobierno de España se solicitaron algunas precisiones: “Los delitos por los que es investigado (Mouriño Atanes), autoridad que lo investiga, así como los nombres de las empresas de las que es dueño”.
Caso histórico
En entrevista, el especialista en derecho a la información y materia electoral de la Universidad Nacional Autónoma de México John Ackerman destacó la importancia de que la sociedad se mantenga alerta sobre la resolución de este caso, “estratégico e histórico para el IFAI”, porque está en juego el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y el avance o retroceso en la rendición de cuentas de las instancias gubernamentales.
El académico observó varias aristas en el caso: la resistencia reiterada por parte de la Procuraduría General de la República a rendir cuentas sobre asuntos relevantes; ejemplo de ello es el caso de los hermanos Bribiesca, que amenazaron con denunciar a los comisionados del IFAI si la procuraduría entregaba información de las indagatorias que los involucran en el delito de tráfico de influencias.
Mencionó también la decisión del Poder Judicial de otorgar el amparo a la dependencia federal para no revelar datos del caso del padre del secretario de Gobernación, y la postura de la mayoría de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, quienes no tenían por qué manifestarse por esperar la resolución del amparo, sino resolver, como lo hizo Guerrero Amparán, ordenando a la Procuraduría General de la República entregar versión pública de la información.

AMLO EN SAN lÁZARO.Cómo lo recibieron (I)‏

“Soy el primer interesado en que esa información se entregue”

El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, “celebró” anoche la determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de desistirse del amparo que promovió para impedir la entrega, al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), del expediente relacionado con una investigación realizada a su padre, Manuel Carlos Mouriño Atanes, efectuada en España. “Soy el primer interesado en que esta información se entregue”, señaló.
Entrevistado en el contexto de la firma de un convenio sobre observación electoral, el funcionario se refirió también –a pregunta expresa– a las versiones de su salida de la dependencia. Dijo que él continúa trabajando, como lo ha hecho desde que llegó. “No vamos a actuar en función de dichos o rumores, cualquiera que sea el interés que tengan”.
Al término de la ceremonia, Mouriño fue abordado sobre la molestia que generó entre los comisionados del IFAI el amparo promovido por la PGR, el cual justificó por la necesidad que tenía esa dependencia de interponer este recurso. Sin embargo, aseguró que no había nada qué ocultar en la información contenida en el expediente, pues “no hay ni ha habido investigación alguna ni en México ni en España, y todo se sustenta en notas periodísticas”.
Insistió en que es el primer interesado en que esta información se distribuya, confiando, dijo, en que sea pronto, para lo cual la decisión de la procuraduría de desistirse permitirá agilizar el cumplimiento de esta solicitud.
Mouriño también habló de otro tema en el cual se ha visto envuelto, como son las recurrentes publicaciones sobre su salida de Bucareli, a lo cual respondió que él se encuentra trabajando como parte de una generación política y un gobierno que pretende la transformación del país, como lo muestran, según mencionó, las cinco reformas estructurales que se han aprobado conjuntamente con otros actores políticos, al igual que se ha hecho con dos acuerdos nacionales: el de la calidad educativa y el de seguridad.
–¿Con la aprobación de la reforma energética se cierra un ciclo? –se le preguntó.
–No, se cumple con la aprobación de una reforma. Este gobierno va entrando, está en su segundo año, le queda mucho por hacer con los funcionarios que el presidente Calderón decida que lo tienen que acompañar.
En otro orden de ideas, dijo que en Morelos 70 por ciento de las escuelas han reanudado labores y confió en que pronto se normalice la actividad en aquella entidad en función de la prioridad, que debe ser que los alumnos estén en clases, concluyó el secretario.

Recula PGR; dará al IFAI los datos de la indagatoria al padre de Mouriño

Enmedio de críticas de varios sectores, la dependencia anuncia que se desiste del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco
Gustavo Castillo García
Luego de las críticas que legisladores y otros actores sociales y políticos lanzaron a la Procuraduría General de la República (PGR) por promover un amparo para no entregar la información que envió el gobierno de España a las autoridades mexicanas respecto de supuestas investigaciones de lavado de dinero que involucran a Manuel Carlos Mouriño Atanes, padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la dependencia que encabeza Eduardo Medina Mora informó que entregará los datos al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), toda vez que las autoridades ibéricas aceptaron ayer por la tarde que se difunda públicamente el contenido de la asistencia jurídica.
Esto ocurre también luego de que la PGR se desistiera de un amparo promovido ante autoridades federales, el cual ya le había sido concedido de manera definitiva para no difundir la información relacionada con el padre del secretario de Gobernación. La promoción de este recurso legal constituyó un referente histórico, porque se considera que es la primera ocasión en que la dependencia federal promueve este tipo de estrategias jurídicas en aras de evitar la transparencia.
Al filo de las 15 horas, tiempo de México, el gobierno de España autorizó a la PGR que enviara al IFAI y al solicitante de la información los documentos que integran la respuesta a una petición de asistencia jurídica mutua, realizada por la policía mexicana a las autoridades ibéricas en los años 2003 y 2006, informó Fernando Castillo, director de comunicación social de la procuraduría.
“El caso de la petición de asistencia jurídica con España, del señor Mouriño Atanes, no fue porque existiera una averiguación previa que la motivara, sino una solicitud de información policial que hizo el agregado de la PGR en ese país en los años 2003 y 2006, y esto fue motivado por la publicación de una nota periodística.
“En ese contexto, se debe puntualizar que no hay, ni en México ni en España, alguna investigación, acta circunstanciada o averiguación previa que indique que existe blanqueo de capitales por parte del señor Mouriño Atanes”, dijo el funcionario.
Entrevistado vía telefónica, mencionó que los documentos respectivos serían entregados al IFAI a más tardar la mañana de este viernes, dado que al mismo tiempo que se obtenía la aprobación de las autoridades ibéricas para entregar los datos, “la PGR se desistía del amparo que a título personal había presentado el coordinador de Asuntos Internacionales, Adrián Franco, para no entregar la información, dado que podría incurrir en responsabilidades si la hubiera proporcionado sin ese aval”.
Según Fernando Castillo, el amparo fue solicitado porque “las asistencias jurídicas y el señalamiento de que su contenido es confidencial es una situación similar a la divulgación de una averiguación previa”.

CARTON DE LA JORNADA


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