En la aplicación de Alianza por la Calidad de la Educación no sólo están presentes los intereses de los grandes empresarios y organizaciones de la derecha, sino el redobado interés del capital por influir en espacios que la Revolución Mexicana y las luchas sociales habían apartado de las reglas del mercado, como la enseñanza, afirmaron expertos en el sistema educativo nacional, al participar en el Foro México y el Mundo, organizado por La Jornada y Casa Lamm.
La firma de la alianza, señalaron, es un acto “totalmente congruente con el pacto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Elba Esther Gordillo, mantienen con los gobiernos de derecha, sean de PAN o PRI”.
Es reflejo de que Gordillo “mantiene un manejo del sistema educativo, como si fuera un consorcio empresarial –en el cual la Secretaria de Educación Pública, no es más que una sociedad anónima– donde es la socia mayoritaria que puede pactar, chantajear o presionar al presidente en turno y a los gobernadores”, advirtieron.
Choque de modelos
Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que con la alianza, y la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, “se hace presente el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la educación y su mejoría. Por un lado el caudal de experiencias diversas que maestros y escuelas han generado a lo largo de la historia de la educación y, por otra, la iniciativa de capacitación para el trabajo, que hacen empresarios y un gobierno privatizador, dispuestos a entregar el petróleo y la educación a las fuerzas del mercado”.
No es fortuito, destacó, que los primeros en felicitar al gobierno federal por la firma de la alianza fueran “capitalistas de enorme peso, como Alfredo Harp Helú, ex presidente de Banamex, y María Asunción Aramburuzabala, dueña de la Cervecería Modelo”, así como representantes de federaciones de instituciones educativas privadas y empresariales.
César Navarro, especialista del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, afirmó que en términos “decorativos, la alianza se inscribe dentro de un discurso retórico, en el que se afirma que el mayor interés es por los niños y la calidad de la educación, pero el fondo real de su contenido no deja dudas. Estamos ante un Estado evaluador, entendida la evaluación como intervención”.
Con la aplicación de este modelo, la evaluación del maestro está sujeta a las tasas de rendimiento y aprovechamiento de los alumnos, “y no de las condiciones sociales que puedan influir en el proceso educativo. Es decir, se lleva el proceso de maquilización productiva a la escuela, donde el alumno es visto como un producto mercantil, lo que genera una práctica perversa”.
Al respecto, Sergio Espinal, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del SNTE, destacó que está en marcha un proceso de “desobediencia e insurgencia magisterial que puede desembocar en un proceso similar o superior al de 1989”, pues con la aplicación del examen de oposición “se da un golpe mortal al normalismo, porque prácticamente se dice que su currícula, su forma de enseñanza y su práctica en el aula, no sirven, lo que abre todos los espacios a la formación del magisterio en instituciones privadas”.
Este golpe, afirmó, “movilizará en un primer momento a todos los excluidos y desempleados, que arrojó la prueba”, por lo que exhortó a participar en la organización de un plan de movilizaciones que se iniciará el 1º de septiembre, y que tiene como “fecha clave una gran marcha para las primeras semanas de octubre, contra la alianza”.
La firma de la alianza, señalaron, es un acto “totalmente congruente con el pacto que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezado por Elba Esther Gordillo, mantienen con los gobiernos de derecha, sean de PAN o PRI”.
Es reflejo de que Gordillo “mantiene un manejo del sistema educativo, como si fuera un consorcio empresarial –en el cual la Secretaria de Educación Pública, no es más que una sociedad anónima– donde es la socia mayoritaria que puede pactar, chantajear o presionar al presidente en turno y a los gobernadores”, advirtieron.
Choque de modelos
Hugo Aboites, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que con la alianza, y la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, “se hace presente el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la educación y su mejoría. Por un lado el caudal de experiencias diversas que maestros y escuelas han generado a lo largo de la historia de la educación y, por otra, la iniciativa de capacitación para el trabajo, que hacen empresarios y un gobierno privatizador, dispuestos a entregar el petróleo y la educación a las fuerzas del mercado”.
No es fortuito, destacó, que los primeros en felicitar al gobierno federal por la firma de la alianza fueran “capitalistas de enorme peso, como Alfredo Harp Helú, ex presidente de Banamex, y María Asunción Aramburuzabala, dueña de la Cervecería Modelo”, así como representantes de federaciones de instituciones educativas privadas y empresariales.
César Navarro, especialista del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, afirmó que en términos “decorativos, la alianza se inscribe dentro de un discurso retórico, en el que se afirma que el mayor interés es por los niños y la calidad de la educación, pero el fondo real de su contenido no deja dudas. Estamos ante un Estado evaluador, entendida la evaluación como intervención”.
Con la aplicación de este modelo, la evaluación del maestro está sujeta a las tasas de rendimiento y aprovechamiento de los alumnos, “y no de las condiciones sociales que puedan influir en el proceso educativo. Es decir, se lleva el proceso de maquilización productiva a la escuela, donde el alumno es visto como un producto mercantil, lo que genera una práctica perversa”.
Al respecto, Sergio Espinal, secretario general del comité ejecutivo nacional democrático del SNTE, destacó que está en marcha un proceso de “desobediencia e insurgencia magisterial que puede desembocar en un proceso similar o superior al de 1989”, pues con la aplicación del examen de oposición “se da un golpe mortal al normalismo, porque prácticamente se dice que su currícula, su forma de enseñanza y su práctica en el aula, no sirven, lo que abre todos los espacios a la formación del magisterio en instituciones privadas”.
Este golpe, afirmó, “movilizará en un primer momento a todos los excluidos y desempleados, que arrojó la prueba”, por lo que exhortó a participar en la organización de un plan de movilizaciones que se iniciará el 1º de septiembre, y que tiene como “fecha clave una gran marcha para las primeras semanas de octubre, contra la alianza”.
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