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martes, 16 de diciembre de 2008
Abre en Querétaro hospital de la Iglesia pagado por el erario
Querétaro, Qro., 15 de diciembre. El obispo de Querétaro, Mario de Gasperín Gasperín, inauguró y bendijo el Hospital Sagrado Corazón de Jesús (HSCJ), ante el edil panista capitalino, Manuel González Valle, y diputados locales.
La alcaldía convocó a la ceremonia en el nosocomio operado por el patronato de la diócesis de Querétaro, encabezada por González Valle y Mario de Gasperín. El jerarca católico bendijo el inmueble y los asistentes (religiosos, civiles y autoridades laicas) se santiguaron y participaron en las oraciones. “Imploremos la bendición divina sobre los enfermos, los que serán atendidos en este hospital”, rezó el obispo.
Al concluir el acto religioso, autoridades municipales y el prelado recorrieron el nosocomio, en cuya remodelación se invirtieron 37 millones de pesos, 22 millones procedentes de la administración municipal. El patronato de la diócesis de Querétaro aportó los 15 millones restantes, para el equipamiento del hospital.
El gobierno municipal decidió destinar inicialmente 12 millones de pesos a la remodelación del hospital, cantidad que se incrementó a 22 millones. Se reconstruyeron instalaciones eléctricas, sanitarios y acabados, se amplió el número de consultorios y quirófanos, y se crearon áreas de servicios generales, odontología, laboratorios de análisis clínicos, nutrición, recuperación y oficinas administrativas en una superficie de 110 mil metros cuadrados.
El director general del nosocomio es José Francisco Alcocer Aranda, quien fue director administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal durante la actual administración, a cargo de Manuel González Valle.
Alcocer Aranda ganó notoriedad en su anterior cargo luego que fue timado vía correo electrónico por una persona que le vendió juguetes; el funcionario hizo el depósito bancario correspondiente, pero la mercancía no llegó.
José Francisco Alcocer también ha sido en dos ocasiones aspirante a la presidencia municipal de Querétaro (2000 y 2003) postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en ambas perdió contra los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN): Rolando García Ortiz y Armando Rivera Castillejos, respectivamente.
Durante el acto inaugural no se dio a conocer la fecha en que José Francisco Alcocer renunció a su cargo en la presidencia municipal, ni lo concerniente a la administración del nosocomio por el patronato de la diócesis de Querétaro. Tampoco se aclararon los costos de los servicios que ofrece el hospital.
El secretario municipal de obras públicas, Luis Vázquez Zepeda, recordó durante la inauguración que el HSCJ fue fundado en 1947; sin embargo, “condiciones adversas” (que no detalló) mermaron su capacidad de atención.
La alcaldía convocó a la ceremonia en el nosocomio operado por el patronato de la diócesis de Querétaro, encabezada por González Valle y Mario de Gasperín. El jerarca católico bendijo el inmueble y los asistentes (religiosos, civiles y autoridades laicas) se santiguaron y participaron en las oraciones. “Imploremos la bendición divina sobre los enfermos, los que serán atendidos en este hospital”, rezó el obispo.
Al concluir el acto religioso, autoridades municipales y el prelado recorrieron el nosocomio, en cuya remodelación se invirtieron 37 millones de pesos, 22 millones procedentes de la administración municipal. El patronato de la diócesis de Querétaro aportó los 15 millones restantes, para el equipamiento del hospital.
El gobierno municipal decidió destinar inicialmente 12 millones de pesos a la remodelación del hospital, cantidad que se incrementó a 22 millones. Se reconstruyeron instalaciones eléctricas, sanitarios y acabados, se amplió el número de consultorios y quirófanos, y se crearon áreas de servicios generales, odontología, laboratorios de análisis clínicos, nutrición, recuperación y oficinas administrativas en una superficie de 110 mil metros cuadrados.
El director general del nosocomio es José Francisco Alcocer Aranda, quien fue director administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal durante la actual administración, a cargo de Manuel González Valle.
Alcocer Aranda ganó notoriedad en su anterior cargo luego que fue timado vía correo electrónico por una persona que le vendió juguetes; el funcionario hizo el depósito bancario correspondiente, pero la mercancía no llegó.
José Francisco Alcocer también ha sido en dos ocasiones aspirante a la presidencia municipal de Querétaro (2000 y 2003) postulado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero en ambas perdió contra los aspirantes del Partido Acción Nacional (PAN): Rolando García Ortiz y Armando Rivera Castillejos, respectivamente.
Durante el acto inaugural no se dio a conocer la fecha en que José Francisco Alcocer renunció a su cargo en la presidencia municipal, ni lo concerniente a la administración del nosocomio por el patronato de la diócesis de Querétaro. Tampoco se aclararon los costos de los servicios que ofrece el hospital.
El secretario municipal de obras públicas, Luis Vázquez Zepeda, recordó durante la inauguración que el HSCJ fue fundado en 1947; sin embargo, “condiciones adversas” (que no detalló) mermaron su capacidad de atención.
Traducen al maya y al mexicano declararación de derechos indios
Matilde Pérez U.
Al presentar la traducción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al maya y al mexicano de la Huasteca de Hidalgo, el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez, aseguró que para la institución es una prioridad difundir dicho instrumento entre los indígenas, pues tiene los elementos necesarios para fortalecer los derechos humanos de éstos.
Acompañado por Alán García Campos, consultor en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ACNUDH); Jadranka Mihalic, directora del Centro de Información de la ONU; Arnaud Peral, representante adjunto de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Fernando Nava, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali), el director de la CDI comentó que la citada declaración no es vinculante para los estados que se adhirieron a ella, pero en el caso de México hay un compromiso moral para que se cumpla.
Ante los asistentes reunidos en la sala de juntas de las oficinas de la ONU en el país, Álvarez destacó que con la traducción de la declaración el gobierno ratifica su adhesión a ese instrumento internacional.
El director del Inali comentó que para 2009 la citada declaración se traducirá a 19 lenguas más y confió en que ello contribuya al fortalecimiento y aumento del prestigio de “las lenguas minimizadas” del país. “Aspiramos a que la declaración ayude al sentido de la identidad y sea instrumento de la cotidianidad para que la sociedad en su conjunto avance en la visualización de las lenguas indígenas.”
Especificó que hay 729 mil hablantes de la lengua maya y 195 mil 572 del mexicano en la Huasteca hidalguense, entre quienes se distribuirán 5 mil impresos, los cuales están acompañados de un cedé.
Se recurrirá a las radios comunitarias e indígenas, a los congresos locales y a las librerías de los gobiernos de los estados y a los municipios para difundir dicha declaración, agregó Manuel Gameros, director de comunicación Intercultural de la CDI. Aseguró que los ejemplares –cuadernos de bolsillo de pasta dura– no se quedarán en las bodegas de la institución, se recurrirá a la tecnología y de todos los elementos para que lleguen a las comunidades más apartadas, sostuvo.
Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, asentó que la acción gubernamental es contradictoria, ya que por un lado difunde derechos universales y por otro se niega a reconocer a los pueblos como sujetos de derecho. “Informar implica comprometerse; ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno del PAN a comprometerse con los pueblos indígenas, a romper la brecha entre los discursos y los hechos?”, dijo.
Agregó que una señal de cambio sería dejar en manos de un indígena la dirección de la CDI y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Alán García, del ACNUDH, apuntó que en el mundo hay 10 millones de personas que no saben que tienen derecho a exigir y por eso la importancia de difundir la citada declaración. La aspiración es que lo expuesto en el documento sea aplicado por los pueblos indígenas, ya que “un derecho que no se exige no es observado”.
Al presentar la traducción de la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al maya y al mexicano de la Huasteca de Hidalgo, el director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Luis H. Álvarez, aseguró que para la institución es una prioridad difundir dicho instrumento entre los indígenas, pues tiene los elementos necesarios para fortalecer los derechos humanos de éstos.
Acompañado por Alán García Campos, consultor en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (ACNUDH); Jadranka Mihalic, directora del Centro de Información de la ONU; Arnaud Peral, representante adjunto de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Fernando Nava, director del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali), el director de la CDI comentó que la citada declaración no es vinculante para los estados que se adhirieron a ella, pero en el caso de México hay un compromiso moral para que se cumpla.
Ante los asistentes reunidos en la sala de juntas de las oficinas de la ONU en el país, Álvarez destacó que con la traducción de la declaración el gobierno ratifica su adhesión a ese instrumento internacional.
El director del Inali comentó que para 2009 la citada declaración se traducirá a 19 lenguas más y confió en que ello contribuya al fortalecimiento y aumento del prestigio de “las lenguas minimizadas” del país. “Aspiramos a que la declaración ayude al sentido de la identidad y sea instrumento de la cotidianidad para que la sociedad en su conjunto avance en la visualización de las lenguas indígenas.”
Especificó que hay 729 mil hablantes de la lengua maya y 195 mil 572 del mexicano en la Huasteca hidalguense, entre quienes se distribuirán 5 mil impresos, los cuales están acompañados de un cedé.
Se recurrirá a las radios comunitarias e indígenas, a los congresos locales y a las librerías de los gobiernos de los estados y a los municipios para difundir dicha declaración, agregó Manuel Gameros, director de comunicación Intercultural de la CDI. Aseguró que los ejemplares –cuadernos de bolsillo de pasta dura– no se quedarán en las bodegas de la institución, se recurrirá a la tecnología y de todos los elementos para que lleguen a las comunidades más apartadas, sostuvo.
Marcos Matías Alonso, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, asentó que la acción gubernamental es contradictoria, ya que por un lado difunde derechos universales y por otro se niega a reconocer a los pueblos como sujetos de derecho. “Informar implica comprometerse; ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno del PAN a comprometerse con los pueblos indígenas, a romper la brecha entre los discursos y los hechos?”, dijo.
Agregó que una señal de cambio sería dejar en manos de un indígena la dirección de la CDI y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Alán García, del ACNUDH, apuntó que en el mundo hay 10 millones de personas que no saben que tienen derecho a exigir y por eso la importancia de difundir la citada declaración. La aspiración es que lo expuesto en el documento sea aplicado por los pueblos indígenas, ya que “un derecho que no se exige no es observado”.
Se inicia recepción del secretariado perredista
Alma Muñoz
Tras la designación de los titulares de cartera del secretariado del PRD comenzó el proceso de entrega-recepción, que culminará el 7 de enero próximo. En tanto, se concretó ayer el cambio en la coordinación nacional de Nueva Izquierda, puesto que deja Jesús Zambrano a Miguel Barbosa. Zambrano forma parte de la Comisión Política Nacional del partido y se perfila para ser candidato plurinominal a diputado federal en los comicios del año próximo, y ya se le menciona como posible coordinador de la bancada del sol azteca. En el PRD se informó que los responsables de los órganos autónomos ocuparán las oficinas del edificio de Monterrey 50, que el sol azteca había prestado al Frente Amplio Progresista y donde dos integrantes del “gobierno legítimo” –Laura Itzel Castillo y Mario Di Costanzo– también laboraban. El resto de los titulares de las instancias directivas del partido despacharán en la sede nacional en Benjamín Franklin.
Tras la designación de los titulares de cartera del secretariado del PRD comenzó el proceso de entrega-recepción, que culminará el 7 de enero próximo. En tanto, se concretó ayer el cambio en la coordinación nacional de Nueva Izquierda, puesto que deja Jesús Zambrano a Miguel Barbosa. Zambrano forma parte de la Comisión Política Nacional del partido y se perfila para ser candidato plurinominal a diputado federal en los comicios del año próximo, y ya se le menciona como posible coordinador de la bancada del sol azteca. En el PRD se informó que los responsables de los órganos autónomos ocuparán las oficinas del edificio de Monterrey 50, que el sol azteca había prestado al Frente Amplio Progresista y donde dos integrantes del “gobierno legítimo” –Laura Itzel Castillo y Mario Di Costanzo– también laboraban. El resto de los titulares de las instancias directivas del partido despacharán en la sede nacional en Benjamín Franklin.
Respaldará Pío López Obrador al Frente Amplio Progresista
Pío López Obrador anunció que apoyará a los candidatos que bajo las siglas del Frente Amplio Progresista (FAP) impulsen los partidos del Trabajo y Convergencia en Chiapas, en los comicios de 2009.
Informó que no renunciará a las filas del de la Revolución Democrática (PRD). En todo caso, advirtió, que sea el partido el que aplique el resolutivo del Consejo Nacional, sobre una baja automática a los perredistas que apoyen a candidatos de otros institutos políticos o coaliciones electorales, si así lo considera.
Tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador en las oficinas del “gobierno legítimo” de México, en la capital de la República, el coordinador en Chiapas del movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional resaltó –en entrevista– que mantendrá su respaldo a los partidos que forman el FAP, “que es PT y Convergencia”, porque “hemos estado unidos, juntos, y vamos a seguir apoyándolos”.
Pío López Obrador desmintió un comunicado emitido por el vocero del movimiento en aquel estado, Pablo Morales, respecto de que su hermano anunciaría el 25 de enero próximo, durante la asamblea informativa que encabezará en el Zócalo capitalino, la separación del FAP del PRD.
“Nosotros no comentamos eso.” Hace dos días lo único que dijimos –en el consejo estatal del PT– fue que “vamos a apoyar a los compañeros y hablar con sus respectivas dirigencias. De lo demás no. Cada compañero toma sus propias decisiones”, pero “nosotros no estamos anunciando ningún rompimiento, y eso que quede bien claro”, apuntó.
Pero nosotros –reiteró– “vamos a apoyar a los compañeros que hayan sido propuestos o electos por el Partido del Trabajo y Convergencia”.
–¿Están planteando su salida del PRD?
–No estamos planteando ninguna renuncia. Vamos a continuar en el partido.
–¿Y si les aplican la expulsión?
–Que la aplique el partido. Nosotros no estamos renunciando. Que el partido aplique el resolutivo.
Por otra parte, el “gobierno legítimo” informó que Andrés Manuel López Obrador suspenderá a partir de esta semana y hasta el 8 de enero sus giras por municipios del país.
Hasta el domingo pasado realizó 32 durante el presente año, con lo cual suman mil 845 los municipios que ha visitado desde que inició sus recorridos, en enero de 2007. Le faltan 192 de los dos mil 37 ayuntamientos por régimen de partidos, además de los 418 que hay en Oaxaca, por usos y costumbres.
Informó que no renunciará a las filas del de la Revolución Democrática (PRD). En todo caso, advirtió, que sea el partido el que aplique el resolutivo del Consejo Nacional, sobre una baja automática a los perredistas que apoyen a candidatos de otros institutos políticos o coaliciones electorales, si así lo considera.
Tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador en las oficinas del “gobierno legítimo” de México, en la capital de la República, el coordinador en Chiapas del movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional resaltó –en entrevista– que mantendrá su respaldo a los partidos que forman el FAP, “que es PT y Convergencia”, porque “hemos estado unidos, juntos, y vamos a seguir apoyándolos”.
Pío López Obrador desmintió un comunicado emitido por el vocero del movimiento en aquel estado, Pablo Morales, respecto de que su hermano anunciaría el 25 de enero próximo, durante la asamblea informativa que encabezará en el Zócalo capitalino, la separación del FAP del PRD.
“Nosotros no comentamos eso.” Hace dos días lo único que dijimos –en el consejo estatal del PT– fue que “vamos a apoyar a los compañeros y hablar con sus respectivas dirigencias. De lo demás no. Cada compañero toma sus propias decisiones”, pero “nosotros no estamos anunciando ningún rompimiento, y eso que quede bien claro”, apuntó.
Pero nosotros –reiteró– “vamos a apoyar a los compañeros que hayan sido propuestos o electos por el Partido del Trabajo y Convergencia”.
–¿Están planteando su salida del PRD?
–No estamos planteando ninguna renuncia. Vamos a continuar en el partido.
–¿Y si les aplican la expulsión?
–Que la aplique el partido. Nosotros no estamos renunciando. Que el partido aplique el resolutivo.
Por otra parte, el “gobierno legítimo” informó que Andrés Manuel López Obrador suspenderá a partir de esta semana y hasta el 8 de enero sus giras por municipios del país.
Hasta el domingo pasado realizó 32 durante el presente año, con lo cual suman mil 845 los municipios que ha visitado desde que inició sus recorridos, en enero de 2007. Le faltan 192 de los dos mil 37 ayuntamientos por régimen de partidos, además de los 418 que hay en Oaxaca, por usos y costumbres.
Demanda el sol azteca que se prohíba al PT y Convergencia denominarse FAP
Sostiene que defiende el derecho de partidos a asociarse, pero no ésta, con ese nombre
Alonso Urrutia
La representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Federal Electoral (IFE) formalizó mediante un oficio dirigido al consejero presidente, Leonardo Valdés, su petición de que “no se autorice la denominación Frente Amplio Progresista (o cualquiera de sus variantes) para identificar a la coalición integrada por los partidos del Trabajo y Convergencia”, por ser “violatoria de la legislación electoral y de los acuerdos del propio IFE”.
En el documento firmado por Rafael Hernández, representante del sol azteca ante el instituto, se desglosan las presuntas violaciones legales en las que incurrirían los consejeros electorales de validar la coalición bajo un nombre que ya está registrado como frente no electoral, con fines políticos y sociales, integrado por los citados partidos más el PRD.
Para la representación perredista, registrar la coalición bajo esta denominación “es contrario a lo dispuesto por la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los acuerdos del Consejo General y, por tanto, no puede ser aprobada por el IFE”.
Precisó que el PRD “apoya y defiende” el derecho de los partidos a conformar coaliciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, por ello, “respeta la decisión de los partidos del Trabajo y Convergencia de participar en coalición en la elección de diputados federales de 2009”.
Artículo 93 del Cofipe
Sin embargo, considera que la pretensión de denominarse FAP violenta el artículo 93 del Cofipe, que restringe la conformación de los frentes para fines no electorales. Dicho artículo admite el derecho de los partidos a integrar frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos “de índole no electoral”.
A partir de esta restricción subraya el PRD, “es claro que su utilización (de las siglas FAP) en un proceso electoral sería contraria a lo dispuesto por el código electoral”.
Al mismo tiempo, de proceder el registro con ese nombre, añade el documento, se violaría el acuerdo del Consejo General del IFE CG197/2006 del 11 de octubre de 2006, donde se validó el registro legal de un frente denominado Frente Amplio Progresista, formado por los tres partidos.
En el considerando 12 del acuerdo del Consejo General se subraya, conforme a lo dispuesto en el Cofipe, que dicho frente “de ninguna manera puede tener alguna finalidad de tipo electoral”.
Más adelante el acuerdo del Consejo General explica que el FAP tendrá el lema “por el bien de todos, primero los pobres”, estipulándose que para evitar confusión en la ciudadanía “el uso de dicha denominación y lema se reservará a este conjunto de partidos durante la vigencia del convenio y no se autorizará su uso a ningún partido político en lo individual o a un grupo de partidos que pretendan integrar cualquier figura de participación conjunta”.
Marco jurídico
En otras de las consideraciones que destaca el PRD en su carta al consejero electoral, refiere que el citado acuerdo de Consejo General estipula que las partes –en ese caso los tres partidos que promovieron en 2006 el registro del FAP– deberán “conducirse conjuntamente como frente dentro del marco jurídico al que están obligados como partidos”.
Por ello, para el PRD no hay duda de que “el uso de la misma denominación para una coalición durante el proceso electoral en curso no sólo viola la ley, sino que resulta conculcatorio del citado acuerdo del Consejo General.
Formalmente el IFE tiene de plazo hasta el próximo 11 de enero para aprobar la petición del PT y Convergencia de que se registre su coalición como FAP. Ambos partidos remitieron su solicitud casi 20 días antes de que concluyera el plazo que tienen los partidos para pedir su registro como coaliciones, que vence el 1º de enero.
Alonso Urrutia
La representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Federal Electoral (IFE) formalizó mediante un oficio dirigido al consejero presidente, Leonardo Valdés, su petición de que “no se autorice la denominación Frente Amplio Progresista (o cualquiera de sus variantes) para identificar a la coalición integrada por los partidos del Trabajo y Convergencia”, por ser “violatoria de la legislación electoral y de los acuerdos del propio IFE”.
En el documento firmado por Rafael Hernández, representante del sol azteca ante el instituto, se desglosan las presuntas violaciones legales en las que incurrirían los consejeros electorales de validar la coalición bajo un nombre que ya está registrado como frente no electoral, con fines políticos y sociales, integrado por los citados partidos más el PRD.
Para la representación perredista, registrar la coalición bajo esta denominación “es contrario a lo dispuesto por la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), los acuerdos del Consejo General y, por tanto, no puede ser aprobada por el IFE”.
Precisó que el PRD “apoya y defiende” el derecho de los partidos a conformar coaliciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales, por ello, “respeta la decisión de los partidos del Trabajo y Convergencia de participar en coalición en la elección de diputados federales de 2009”.
Artículo 93 del Cofipe
Sin embargo, considera que la pretensión de denominarse FAP violenta el artículo 93 del Cofipe, que restringe la conformación de los frentes para fines no electorales. Dicho artículo admite el derecho de los partidos a integrar frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos “de índole no electoral”.
A partir de esta restricción subraya el PRD, “es claro que su utilización (de las siglas FAP) en un proceso electoral sería contraria a lo dispuesto por el código electoral”.
Al mismo tiempo, de proceder el registro con ese nombre, añade el documento, se violaría el acuerdo del Consejo General del IFE CG197/2006 del 11 de octubre de 2006, donde se validó el registro legal de un frente denominado Frente Amplio Progresista, formado por los tres partidos.
En el considerando 12 del acuerdo del Consejo General se subraya, conforme a lo dispuesto en el Cofipe, que dicho frente “de ninguna manera puede tener alguna finalidad de tipo electoral”.
Más adelante el acuerdo del Consejo General explica que el FAP tendrá el lema “por el bien de todos, primero los pobres”, estipulándose que para evitar confusión en la ciudadanía “el uso de dicha denominación y lema se reservará a este conjunto de partidos durante la vigencia del convenio y no se autorizará su uso a ningún partido político en lo individual o a un grupo de partidos que pretendan integrar cualquier figura de participación conjunta”.
Marco jurídico
En otras de las consideraciones que destaca el PRD en su carta al consejero electoral, refiere que el citado acuerdo de Consejo General estipula que las partes –en ese caso los tres partidos que promovieron en 2006 el registro del FAP– deberán “conducirse conjuntamente como frente dentro del marco jurídico al que están obligados como partidos”.
Por ello, para el PRD no hay duda de que “el uso de la misma denominación para una coalición durante el proceso electoral en curso no sólo viola la ley, sino que resulta conculcatorio del citado acuerdo del Consejo General.
Formalmente el IFE tiene de plazo hasta el próximo 11 de enero para aprobar la petición del PT y Convergencia de que se registre su coalición como FAP. Ambos partidos remitieron su solicitud casi 20 días antes de que concluyera el plazo que tienen los partidos para pedir su registro como coaliciones, que vence el 1º de enero.
Personal de Pemex, en la ordeña de ductos
De la Redacción
La Policía Federal, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, incautó varias tomas clandestinas en ductos de la paraestatal ubicados en las inmediaciones de seis domicilios localizados en Veracruz. La localización de las tomas clandestinas se logró luego de realizar cateos en diversos predios. “El cruce de información permitió determinar que personal de Pemex y de las empresas prestadoras del servicio están presuntamente vinculados con el robo de combustible a la paraestatal”, destacó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
La Policía Federal, en coordinación con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, incautó varias tomas clandestinas en ductos de la paraestatal ubicados en las inmediaciones de seis domicilios localizados en Veracruz. La localización de las tomas clandestinas se logró luego de realizar cateos en diversos predios. “El cruce de información permitió determinar que personal de Pemex y de las empresas prestadoras del servicio están presuntamente vinculados con el robo de combustible a la paraestatal”, destacó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Hay que rediseñar la estrategia de seguridad; la actual fracasó: CNDH
Culiacán, Sin., 15 de diciembre. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó hoy aquí que de enero de 2001 a noviembre de 2008 ocurrieron en el país 20 mil secuestros, 2 mil 500 por año, siete al día, aunque sólo fueron denunciados 5 mil 140; el resto forma parte de la cifra negra de delitos no denunciados.
Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”.
Los estados que encabezan la lista de más asesinatos son: Chihuahua, con mil 878; Sinaloa, 853; Baja California, 535. De esas ejecuciones, precisó, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 por ciento de menores de edad.
El titular de la CNDH resaltó que en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2008 –gran parte de la administración del presidente Felipe Calderón–, 48 millones de personas fueron víctimas del delito, 16 millones por año y 43 mil 835 al día. “Es el periodo en el cual se presenta el mayor incremento de violencia, de casi 90 por ciento”, indicó.
El número de delitos cometidos, detalló el titular de la CNDH, se obtiene de las cifras oficiales más la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes; sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos son consignados. Esto es lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento.
Ante este panorama, el ombudsman nacional aseveró: “es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”.
En este segundo informe, que este día fue entregado al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los secretarios de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y al titular de la PGR, el presidente de la CNDH demanda: “la realidad nos coloca en la condición de replantear las estrategias en materia de seguridad pública.
“El modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policiacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia.”
Soberanes Fernández cuestionó el hecho de que el concepto de “ seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando, a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en elevar un problema, que de origen entra en la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil, a un ámbito que por mando constitucional es de competencia de las fuerzas armadas, lo que ha permitido que el Estado mexicano libre una “guerra” con base en una estrategia de contención en contra de la delincuencia organizada.
En esa lucha, resaltó el ombudsman, “bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencian excesos, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”.
Soberanes Fernández precisó: “los graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas castrenses han quedado evidenciados en las 19 recomendaciones que la CNDH ha turnado a las fuerzas armadas; el mayor número en la historia del país se registró entre 2007 y 2008”.
Puntualizó que bajo este escenario “es muy importante que el Estado delimite la magnitud que el problema de la delincuencia ha provocado, y si ha adquirido tal dimensión para poner en riesgo la seguridad nacional o interior del país; de ser así, tendría que definirse el rumbo hacia el que se dirigirán los esfuerzos de los agentes de la ley, incluidos miembros de las fuerzas armadas en funciones de policías, así como la responsabilidad a la que estarían sujetos en caso de una violación a los derechos humanos al asumir una función propia de la autoridad civil estando al margen del fuero de guerra”.
Bajo este contexto, sostuvo, el fracaso de las medidas y acciones adoptadas por los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad pública “coloca al mismo gobierno en el problema de la inseguridad pública como un flagelo que no se logra contener. Y es en este escenario en el que la CNDH expresa su preocupación por el tipo de acciones que el Estado está realizando a través del impulso de múltiples planes y programas de gobierno que no están vinculados y coordinados entre todos los actores responsables de resolver el problema, y de reformas legales regresivas y altos presupuestos e inversiones en mecanismos de seguridad como una apuesta para enfrentar a la delincuencia”.
El ombudsman nacional demandó al Estado “acciones más allá del mero discurso o muestras de buena voluntad”, y propuso: rediseñar la estrategia nacional en materia de seguridad pública; una política de seguridad seria y profunda que prevenga el delito y no que sólo reaccione por la vía de la justicia penal; garantizar el acceso a la justicia; eliminar las prácticas que generan subregistros delictivos, como las actas circunstanciadas o actas especiales de hechos, y crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que investigue los delitos donde están involucrados policías y elementos de seguridad pública.
También, impulsar una red nacional de atención a víctimas del delito y crear un fondo de compensación para éstas; generar una percepción de que se respeta la ley, y sancionar a quien la viola.
Al presentar aquí el segundo Informe Especial sobre Seguridad Pública, el ombudsman nacional subrayó que en ese mismo periodo se registraron 10 mil 500 ejecuciones atribuidas al crimen organizado, y “solamente de enero de este año a lo que va del mes ocurrieron 5 mil 585”.
Los estados que encabezan la lista de más asesinatos son: Chihuahua, con mil 878; Sinaloa, 853; Baja California, 535. De esas ejecuciones, precisó, 86 por ciento son de civiles, 12 por ciento de servidores públicos y 2 por ciento de menores de edad.
El titular de la CNDH resaltó que en el periodo de enero de 2006 a noviembre de 2008 –gran parte de la administración del presidente Felipe Calderón–, 48 millones de personas fueron víctimas del delito, 16 millones por año y 43 mil 835 al día. “Es el periodo en el cual se presenta el mayor incremento de violencia, de casi 90 por ciento”, indicó.
El número de delitos cometidos, detalló el titular de la CNDH, se obtiene de las cifras oficiales más la lista negra de delitos no denunciados, que es de 90 por ciento en los tres años recientes; sólo uno de cada 10 delitos se denuncian, de los cuales sólo casi dos son consignados. Esto es lo que representa un margen de impunidad de 98.76 por ciento.
Ante este panorama, el ombudsman nacional aseveró: “es un hecho innegable que la seguridad pública en México se enfrenta a uno de los momentos más sensibles y delicados de la historia, no sólo por el número de delitos que diariamente se cometen a lo largo y ancho del país, así como por la violencia presente, sino también por la adopción de nuevas estrategias que han resultado ineficaces para combatir la inseguridad, como la inclusión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sobre la base de considerar el problema, al menos de hecho, como un asunto de seguridad interior o nacional”.
En este segundo informe, que este día fue entregado al presidente Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y a los secretarios de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y al titular de la PGR, el presidente de la CNDH demanda: “la realidad nos coloca en la condición de replantear las estrategias en materia de seguridad pública.
“El modelo aplicado hasta hoy presenta un severo desgaste, que va desde la tendencia de los cuerpos policiacos a cumplir deficientemente su labor, hasta excederse en sus atribuciones e incluso coaligarse con la delincuencia.”
Soberanes Fernández cuestionó el hecho de que el concepto de “ seguridad pública” se ha ido modificando o flexibilizando, a grado tal de equipararlo al de “seguridad interna o interior”, situación que se traduce en elevar un problema, que de origen entra en la competencia de las fuerzas de seguridad del orden civil, a un ámbito que por mando constitucional es de competencia de las fuerzas armadas, lo que ha permitido que el Estado mexicano libre una “guerra” con base en una estrategia de contención en contra de la delincuencia organizada.
En esa lucha, resaltó el ombudsman, “bajo el parámetro del ejercicio de la mayor fuerza pública, también se evidencian excesos, que desembocan en un alto grado de vulneración a las libertades individuales de los mexicanos, generando, además de víctimas del delito, víctimas del abuso del poder. Se evidencian excesos como la práctica de la tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos, privaciones arbitrarias de la vida y, en general, violaciones a los derechos humanos individuales y, eventualmente, un quebrantamiento del estado de derecho a través del abuso de poder”.
Soberanes Fernández precisó: “los graves abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas castrenses han quedado evidenciados en las 19 recomendaciones que la CNDH ha turnado a las fuerzas armadas; el mayor número en la historia del país se registró entre 2007 y 2008”.
Puntualizó que bajo este escenario “es muy importante que el Estado delimite la magnitud que el problema de la delincuencia ha provocado, y si ha adquirido tal dimensión para poner en riesgo la seguridad nacional o interior del país; de ser así, tendría que definirse el rumbo hacia el que se dirigirán los esfuerzos de los agentes de la ley, incluidos miembros de las fuerzas armadas en funciones de policías, así como la responsabilidad a la que estarían sujetos en caso de una violación a los derechos humanos al asumir una función propia de la autoridad civil estando al margen del fuero de guerra”.
Bajo este contexto, sostuvo, el fracaso de las medidas y acciones adoptadas por los servidores públicos encargados de garantizar la seguridad pública “coloca al mismo gobierno en el problema de la inseguridad pública como un flagelo que no se logra contener. Y es en este escenario en el que la CNDH expresa su preocupación por el tipo de acciones que el Estado está realizando a través del impulso de múltiples planes y programas de gobierno que no están vinculados y coordinados entre todos los actores responsables de resolver el problema, y de reformas legales regresivas y altos presupuestos e inversiones en mecanismos de seguridad como una apuesta para enfrentar a la delincuencia”.
El ombudsman nacional demandó al Estado “acciones más allá del mero discurso o muestras de buena voluntad”, y propuso: rediseñar la estrategia nacional en materia de seguridad pública; una política de seguridad seria y profunda que prevenga el delito y no que sólo reaccione por la vía de la justicia penal; garantizar el acceso a la justicia; eliminar las prácticas que generan subregistros delictivos, como las actas circunstanciadas o actas especiales de hechos, y crear una instancia imparcial y autónoma del Ministerio Público que investigue los delitos donde están involucrados policías y elementos de seguridad pública.
También, impulsar una red nacional de atención a víctimas del delito y crear un fondo de compensación para éstas; generar una percepción de que se respeta la ley, y sancionar a quien la viola.
Respaldará Pío López Obrador al Frente Amplio Progresista
■ Continuaremos en el PRD, anuncia el coordinador en Chiapas
Alma E. Muñoz
Andrés Manuel López Obrador durante el mitin frente a las instalaciones de Televisa la semana pasada Foto: Carlos Ramos Mamahua
Pío López Obrador anunció que apoyará a los candidatos que bajo las siglas del Frente Amplio Progresista (FAP) impulsen los partidos del Trabajo y Convergencia en Chiapas, en los comicios de 2009.
Informó que no renunciará a las filas del de la Revolución Democrática (PRD). En todo caso, advirtió, que sea el partido el que aplique el resolutivo del Consejo Nacional, sobre una baja automática a los perredistas que apoyen a candidatos de otros institutos políticos o coaliciones electorales, si así lo considera.
Tras una reunión con Andrés Manuel López Obrador en las oficinas del “gobierno legítimo” de México, en la capital de la República, el coordinador en Chiapas del movimiento nacional en defensa del petróleo, la economía popular y la soberanía nacional resaltó –en entrevista– que mantendrá su respaldo a los partidos que forman el FAP, “que es PT y Convergencia”, porque “hemos estado unidos, juntos, y vamos a seguir apoyándolos”.
Pío López Obrador desmintió un comunicado emitido por el vocero del movimiento en aquel estado, Pablo Morales, respecto de que su hermano anunciaría el 25 de enero próximo, durante la asamblea informativa que encabezará en el Zócalo capitalino, la separación del FAP del PRD.
“Nosotros no comentamos eso.” Hace dos días lo único que dijimos –en el consejo estatal del PT– fue que “vamos a apoyar a los compañeros y hablar con sus respectivas dirigencias. De lo demás no. Cada compañero toma sus propias decisiones”, pero “nosotros no estamos anunciando ningún rompimiento, y eso que quede bien claro”, apuntó.
Pero nosotros –reiteró– “vamos a apoyar a los compañeros que hayan sido propuestos o electos por el Partido del Trabajo y Convergencia”.
–¿Están planteando su salida del PRD?
–No estamos planteando ninguna renuncia. Vamos a continuar en el partido.
–¿Y si les aplican la expulsión?
–Que la aplique el partido. Nosotros no estamos renunciando. Que el partido aplique el resolutivo.
Por otra parte, el “gobierno legítimo” informó que Andrés Manuel López Obrador suspenderá a partir de esta semana y hasta el 8 de enero sus giras por municipios del país.
Hasta el domingo pasado realizó 32 durante el presente año, con lo cual suman mil 845 los municipios que ha visitado desde que inició sus recorridos, en enero de 2007. Le faltan 192 de los dos mil 37 ayuntamientos por régimen de partidos, además de los 418 que hay en Oaxaca, por usos y costumbres.
Comunicado del Gobierno Legítimo
http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=1862121587109701546
Fuente Gobierno Legítimo
privilegios de la alta burocracia, propuso AMLO para mitigar los efectos de la crisis
México, Distrito Federal
Martes 16 de diciembre de 2008
* Conferencia de prensa del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer una propuesta encaminada a paliar los efectos de la crisis económica
CARTA AL PUEBLO DE MÉXICO
Ante la desatención del gobierno usurpador de la crisis económica que está golpeando a la mayoría de nuestro pueblo y que desgraciadamente se agravará, entre otras razones, porque el año próximo habrá decrecimiento económico y pérdida de empleos, es nuestro deber exigir la aplicación con urgencia de las siguientes medidas:
1.- Aumento del 12 por ciento al Salario Mínimo
Si no queremos una mayor caída de la demanda de bienes y servicios, y por razones de estricta justicia, debemos exigir un aumento que permita recuperar, cuando menos, lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario de noviembre de 2006 a la fecha.
Según cifras oficiales, la inflación en los dos últimos años (de noviembre de 2006 a noviembre de 2008) ha sido de 12.9% en la canasta básica. En cambio, el salario mínimo ha aumentado sólo el 8.4%; es decir ha perdido 4 puntos.
Asimismo, según nuestras estimaciones, la inflación para el próximo año será del 8%, empujada por la devaluación del peso que tan sólo en lo que va de 2008 es del 35%.
Por eso, el salario mínimo se debe aumentar, cuando menos, en 12 por ciento (4 puntos porcentuales por lo perdido desde noviembre de 2006 y 8 puntos por la inflación estimada para 2009).
2.- Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas
El IETU se debe eliminar porque ha demostrado no sólo que tiene una recaudación mucho menor de lo que se esperaba, sino principalmente porque limita el crecimiento económico y propicia el desempleo.
En 2008, según Hacienda, con el IETU se van a recaudar 50 mil millones de pesos (0.5% del PIB, la mitad de los que se esperaba). Su derogación no costaría mucho; en cambio representaría ahorros para las empresas, dándoles margen para el aumento de los mínimos. El aumento del salario mínimo siempre será mejor en el bolsillo del trabajador que en la Secretaría de Hacienda, en especial cuando se trata de impulsar la demanda y reactivar la economía.
3.- Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz
Los aumentos abusivos de estos energéticos han provocado más inflación y la carestía de la vida, afectando severamente la economía popular, a empresas y a comercios. Es injustificable que las gasolinas en México sean más caras que en Estados Unidos y que este año, la energía eléctrica para consumo doméstico se haya incrementado hasta en 100 por ciento.
4.- El gobierno debe intervenir y evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores
Es necesaria la intervención del gobierno en las Afores para impedir que los fondos de retiro de los trabajadores sigan sufriendo pérdidas. Tan sólo en octubre el director de la Consar afirmó que se había perdido el 14% de los saldos de los 39 millones de cuentas que tiene el sistema de ahorros para el retiro. Las cuentas de los trabajadores perdieron 53,700 millones de pesos entre diciembre de 2007 y octubre de 2008.
Con las caídas en los mercados de acciones y de bonos en noviembre y diciembre de este año, las pérdidas han aumentado y no es aventurado decir que podrían llegar a 200 mil millones de pesos. En contraste, las empresas que manejan las Afores han cobrado comisiones por 11 mil 180 millones de pesos hasta octubre y, ellas sí, han tenido utilidades netas por 2 mil 648 millones de pesos.
El argumento de los financieros del gobierno usurpador en el sentido de que no nos preocupemos porque en el largo plazo los fondos crecerán al recuperarse las bolsas y los mercados, no tiene base de credibilidad ni funciona en este caso. Principalmente porque enfrentamos una crisis que se va a extender y profundizar y que exige del Estado la acción inmediata para proteger los ahorros de los trabajadores y de la clase media.
5.- Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero
Nuestro país importa el 35% de los alimentos que consumimos y esto nos pone en una situación de gran vulnerabilidad, no sólo ante el riesgo de aumentos de precios internacionales, sino también de escasez de productos o restricciones al comercio mundial. Además, es un peso permanente sobre la balanza de pagos. Todos estos riesgos se han ido materializando a lo largo de los últimos 3 años de crisis económica global.
Exigimos un programa nacional con el objeto de lograr la soberanía alimentaria, comenzando por los 10 cultivos agrícolas de mayor consumo nacional y extendiéndose a otras actividades y productos. La soberanía implica que el país produzca la mayor parte de los alimentos que consumimos; que los productores mexicanos tengan crédito, fertilizantes y otros insumos baratos, apoyo de infraestructura, así como precios garantizados para su producción.
Es urgente un cambio en la política que se ha venido imponiendo al sector agropecuario.
Es absurdo que se haya abandonado al campo, que se estén destinando 25 mil millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero cada año, cuando podríamos utilizar estos recursos para producir aquí lo que consumimos, crear empleos y atemperar el fenómeno migratorio.
6.- Es urgente fortalecer la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.
Deben destinarse recursos del presupuesto para construir viviendas, caminos, escuelas, centros de salud, introducir agua potable, drenaje y pavimentar calles, no sólo porque hacen falta estas obras y servicios, sino por ser la forma más rápida y eficaz de enfrentar la crisis económica y el desempleo. Actualmente la industria de la construcción está paralizada y en los últimos doce meses, según cifras del IMSS, se han perdido 46 mil 809 empleos.
7.- Se deben extender los apoyos al desarrollo social.
Ahora más que nunca se debe ayudar con pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; es necesario garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social; así como becas para los estudiantes de preparatoria del país y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.
8.- Es indispensable reducir el gasto corriente del gobierno para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y de bienestar social
Insistimos en que el gasto corriente del gobierno debe reducirse en 200 mil millones de pesos cuando menos, que es la mitad de lo que ha aumentado en los dos años de Felipe Calderón. Incluido en este ajuste debe estar la reducción del 50% de los sueldos de los altos funcionarios públicos, el seguro de separación individualizada, los gastos médicos mayores, las pensiones a ex presidentes y los bonos de fin de año.
A los ciudadanos les recordamos nuestras recomendaciones para protegerse en la medida de lo posible de los efectos de la crisis.
Particularmente les decimos que estos serán tiempos difíciles y que debe hacerse un esfuerzo para ajustar el gasto familiar a lo básico; cuidar el trabajo porque habrá más competencia y despidos; administrar bien el aguinaldo; ahorrar en el consumo de luz, agua, gas, gasolina y otros; preparar los alimentos de los hijos en casa; pagar los recibos de luz, teléfono, cable y otros servicios, en las oficinas y no en los bancos para evitar el cobro de comisiones; exigir aclaración y reclamar por cargos indebidos en recibos de luz, agua y teléfono.
En tiempos de crisis es fundamental fortalecer los lazos familiares y el apoyo mutuo con amigos y vecinos.
Por ultimo, expresamos que nuestro movimiento se está orientando por entero a la defensa de la economía popular, vamos a utilizar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger al pueblo, para hacer frente al sentimiento de frustración, para enfrentar el empobrecimiento y evitar que siga creciendo la violencia en nuestro país.
Este es el documento que damos a conocer, por la gravedad de la situación económica del país y, ante la desatención y la indiferencia, ante la irresponsabilidad del gobierno usurpador.
P: En otro tema.
R: Ahorita pasamos a otro tema, porque este es el tema más importante. No hay ahora ningún otro tema más importante en este país, que esto, desde mi punto de vista.
P: Sobre la crisis
R: La principal responsabilidad recae en el grupo que ha manejado de manera irresponsable la política económica en el país. Es cierto que nos va a afectar la crisis en Estados Unidos y la recesión mundial, pero nos va a afectar más de la cuenta porque nos agarra con una economía totalmente debilitada.
Puedo poner muchos ejemplos. Hablo aquí de la necesidad de cambiar la política que han venido imponiendo para el sector agropecuario, no han querido desde hace mucho tiempo apoyar al campo y lograr la autosuficiencia alimentaria.
Han apostado a comprar los alimentos en el extranjero. Si fuésemos autosuficientes, si no tuviésemos que destinar 25 mil millones de dólares cada año para comprar alimentos, pues los efectos de la crisis mundial serían menores.
Lo mismo puedo decir acerca de decisiones absurdas que se han tomado durante el gobierno usurpador.
Por ejemplo, la creación de un nuevo impuesto, el IETU, cuando ya se veía venir la crisis. Está demostrado que aumentar impuestos o crear impuestos nuevos en épocas de recesión, cuando no hay crecimiento en la economía, cuando no se están generando empleos, es algo totalmente absurdo.
Entonces, por eso estamos planteando ahora que se rectifique, que se quite el IETU, porque eso está desalentando el crecimiento económico y la creación de empleos.
Entonces, la responsabilidad mayor la tiene el grupo que no ha querido cambiar la política económica, que está destinado nada más a proteger a banqueros y a grandes empresarios y que ha dejado en el más completo abandono al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos.
Por eso, volvemos otra vez a insistir en la necesidad de que actúe el gobierno usurpador, es otro llamado urgente, se viene un huracán y éstos ni siquiera le están avisando a la gente.
Están tratando de minimizar los efectos de la crisis, están tratando de manipular a la opinión pública, no le avisan a la gente y están empeñados en mantener la misma política económica y en proteger, ante la crisis, a banqueros y a grandes empresarios.
Y quién se va a hacer cargo de proteger a la mayoría de los mexicanos. Tenemos todos la obligación de ayudar, no sólo para que no se siga empobreciendo la gente, para que no se siga empobreciendo el pueblo, sino para que también no se siga incrementando la violencia, porque si no se toman medidas con urgencia, si no se actúa pronto, no sólo va a haber más desempleo, como está sucediendo, están despidiendo a miles de trabajadores en el país, no sólo va a haber más pobreza, sino va a haber, desgraciadamente, más inseguridad y más violencia. Por eso, es urgente que se actúe.
Yo hago un llamado a los medios de comunicación para que informen, que no le estén sirviendo al gobierno para crear cortinas de humo y desviar la atención ante la crisis, porque no puede haber un problema mayor hoy día en nuestro país, que el problema económico.
Entonces, los medios pueden ayudar mucho, orientando a la gente sobre lo que está pasando y cómo tomar medidas para que no golpee más de la cuenta a millones de familias, la crisis económica.
Ese es el propósito de esta conferencia de prensa.
P: Inaudible.
R: No es tema eso. Estoy hablando de que lo más importante es la crisis económica.
P: Inaudible.
R: Sí, pero ahora lo más importante es la crisis económica. Estoy pidiendo, de manera respetuosa, de que se le de todo el tiempo a este grave problema nacional, que afecta a millones de mexicanos.
Lo demás es secundario, ante la gravedad de la crisis económica.
P: Inaudible.
R: Cuando pase la crisis económica. Eso es lo más importante.
P: Inaudible.
R: Sí, pero ofrezco una disculpa, pero yo estoy dedicado de tiempo completo, por entero, a conducir un movimiento para la defensa de la economía popular y proteger al pueblo ante la crisis.
Muchísimas gracias, les deseo lo mejor, a pesar de los pesares. Buena Navidad y un buen año, para ustedes y para todos sus familiares.
Muchísimas gracias.
México, Distrito Federal
Martes 16 de diciembre de 2008
* Conferencia de prensa del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, para dar a conocer una propuesta encaminada a paliar los efectos de la crisis económica
CARTA AL PUEBLO DE MÉXICO
Ante la desatención del gobierno usurpador de la crisis económica que está golpeando a la mayoría de nuestro pueblo y que desgraciadamente se agravará, entre otras razones, porque el año próximo habrá decrecimiento económico y pérdida de empleos, es nuestro deber exigir la aplicación con urgencia de las siguientes medidas:
1.- Aumento del 12 por ciento al Salario Mínimo
Si no queremos una mayor caída de la demanda de bienes y servicios, y por razones de estricta justicia, debemos exigir un aumento que permita recuperar, cuando menos, lo que ha perdido el poder adquisitivo del salario de noviembre de 2006 a la fecha.
Según cifras oficiales, la inflación en los dos últimos años (de noviembre de 2006 a noviembre de 2008) ha sido de 12.9% en la canasta básica. En cambio, el salario mínimo ha aumentado sólo el 8.4%; es decir ha perdido 4 puntos.
Asimismo, según nuestras estimaciones, la inflación para el próximo año será del 8%, empujada por la devaluación del peso que tan sólo en lo que va de 2008 es del 35%.
Por eso, el salario mínimo se debe aumentar, cuando menos, en 12 por ciento (4 puntos porcentuales por lo perdido desde noviembre de 2006 y 8 puntos por la inflación estimada para 2009).
2.- Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas
El IETU se debe eliminar porque ha demostrado no sólo que tiene una recaudación mucho menor de lo que se esperaba, sino principalmente porque limita el crecimiento económico y propicia el desempleo.
En 2008, según Hacienda, con el IETU se van a recaudar 50 mil millones de pesos (0.5% del PIB, la mitad de los que se esperaba). Su derogación no costaría mucho; en cambio representaría ahorros para las empresas, dándoles margen para el aumento de los mínimos. El aumento del salario mínimo siempre será mejor en el bolsillo del trabajador que en la Secretaría de Hacienda, en especial cuando se trata de impulsar la demanda y reactivar la economía.
3.- Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz
Los aumentos abusivos de estos energéticos han provocado más inflación y la carestía de la vida, afectando severamente la economía popular, a empresas y a comercios. Es injustificable que las gasolinas en México sean más caras que en Estados Unidos y que este año, la energía eléctrica para consumo doméstico se haya incrementado hasta en 100 por ciento.
4.- El gobierno debe intervenir y evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores
Es necesaria la intervención del gobierno en las Afores para impedir que los fondos de retiro de los trabajadores sigan sufriendo pérdidas. Tan sólo en octubre el director de la Consar afirmó que se había perdido el 14% de los saldos de los 39 millones de cuentas que tiene el sistema de ahorros para el retiro. Las cuentas de los trabajadores perdieron 53,700 millones de pesos entre diciembre de 2007 y octubre de 2008.
Con las caídas en los mercados de acciones y de bonos en noviembre y diciembre de este año, las pérdidas han aumentado y no es aventurado decir que podrían llegar a 200 mil millones de pesos. En contraste, las empresas que manejan las Afores han cobrado comisiones por 11 mil 180 millones de pesos hasta octubre y, ellas sí, han tenido utilidades netas por 2 mil 648 millones de pesos.
El argumento de los financieros del gobierno usurpador en el sentido de que no nos preocupemos porque en el largo plazo los fondos crecerán al recuperarse las bolsas y los mercados, no tiene base de credibilidad ni funciona en este caso. Principalmente porque enfrentamos una crisis que se va a extender y profundizar y que exige del Estado la acción inmediata para proteger los ahorros de los trabajadores y de la clase media.
5.- Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero
Nuestro país importa el 35% de los alimentos que consumimos y esto nos pone en una situación de gran vulnerabilidad, no sólo ante el riesgo de aumentos de precios internacionales, sino también de escasez de productos o restricciones al comercio mundial. Además, es un peso permanente sobre la balanza de pagos. Todos estos riesgos se han ido materializando a lo largo de los últimos 3 años de crisis económica global.
Exigimos un programa nacional con el objeto de lograr la soberanía alimentaria, comenzando por los 10 cultivos agrícolas de mayor consumo nacional y extendiéndose a otras actividades y productos. La soberanía implica que el país produzca la mayor parte de los alimentos que consumimos; que los productores mexicanos tengan crédito, fertilizantes y otros insumos baratos, apoyo de infraestructura, así como precios garantizados para su producción.
Es urgente un cambio en la política que se ha venido imponiendo al sector agropecuario.
Es absurdo que se haya abandonado al campo, que se estén destinando 25 mil millones de dólares para comprar alimentos en el extranjero cada año, cuando podríamos utilizar estos recursos para producir aquí lo que consumimos, crear empleos y atemperar el fenómeno migratorio.
6.- Es urgente fortalecer la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.
Deben destinarse recursos del presupuesto para construir viviendas, caminos, escuelas, centros de salud, introducir agua potable, drenaje y pavimentar calles, no sólo porque hacen falta estas obras y servicios, sino por ser la forma más rápida y eficaz de enfrentar la crisis económica y el desempleo. Actualmente la industria de la construcción está paralizada y en los últimos doce meses, según cifras del IMSS, se han perdido 46 mil 809 empleos.
7.- Se deben extender los apoyos al desarrollo social.
Ahora más que nunca se debe ayudar con pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; es necesario garantizar la atención médica y los medicamentos gratuitos para quienes no cuentan con seguridad social; así como becas para los estudiantes de preparatoria del país y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.
8.- Es indispensable reducir el gasto corriente del gobierno para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y de bienestar social
Insistimos en que el gasto corriente del gobierno debe reducirse en 200 mil millones de pesos cuando menos, que es la mitad de lo que ha aumentado en los dos años de Felipe Calderón. Incluido en este ajuste debe estar la reducción del 50% de los sueldos de los altos funcionarios públicos, el seguro de separación individualizada, los gastos médicos mayores, las pensiones a ex presidentes y los bonos de fin de año.
A los ciudadanos les recordamos nuestras recomendaciones para protegerse en la medida de lo posible de los efectos de la crisis.
Particularmente les decimos que estos serán tiempos difíciles y que debe hacerse un esfuerzo para ajustar el gasto familiar a lo básico; cuidar el trabajo porque habrá más competencia y despidos; administrar bien el aguinaldo; ahorrar en el consumo de luz, agua, gas, gasolina y otros; preparar los alimentos de los hijos en casa; pagar los recibos de luz, teléfono, cable y otros servicios, en las oficinas y no en los bancos para evitar el cobro de comisiones; exigir aclaración y reclamar por cargos indebidos en recibos de luz, agua y teléfono.
En tiempos de crisis es fundamental fortalecer los lazos familiares y el apoyo mutuo con amigos y vecinos.
Por ultimo, expresamos que nuestro movimiento se está orientando por entero a la defensa de la economía popular, vamos a utilizar toda la fuerza de nuestro movimiento para proteger al pueblo, para hacer frente al sentimiento de frustración, para enfrentar el empobrecimiento y evitar que siga creciendo la violencia en nuestro país.
Este es el documento que damos a conocer, por la gravedad de la situación económica del país y, ante la desatención y la indiferencia, ante la irresponsabilidad del gobierno usurpador.
P: En otro tema.
R: Ahorita pasamos a otro tema, porque este es el tema más importante. No hay ahora ningún otro tema más importante en este país, que esto, desde mi punto de vista.
P: Sobre la crisis
R: La principal responsabilidad recae en el grupo que ha manejado de manera irresponsable la política económica en el país. Es cierto que nos va a afectar la crisis en Estados Unidos y la recesión mundial, pero nos va a afectar más de la cuenta porque nos agarra con una economía totalmente debilitada.
Puedo poner muchos ejemplos. Hablo aquí de la necesidad de cambiar la política que han venido imponiendo para el sector agropecuario, no han querido desde hace mucho tiempo apoyar al campo y lograr la autosuficiencia alimentaria.
Han apostado a comprar los alimentos en el extranjero. Si fuésemos autosuficientes, si no tuviésemos que destinar 25 mil millones de dólares cada año para comprar alimentos, pues los efectos de la crisis mundial serían menores.
Lo mismo puedo decir acerca de decisiones absurdas que se han tomado durante el gobierno usurpador.
Por ejemplo, la creación de un nuevo impuesto, el IETU, cuando ya se veía venir la crisis. Está demostrado que aumentar impuestos o crear impuestos nuevos en épocas de recesión, cuando no hay crecimiento en la economía, cuando no se están generando empleos, es algo totalmente absurdo.
Entonces, por eso estamos planteando ahora que se rectifique, que se quite el IETU, porque eso está desalentando el crecimiento económico y la creación de empleos.
Entonces, la responsabilidad mayor la tiene el grupo que no ha querido cambiar la política económica, que está destinado nada más a proteger a banqueros y a grandes empresarios y que ha dejado en el más completo abandono al pueblo de México, a la mayoría de los mexicanos.
Por eso, volvemos otra vez a insistir en la necesidad de que actúe el gobierno usurpador, es otro llamado urgente, se viene un huracán y éstos ni siquiera le están avisando a la gente.
Están tratando de minimizar los efectos de la crisis, están tratando de manipular a la opinión pública, no le avisan a la gente y están empeñados en mantener la misma política económica y en proteger, ante la crisis, a banqueros y a grandes empresarios.
Y quién se va a hacer cargo de proteger a la mayoría de los mexicanos. Tenemos todos la obligación de ayudar, no sólo para que no se siga empobreciendo la gente, para que no se siga empobreciendo el pueblo, sino para que también no se siga incrementando la violencia, porque si no se toman medidas con urgencia, si no se actúa pronto, no sólo va a haber más desempleo, como está sucediendo, están despidiendo a miles de trabajadores en el país, no sólo va a haber más pobreza, sino va a haber, desgraciadamente, más inseguridad y más violencia. Por eso, es urgente que se actúe.
Yo hago un llamado a los medios de comunicación para que informen, que no le estén sirviendo al gobierno para crear cortinas de humo y desviar la atención ante la crisis, porque no puede haber un problema mayor hoy día en nuestro país, que el problema económico.
Entonces, los medios pueden ayudar mucho, orientando a la gente sobre lo que está pasando y cómo tomar medidas para que no golpee más de la cuenta a millones de familias, la crisis económica.
Ese es el propósito de esta conferencia de prensa.
P: Inaudible.
R: No es tema eso. Estoy hablando de que lo más importante es la crisis económica.
P: Inaudible.
R: Sí, pero ahora lo más importante es la crisis económica. Estoy pidiendo, de manera respetuosa, de que se le de todo el tiempo a este grave problema nacional, que afecta a millones de mexicanos.
Lo demás es secundario, ante la gravedad de la crisis económica.
P: Inaudible.
R: Cuando pase la crisis económica. Eso es lo más importante.
P: Inaudible.
R: Sí, pero ofrezco una disculpa, pero yo estoy dedicado de tiempo completo, por entero, a conducir un movimiento para la defensa de la economía popular y proteger al pueblo ante la crisis.
Muchísimas gracias, les deseo lo mejor, a pesar de los pesares. Buena Navidad y un buen año, para ustedes y para todos sus familiares.
Muchísimas gracias.
Fuente Gobierno Legítimo
Fotos Conferencia del Presidente Legítimo de México López Obrador 16.dic.08
En conferencia de prensa, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que es indispensable reducir el gasto corriente del gobierno espurio para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y de bienestar social.
Videos: Rafael Bajaras "El Fisgòn", Carlos Salces y Medios Alternativos
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NOTICIERO SDP 15-DIC-08
Hoy hablaremos de la pretensión PANISTA de reglamentar las MARCHAS en el D.F., también hablamos de cómo cuando se trata de sancionar a un ciudadano común, la policía actúa fuértemente, no cuando se trata de delincuentes en serio, también hablaremos de los TITULARES DEL PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE, de invitada DOLORES REMEDIOS.
Esperando sea de su agrado.
Su amigo en resistencia EL BOTE.
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