sábado, 16 de agosto de 2008

CARTONES DE LA JORNADA



Pide AI al Ejecutivo combatir discriminación

Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) sección México exigió a Felipe Calderón decretar un día nacional contra la homofobia, debido a que “el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias tendientes al respeto y protección de los derechos humanos” de todos los habitantes del país, incluidos los grupos vulnerables.
Así, la representación en México de ese organismo internacional se sumó a la demanda que el pasado 29 de julio hicieran al titular del Ejecutivo federal diversos activistas, organizaciones civiles y personas que viven con VIH-sida sobre el decreto de un día nacional contra la homofobia, a lo cual Calderón respondió que debía de analizarse.
El director ejecutivo de AI-México, Alberto Herrera Aragón, envió una carta al mandatario en la que expone la importancia de establecer tal decreto, ya que de hacerlo se reconocería una “convicción institucional que permita abonar a los esfuerzos por erradicar esta práctica discriminatoria y violatoria de los derechos humanos”.
La no discriminación –agregó el activista en la misiva– “es un principio fundamental que debe ser abordado transversalmente en las políticas públicas de un gobierno que, como el que usted representa, se ha comprometido ante la comunidad internacional con un gran número de instrumentos de derechos humanos”.
El director de AI-México confió en que el gobierno federal dé respuesta positiva a la petición, debido a la relevancia que ello implicaría. Y le recordó al mandatario la petición que en el mismo sentido le hicieran las organizaciones civiles durante aquel encuentro.
Es de recordar que el pasado 29 de julio –días antes de que se inaugurara en México la 17 Conferencia Internacional Sobre VIH-Sida, en la que participaron casi 30 mil delegados y especialistas de todo el orbe– Calderón se reunió en Los Pinos con activistas y personas seropositivas a quienes les aclaró que se tenía “que analizar” el decretar un día nacional contra la homofobia, porque en ocasiones “no se puede avanzar tan rápido, y tenemos que gobernar para todos”.

Se eleva embarazo entre adolescentes mexicanas y de AL

Carolina Gómez Mena
En México, un promedio de 17.2 por ciento de los nacimientos ocurridos en un año corresponden a adolescentes menores de 19 años; a escala internacional, por lo menos 14 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, de las cuales 90 por ciento vive en países en desarrollo.
En Latinoamérica y el Caribe entre 35 y 52 por ciento de los embarazos en adolescentes no son planeados y, en promedio, 38 por ciento de las mujeres se embarazan antes de los 20 años; en la mayoría de los países de la región, entre 15 y 25 por ciento de todos los nacimientos son de madres adolescentes.
Por lo anterior, varios países conmemoran cada 27 de septiembre el Día Mundial del Uso de Anticonceptivos, precisó Vicente Díaz Sánchez, director general de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam). Indicó que por lo anterior y que el embarazo adolescente es elevado en Latinoamérica y El Caribe algunas naciones han optado por declarar el 26 de septiembre como Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes. Entre los países que ya lo han logrado están Ecuador y Uruguay, mientras Colombia está en vías de hacerlo, dijo.
Analizan conmemoración
En tal sentido comentó que en México organizaciones encabezadas por Mexfam y también por el Centro Latinoamericano Salud y Mujer pugnan por que el gobierno mexicano decrete formalmente este día, y la iniciativa ya está siendo apoyada también por instituciones del sector público, como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud (Ssa), refirió Díaz Sánchez, al exponer que “estamos buscando también la colaboración de Educación Pública, Instituto Mexicano de la Juventud y Seguro Social”.
En entrevista con este diario desglosó que las organizaciones “ya enviamos una petición formal al secretario de salud, José Córdova Villalobos para que lo considere y el departamento jurídico de la Ssa dé su aval y se extienda el decreto formal. Esperamos que esto ocurra antes de esa fecha y lo conmemoremos este 26 de septiembre”.
Por lo pronto desde 2007 las organizaciones han promovido actos para “ir creando este ambiente y evidenciar la necesidad de campañas de educación sexual integral y de acceso a métodos anticonceptivos; que no existan barreras para los adolescentes, sobre todo porque menos de la mitad los usa en su primera relación sexual, pese a que su intención no es embarazarse, lo que demuestra que existe gran diferencia entre el conocimiento y el uso práctico de los anticonceptivos”, expuso.

Dudan autoridades que el documento tenga apoyo mayoritario en la SCJN

Ángel Bolaños Sánchez y Gabriela Romero Sánchez
El Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dudan que el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano tenga el respaldo de la mayoría de sus homólogos, por lo que confían en que las reformas en materia de aborto quedarán firmes.
La consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz Alfonso, se dijo confiada en que las reformas se mantendrán vigentes, basándose en la división que sobre el tema hay entre los ministros de la Suprema Corte y en una simple operación aritmética.
“Aguirre Anguiano requiere de ocho votos para revertir la interrupción legal del embarazo, el Gobierno del DF necesita sólo cuatro a su favor para mantenerla”, explicó en entrevista. “Son 11 ministros, sabemos qué piensa uno, falta saber lo que piensan 10, y eso lo sabremos el 25 de agosto, día en que se va a discutir.”
En el mismo tenor se manifestaron los diputados locales para quienes era previsible el proyecto de sentencia elaborado por Aguirre. “La sorpresa hubiera sido que fuera a favor, pero siendo respetuosos no la compartimos y esperamos tampoco lo hagan entre siete u ocho de los 11 ministros”, externo Jorge Carlos Díaz Cuervo, coordinador de la coalición Socialdemócrata de Izquierdas.
Para el diputado perredista Tomás Pliego el ministro Aguirre Anguiano tiene un pensamiento conservador, de derecha, por lo que no es de extrañar el sentido de su sentencia. “Afortunadamente no es una decisión exclusiva de él, tenemos confianza en que en el resto de ministros habrá mesura y se echará para atrás este proyecto”.

Cárcel a quienes decidan abortar, propone ministro de la Corte


La mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo debe ser sancionada con prisión de tres a seis meses de duración y con 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, establece el proyecto de dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio Salvador Aguirre Anguiano, con el que invalida las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
En el documento de más de 600 cuartillas, Aguirre Anguiano establece que con su propuesta “se obtiene lo pretendido por los accionistas (la Comisión Nacional de Derechos Humanos –CNDH– y la Procuraduría General de la República –PGR–)” que interpusieron la acción de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal.
Uno de los criterios centrales del ministro instructor radica en que, según él, la reducción de la pena establecida en el Código Penal capitalino (antes de ser reformado para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación) “no resulta desproporcionada ni supone por sí sola la desprotección del bien jurídico tutelado (el feto), sino que, ello obedece a una política criminal expresa que guarda relación con las otras medidas excluyentes de responsabilidad establecidas en la ley”.
Añade en su razonamiento que la pena establecida “no necesariamente supone un peligro para la sociedad que haga recomendable, en todos los casos la pena de prisión”.
Cabe señalar que el proyecto precisa que quedan sin cambio las excluyentes del delito de aborto que establece el Código Penal capitalino y que se refieren a que la interrupción del embarazo no es punible cuando éste sea producto de una violación o de inseminación artificial no deseada, cuando la mujer corra peligro o por causas eugenésicas.
En tanto, trascendió al interior de la Suprema Corte que, dada la integración actual del pleno es un hecho que la mayoría se inclinará por declarar la inconstitucionalidad del aborto; la tarea de los ministros que apoyan la interrupción del embarazo es la de sumar cuatro votos, porque con éstos es suficiente para que la legislación capitalina siga vigente.
Fuentes judiciales de alto nivel sostienen que los ministros Olga Sánchez Cordero, Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza han confiado a sus más cercanos colaboradores que están a favor de la despenalización del aborto; aunque los informantes reconocieron que ante la presión que han sufrido todos los integrantes del pleno por parte de los grupos que impugnan la interrupción legal del embarazo, resulta fundamental que al menos estos ministros se sostengan en su postura para que así la ley capitalina que permitió en un año el aborto “seguro” de casi 8 mil mujeres, de mayo de 2007 a mayo de 2008, continúe aplicándose.
De los otros ministros, se afirma que Mariano Azuela, Margarita Luna Ramos, Guillermo I. Ortiz apoyan el proyecto de Aguirre Anguiano, y queda la duda del voto de Sergio Valls, José de Jesús Gudiño Pelayo y Fernando Franco.
De acuerdo con la Constitución se requiere el voto de ocho de los 11 ministros que integran el pleno para invalidar, vía acción de inconstitucionalidad, una reforma legal.
El proyecto de dictamen de Aguirre Anguiano fue subido ayer a la página de Internet de la SCJN, la cual anunció que el pleno iniciará la discusión pública del tema el próximo 25 de agosto.
La propuesta de Aguirre establece también que el jefe de Gobierno capitalino no está obligado a expedir la adecuación de Los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud relacionados con la interrupción del embarazo.
El dictamen ignoró el hecho de que no existe evidencia científica alguna que precise a partir de cuando “es viable el feto”, como tampoco existe unanimidad entre la comunidad mundial respecto al momento en que se da la concepción del producto.
Reconoce que sobre estos temas, como respecto al derecho que tiene el padre para decidir si procede o no el aborto, o si los no nacidos tienen o no derechos existen “opiniones encontradas”.
Tampoco tomó en cuenta una estadística elaborada por la ponencia del ministro Aguirre en la que se recopilan todas las averiguaciones previas o juicios penales relacionadas con el aborto que han tenido lugar en el país de 1992 al 2008, que concluye que en este lapso no suman ni siquiera mil las causas penales por este hecho.
En términos generales, el proyecto avala los argumentos de la CNDH y la PGR en el sentido de que la Constitución protege el derecho a la vida y que el producto cuenta con el amparo de la carta magna en sus artículos cuatro y 123. Deja de lado el planteamiento de que la mujer debe decidir sobre su cuerpo y que sólo se puede considerar persona al que nace.

SERVICIO INFORMATIVO










Ciudad de México, 16 de agosto de 2008

Servicio informativo núm. 504





I. Olimpiadas y política, por Alejandro Encinas
II. Juegos en Pekín, por Ignacio Ramonet
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OLIMPIADAS Y POLÍTICApor Alejandro Encinas(publicado en El Universal el 16 de agosto de 2008)
Para un importante sector de mexicanos de las generaciones de jóvenes en los 60 y 70, los Juegos Olímpicos están asociados a la represión de que fue objeto el movimiento estudiantil que en 1968 demandaba cambios profundos en la vida política del país, dominada por un régimen autoritario que inhibía el ejercicio de las libertades democráticas elementales.
Este no es un hecho aislado. Desde que en 1896 en Atenas se reviviera su celebración, la política está ligada a estos juegos. La misma motivación de Pierre de Coubertin para retomar estas competencias tenía un propósito político al pretender reunir en un mensaje de paz a atletas de todo el mundo. Está claro: las Olimpiadas, además de ser la más importante manifestación deportiva del orbe, tienen una connotación política y se han convertido en un buen negocio.
Desde la preguerra, la disputa por la sede olímpica tiene que ver con la búsqueda de legitimidad de los gobiernos convocantes para demostrar —más allá de la capacidad económica que exige la organización y construcción de la infraestructura deportiva y logística necesaria— gobernabilidad y diplomacia.
Lo pretendió Hitler en Berlín 1936, al querer utilizar la justa como medio de propaganda de la Alemania nazi, demostrar la superioridad aria y cambiar la percepción internacional adversa ante la supresión de libertades, la violencia antijudía y la represión a los comunistas y socialistas alemanes. Jesse Owens derrumbó tal propósito. Esta situación condujo al primer boicot a los juegos, cuando se organizaron de manera alternativa las Olimpiadas Populares en Barcelona, evento que fue suspendido al estallar la guerra civil en España en julio de 1936.
El boicot se hizo patente en Montreal 1976: 33 países abandonaron las Olimpiadas en protesta porque el COI no sancionó a Nueva Zelanda, cuya escuadra de rugby había competido en Sudáfrica, país excluido del movimiento olímpico por su política de segregación racial. Más adelante el boicot adoptó una más de las caras de la guerra fría, como sucedió en Moscú 1980 tras la invasión soviética a Afganistán, y en Los Ángeles 1984, cuando el bloque hizo lo propio aduciendo una campaña anticomunista.
El acontecimiento más lamentable en la historia olímpica fue, en Munich 1972, la irrupción del comando Septiembre Negro que, demandando la liberación de 234 palestinos presos en cárceles de Israel y Alemania, secuestró y asesinó a 11 integrantes de la delegación israelí tras un fallido intento de rescate. Los juegos continuaron hasta su clausura.
En México 1968, tras el milagro mexicano y una reconocida política exterior, el gobierno buscaba ocultar su rostro autoritario. Pero como en otros países, ese año emergió un movimiento político y cultural que cuestionó al establishment y demandaba reconocer el agotamiento de un régimen negado a asumir la diversidad y conformar una nueva sociedad. La protesta estudiantil fue sofocada “para evitar afectar la imagen de México en el exterior”. No obstante, los estadounidenses John Carlos y Tommie Smith levantaron sus puños en guantes negros, símbolo de los Black Panthers, organización que reivindicaba los derechos de los afroestadounidenses, durante la ceremonia de premiación en pruebas de atletismo. Al igual que el movimiento de los estudiantes, ambos atletas fueron castigados a su regreso.
China no es la excepción. El despliegue económico, tecnológico, diplomático y la fuerza de una cultura milenaria no ha ocultado las inconformidades por la intervención en el Tíbet, las disidencias e incluso los atentados en el marco de la contienda, que pese a la consolidación de ese país como potencia mundial y su irrupción en el siglo XXI como era de modernidad de los países asiáticos, reclaman libertades democráticas, como a lo largo de todas las justas olímpicas.
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JUEGOS EN PEKÍNpor Ignacio Ramonet(publicado en Le Monde Diplomatique en español, núm. 154 de agosto de 2008)
Con el lema “Un mundo, un sueño”, los Juegos Olímpicos de Pekín deberían ofrecer a los dirigentes chinos, del 8 al 24 de agosto, la ocasión de una rehabilitación internacional después de la condena mundial de la que fueron objeto tras la matanza de la plaza Tiananmen en 1989. Por eso el éxito de las Olimpiadas es tan primordial para ellos y, por eso, el primer ministro Wen Jiabao insiste en las consignas de “armonía” y de “estabilidad”. Ello explica también la brutalidad de la represión contra la revuelta del Tíbet en marzo pasado. Así como el furor de las autoridades contra las manifestaciones que perturbaron, en algunos países, el paso de la antorcha olímpica. O la rapidez en enviar auxilio a los damnificados del terremoto de Sichuan del 12 de mayo. Nada debe perturbar la consagración mundial de China en este año olímpico.
Asimismo, estos Juegos celebran los treinta años del inicio de las reformas impulsadas en 1978 por Deng Xiaoping que han permitido el milagro económico y el excepcional renacimiento de China. Cierto es que sus triunfos impresionan. Su PIB duplica cada ocho años y, en 2008, debería rebasar el 11%. Con una población de 1 350 millones de habitantes —igual a la suma de la de las Américas (900 millones) más la de Europa (450 millones) —, este país es ya la tercera economía del planeta. Ha aventajado a Alemania, sobrepasará en 2015 a Japón y debería superar a Estados Unidos en 2050. Se ha convertido en el primer exportador mundial y en el principal consumidor del planeta.
Pero ese “milagro” presenta varios lados ocultos. En primer lugar, las graves violaciones en materia de derechos humanos que contradicen los valores del olimpismo. China, por ejemplo, lleva a cabo más de 7 000 ejecuciones capitales al año, o sea el 80% de todas las penas de muerte aplicadas en el mundo. Además, la estabilidad de este coloso se ve amenazada por otros peligros: un previsible desplome bursátil, una inflación desmedida, un desastre ecológico y motines sociales que se están multiplicando.
El propio vicepresidente de la Asamblea popular, Cheng Siwei ha alertado: “Se está formando una burbuja especulativa. Los inversores deberían preocuparse por los riesgos” (1). Y Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, acaba de afirmar que los mercados bursátiles chinos están “sobrevalorados” y han alcanzado niveles “insostenibles”. El índice de la Bolsa de Shanghai se ha multiplicado por cinco desde 2006, y su crecimiento desde principios de 2008 es del 106%. Cuando una Bolsa alcanza semejantes picos, su hundimiento pocas veces está lejos.
Por el momento, el número de ricos no cesa de aumentar. China ya posee unos 250 000 millonarios en dólares. Pero las políticas liberales del sistema también han aumentado las desigualdades entre ricos y pobres, entre ganadores y perdedores. Unos 700 millones de chinos —47% de la población— viven con menos de dos euros diarios, y, de ellos, unos 300 millones con menos de un euro diario.
Porque el “milagro” está basado en la represión y la explotación de una inmensa hueste de trabajadores (los que fabrican para el mundo entero toda clase de bienes de consumo baratos). A veces trabajan entre sesenta o setenta horas semanales por sueldos inferiores al salario mínimo. Más de 15 000 obreros mueren cada año en accidentes laborales. Los conflictos sociales están aumentando anualmente un 30%: huelgas salvajes, revueltas de pequeños campesinos, además de escándalos de los niños esclavos.
El actual contexto es propicio al descontento. Pues en China, como en muchos países, el incremento de los precios de los alimentos y de la energía (el 19 de junio pasado, el Gobierno aumentó el precio de los carburantes un 18%) se traduce en una subida de la inflación —que ya alcanzaba el 7,7% en mayo— y una consiguiente degradación del nivel de vida. Las autoridades temen la amenaza de una inflación desestabilizadora que podría provocar manifestaciones de masas semejantes a las que fueron aplastadas por el ejército en la plaza Tiananmen en junio de 1989.
A todo ello se añade el peligro de una catástrofe ecológica que cada día preocupa más a los ciudadanos. El propio ministro del Medio Ambiente, Pan Yue, ha admitido la enormidad del desastre: “Cinco de las ciudades más contaminadas del planeta se hallan en China; las lluvias ácidas caen sobre un tercio de nuestro territorio; la mitad de las aguas de nuestros siete principales ríos son inutilizables; un tercio de nuestra población respira un aire muy contaminado. En Pekín, entre el 70 y el 80% de los cánceres tienen por causa el medio ambiente degradado” (2).
Todos los descontentos de China van a querer aprovechar la gran cita de las Olimpiadas y la presencia de unos 30 000 periodistas extranjeros para expresar sus iras. Las autoridades se hallan en estado de máxima alerta. Sueñan con poder desactivar a tiempo el gigantesco barril de pólvora social a punto de estallar. Para que los Juegos de Pekín no le prendan fuego a toda China.
Notas:
(1) Financial Times, Londres, 30 de enero de 2007.(2) Der Spiegel, Hamburgo, abril de 2005.
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Quieren guanajuatizar para llevar la corrupción a todo el país: AMLO


Moroleón, Gto., 15 de agosto. Andrés Manuel López Obrador advirtió aquí a PRI y PAN que hará valer el resultado de la consulta ciudadana sobre el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que ante cualquier intento de avanzar en la reforma encaminada a privatizar los energéticos, convocará a la resistencia civil pacífica.
“Si es necesario, voy a movilizar al pueblo de México”, afirmó.
En estas tierras, donde gobierna el PAN, dijo que ese partido y Felipe Calderón pretenden trasladar a escala nacional “el modelo de corrupción y de mapachismo que han instaurado en este estado”. A eso se refieren –recalcó– cuando hablan de “guanajuatizar” el país.
En su segundo día de recorrido por el sur del estado, López Obrador realizó mítines en Maravatío, Yuriria, Uriangato, Moroleón, Valle de Santiago, Jaral del Progreso y Cortazar, donde llamó a sus simpatizantes a participar en la consulta sobre Pemex que se realizará en Guanajuato y diversos estados del norte, el próximo día 24.
Hasta el momento, “2.5 millones de ciudadanos se han manifestado acerca de la pretensión del gobierno usurpador de entregar Pemex a empresas extranjeras, y la gran mayoría no lo aprueba”, dijo.
Una vez que concluya la consulta “tendremos el mandato del pueblo, y vamos a hacer que se respete”, recalcó en Maravatío, único municipio de la entidad gobernado por el PRD.
Insistió en que si PRI y PAN “se ponen de acuerdo para convertir Pemex en botín de las trasnacionales, la gente saldrá a la calle”. No importa –aclaró– que comiencen las campañas mediáticas en contra del movimiento y en la televisión “otra guerra sucia” para acusarlo “de todo”; “no vamos a permitir que privaticen Pemex”.
Las personas reunidas en la plaza principal de Moroleón agitaron banderas amarillas con el lema: “La patria no se vende. Pemex se defiende”.
En la jornada de ayer, el ex candidato presidencial recibió quejas y denuncias sobre los negocios con recursos públicos que realizan los alcaldes –la mayoría panistas– en la entidad. En sus discursos, aludió el caso del presidente municipal de Acámbaro, César Larroe, quien adquirió un predio para instalar ahí una feria, que presupuestó en 12 millones de pesos, pero que diversos avalúos señalan que cuando mucho vale 3 millones.
“¡Se está clavando 9 millones de pesos en el negocito!”, exclamó López Obrador durante una concentración en Valle de Santiago. Destacó que, como ése, hay en la entidad muchos casos de ediles que inflan el precio de las obras y las dan además a empresas contratistas de familiares y amigos, “lo que prueba que donde gobierna el PAN hay corrupción”.
A los panistas –agregó– “les enoja mucho que se los diga, pero es la verdad; son unos ladrones, con doble moral y muy hipócritas, porque se la dan de gente decente, pero en cuanto están cerca de dinero, se lo roban”.
“¡Sí, son unos corruptos!”, gritó uno de los asistentes al mitin en Yuriria, donde el político tabasqueño también se refirió a ese tema. Recordó que en 2000 Vicente Fox utilizó como eje de su campaña que acabaría con la corrupción; “prometió que iba a moralizar a México, a gobernar con honradez, y ¡miren en qué han terminado; son unos reverendos bandidos!”.
Rapiña del blanquiazul
Descató que en el PAN además salieron “muy voraces”, y por ello desde que asumen el cargo empiezan la rapiña. “Lo peor es que ahora hablan de ‘guanajuatizar’; dicen que este estado lo van a poner como ejemplo, lo que es ofensivo, porque el pueblo de Guanajuato es trabajador y honrado, no tiene nada qué ver con esta caterva de delincuentes de cuello blanco”.
En Cortazar, durante el último mitin de la jornada, señaló que le llevaría muchas horas detallar negocio por negocio de Fox; de sus hijastros, los Bribiesca Sahagún; del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y del propio Calderón. “Los negocios del alcalde de Acámbaro son nada comparados con los que Calderón pretende realizar a partir de la privatización del petróleo”, dijo, y puso como ejemplo el contrato que “el pelele” otorgó a la empresa española Repsol para la compra de gas, a pesar de que la trasnacional no es productora de ese energético.
“Repsol compra el gas a Perú y se lo vende a México, y por ello se llevará 150 mil millones de pesos anuales, en un periodo de cinco años”. Esa cifra –dijo– representa el presupuesto de cinco años de Guanajuato y explica con claridad por qué la prisa de Calderón en lograr las reformas legales que le permitan regresar el petróleo a empresas extranjeras.
El representante del “gobierno legítimo” en Guanajuato, Jesús Martín del Campo, estaba contento, ya que las siete concentraciones se realizaron sin incidente alguno, a pesar de que los ediles panistas nuevamente trataron de impedir que la gente llegara a las plazas. Entregaron programas sociales en Valle de Santiago y en las demás localidades amenazaron a los vecinos y colocaron aparatos de sonido a todo volumen cerca de los mítines.