El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que se plantea en las pretendidas reformas a La Ley Orgánica de la paraestatal en la iniciativa enviada al Senado de la República por Felipe Calderón, sujeta a controversia actualmente, es un organismo central que reúne características de ilegalidad, antidemocracia y autoritarismo, por sólo destacar tres rasgos esenciales. El órgano citado se compone de quince miembros propietarios. Seis representantes del Estado (el Estado soy yo dice Calderón) designados por el Presidente de la República, cinco por el Sindicato petrolero y cuatro por el Ejecutivo Federal, es decir, por el mismo Presidente de la República, y además el Presidente de este Consejo lo será el Secretario de Energía, quien para variar, es empleado del Presidente de la República.
De los dieciséis integrantes once obedecerán al Ejecutivo en turno, está, y sólo cinco al sindicato, cuya complicidad con el ejecutivo, comprobada. Se trata de un instrumento ejecutor hecho a modo y a disposición del Presidente de la República en turno, en el cual pretenden cocinarse todas las decisiones inherentes a nuestra industria petrolera. Pero la cosa no termina allí. Todos los integrantes se encuentran blindados contra las acciones de la ley. Unos por no tener responsabilidad legal como servidores públicos y todos porque en el artículo 37 de dicha modificación se establece que será Petróleos Mexicanos quien contrate a favor de los consejeros y del propio Director General, seguros, fianzas y cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegaren a causar con sus decisiones y actos operativos a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.
Es en este Consejo de Administración donde se pretende concentrar la llamada autonomía técnica y de gestión, figura tomada de otros organismos cuyos resultados hoy por hoy no han funcionado en un sistema donde el presidencialismo de ayer y hoy se fortalece para llevar al país a una crisis sin precedentes. O sea, lo peor está por venir para millones de mexicanos que se debaten en la angustia de la desigualdad y la extrema pobreza imperante. El Consejo aludido en sus atribuciones puede considerarse un ente por encima de la ley y exento de responsabilidades, pero supeditado a las órdenes de Felipe Calderón.
Se trata, para decirlo en términos coloquiales, de un consejo títere. Su integración es de suyo cómplice de la voluntad omnímoda del Ejecutivo Federal, que podrá hacer y deshacer a su antojo, en forma dictatorial la política de la empresa paraestatal y favorecer los intereses de las mafias cupulares, principalmente los intereses de las empresas trasnacionales, para seguir por el camino de privatizar Pemex, intención que no se oculta en las facultades por encima de la ley que la cuestionada “reforma” le concede a este Consejo de Administración, instrumento a las órdenes del Ejecutivo Federal y los corruptos líderes sindicales.
*Diputado federal del grupo parlamentario de Convergencia y abogado constitucionalista.
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